De las definiciones de partido político que más se acercan a nuestra realidad, la de Kenneth Janda nos dice: “…aquellas organizaciones que persiguen el objetivo de colocar sus miembros designados como representantes en posiciones de gobierno.” El concepto de León Epstein es más general, pero también se amolda: “… cualquier grupo, sin importar su orientación, buscando elegir funcionarios bajo una determinada tarjeta.”
“Los partidos- nos dice András Bosóki- actúan como intermediarios entre los
votantes y el estado, y estructurando el campo político, ayudan a los votantes
en su decisión”.
Hasta aquí, todo muy bien por los partidos; ninguna
democracia representativa puede vivir sin ellos, es claro que su función clave
es electoral, la conquista del poder estatal por medio de candidatos que ganen
los votos de los ciudadanos para ocupar posiciones de gobierno es fundamental.
Pero, como los partidos políticos necesitan los
votos, hay una relación inescapable con el electorado, hay allá afuera una
voluntad popular que tiene que ser cortejada para que apoye y le dé la victoria
al partido político y sus candidatos… esto en el plano ideal, pero sucede que
en nuestro país las cosas son algo diferentes.
En Venezuela hay una dictadura, el partido de
gobierno controla absolutamente todas las instancias del poder político y
maneja las finanzas del país como si fueran propias, sin importarle la ley, sin
rendir cuentas… ya tienen 16 años en el poder, cerca de la mitad de ese tiempo
lo han conseguido gracias al fraude electoral; eso quiere decir que los votos
no eligen, la voluntad popular está mediatizada y manipulada, entre otros
factores, precisamente por el árbitro electoral (el CNE), organismo que debería
garantizar la pulcritud y la confianza en el acto electoral, pero que, al estar
sujeto al control gubernamental, hace lo que el partido de gobierno le ordena,
es decir, los actos electorales en Venezuela son vulnerables al fraude, ya que
no hay garante de la pulcritud, equilibrio y equidad, tanto en el acto
electoral como en las resultas del proceso.
Debido a que el proceso de votación y su escrutinio
están automatizados, no hay manera en saber con certeza dónde y de cuánto es el
fraude electoral; el gobierno, por medio del árbitro electoral (el CNE) está
haciendo lo posible para eliminar todos los respaldos que pudieran dejar
constancia de su intervención ilegal en el proceso, es por ello que quieren prescindir
del cuaderno electoral.
Al día de hoy no hay fecha para las elecciones, a
pesar que la Constitución obliga que se celebre elecciones para elegir
representantes al Parlamento en este año, justo en el peor momento para los
intereses del gobierno, en medio de una crisis socioeconómica como nunca antes
el país había sufrido en su modernidad.
Si el gobierno va a elecciones en las actuales
condiciones políticas, perderá; no importa el tamaño del fraude que tuviera que
hacer, sería una situación tan obvia y evidente que quedaría inmediatamente deslegitimado.
Hay varios estudios que demuestran que el fraude que hacen es continuado y en
varias fases, empezando por un padrón electoral viciado de inexactitudes,
circuitos electorales manipulados para favorecer al gobierno, votos virtuales
que pueden complementar faltantes por regiones, máquinas programadas para
cambiar los votos, diferentes “Salas Situacionales” con la capacidad de ir
variando los resultados en tiempo real.
No contento con esta ventaja, el gobierno, antes,
durante y después del proceso electoral, abusa de su poder utilizando recursos
e instituciones públicas tanto en la campaña electoral como durante los
comicios, para posicionar su(s) candidato(s), teniendo control directo de los
centros de votación y el plan de seguridad que lo acompaña, en manos de una
servil y declarada militancia de las FFAA, a los fines de garantizar la
continuidad del gobierno socialista del siglo XXI.
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| El actual jefe de la Asamblea Nacional conductor de su propio programa de TV Con el mazo dando |
Su bien posicionada hegemonía comunicacional y la
campaña de terror que tiene contra los poquísimos medios libres e independientes,
le dan una formidable arma en el uso y abuso de la propaganda electoral y de la
información clave del proceso, todo esto, ante la impasible mirada del árbitro,
que supuestamente debe garantizar el equilibrio, y unos escogidos observadores
internacionales, absolutamente parciales al régimen.
Pero tenemos un problema mucho más profundo y
peligroso: el gobierno de los chavistas tiene vínculos con el terrorismo
internacional, con grupos y organizaciones subversivos, anti occidentales, y violentos; es socio de la izquierda radical
internacional, financia elecciones en otros países, interviene en sus
economías, participa en el tráfico de armas que se usa para desestabilizar
gobiernos electos democráticamente. Gracias al manejo de la riqueza petrolera
del país, el chavismo ha hecho importantes inversiones en medios de
comunicación con alcance mundial, a los que echa mano para justificar sus actos
y vender a la actual Venezuela como un país respetuoso de la convivencia y la
paz internacional.
Pero el punto que nos atañe en este momento, y que
hace al gobierno chavista sumamente peligroso para la estabilidad del país y la
región, es su probada relación con el narcotráfico mundial; debido a la crisis
interna del país, esa economía ilícita está desbancando la economía real,
Venezuela se ha convertido en una inmensa lavadora de dinero sucio y esa
actividad pudiera haber llegado hasta los partidos políticos, incluyendo a la
oposición.
El problema del narcotráfico y su relación con el
gobierno ha llegado a crear situaciones de extrema violencia social, el
chavismo ha tenido como política de estado relacionarse con grupos del hampa
común para utilizarlos, no sólo como fuerza de choque en contra de las
protestas pacíficas de la sociedad civil, también, por medio del sistema
penitenciario nacional, ha creado, junto a los llamados PRANES (organizaciones
de los penados de poder dentro de las cárceles para controlarlas), una red de
distribución de alcances tan avasalladores que amenaza continuamente la
estabilidad social del país entero.
Ya en el año 2004, el Panel de Alto Nivel sobre
Amenazas, Retos y Cambios, perteneciente a la Convención Contra el Crimen Organizado Transnacional de
la ONU, lanzó la siguiente advertencia: “Una
de las actividades fundamentales de los grupos del crimen organizado- el
tráfico de drogas- tiene enormes implicaciones de seguridad… en algunas
regiones, la enorme ganancia generada por esta actividad rivaliza en algunos países
con el de su Producto Nacional Bruto, amenazando de esta manera, el desarrollo
económico y la primacía de la ley.”
Grupos económicos, relacionados con los partidos
políticos de la MUD, pudieran estar siendo usados por el gobierno para lavar
dinero de la droga y la corrupción, en un tráfico de capitales que abarca el
triángulo Ecuador, Panamá y Florida (USA), estos vínculos podrían haber permeado
a la clase política y ya podría haber dirigentes de la MUD que pudieran estar comprometidos
con los intereses del gobierno chavista, y a su vez con el narcotráfico, y si
se diera el caso, que ya hay dinero sucio financiando sus campañas, Venezuela
toda está en problemas.
No digo que lo estén haciendo, pero los partidos
políticos viven inmersos en nuestra realidad, las campañas electorales cuestan
mucho dinero, el país productivo está en quiebra, el único que controla el
flujo de dinero en divisas es el gobierno, el chavismo está interesado en
manipular las elecciones y comprar políticos en la oposición, los políticos de
la oposición están dispuestos a negociar hasta con el mismísimo demonio, los
chavistas necesitan de intermediarios y personas sin antecedentes que muevan
esos dineros para su blanqueo, las ganancias son astronómicas… y ya hemos visto
a miembros de partidos de la oposición aceptando dinero de dudosa procedencia y
a algún político de las toldas opositoras exigir de los líderes de los partidos
presentar públicamente la procedencia de sus haberes … saque usted sus
conclusiones y que estas líneas sirvan de advertencia.
Por medio de contratos, exportaciones, pagos por
servicios en el extranjero, obras que no se realizan y turbias negociaciones
financieras entre bancos públicos y privados, estos dineros están siendo
canalizados por agentes que se han prestado a este peligroso juego sin darse
cuenta de la estela de evidencia y papel que están dejando a su paso, y que más
temprano que tarde terminarán en expedientes de investigaciones por los
organismos policiales internacionales.
Dice Moisés Naím de esta lucrativa e ilícita
actividad: “Ha
surgido una nueva clase de profesionales dedicada a ayudar a encauzar el dinero
hacia donde resulte más ventajoso, siempre en función de la apetencia de
riesgo, la necesidad de discreción y el grado de predisposición a infringir la
ley por parte del interesado. Entre
ellos se incluyen blanqueadores de dinero profesionales, que se encargan de
realizar todas las operaciones necesarias a cambio de una comisión, y que a
veces incluso actúan como gestores de activos de las ganancias blanqueadas.
Existe todo un ejército de abogados e intermediarios dispuestos a ayudar a
ocultar las transacciones y protegerlas de la persecución judicial. Los
asesores fiscales profesionales que recorren el mundo buscando lugares en los
que crear empresas legales o fantasmas desempeñan su propio papel a la hora de
sustentar el submundo financiero. Sigue siendo relativamente fácil encontrar un
abogado dispuesto a ejercer de director o hasta de propietario de una empresa
establecida en un paraíso fiscal que sea titular de activos que en realidad
pertenecen a otra persona que permanece en el anonimato.” (Ilícito, 2006)
Advierto a la comunidad política del serio daño que
esto pudiera causar a la recuperación de la democracia en el país.
Estos capitales de la droga ya podrían estar
manteniendo estilos de vida, nóminas de partidos, costos de las campañas,
movilizaciones, publicidad, y otros gastos alusivos a la contienda electoral,
esto bajo la mirada cómplice del gobierno de Maduro, que estaría aprovechando
estas relaciones con la MUD para exigir de ellos que se plieguen a su interés de
sobrevivencia política, obligándolos a seguir líneas de acción, compromisos,
silencio y aceptación de ciertas condiciones, todas ajenas a la expresión de la
voluntad popular.
El gobierno chavista ha desmontado la mayor parte de
los controles contra la corrupción, se ha desligado de los programas
internacionales para combatir el problema de la droga, se ha prestado para que
una parte de la oficialidad militar colabore abiertamente con los carteles de
la droga en la región, ha suprimido la mayor parte de las instancias
supervisoras para la legitimación de capitales y, aunado al complejo e
ineficiente control de cambio que ha implantado, ha hecho del lavado de dinero
sucio uno de los negocios más lucrativos en todo el continente.
La opacidad de los movimientos financieros que se
manejan, tanto en el PSUV como en la MUD para sus gastos de campaña, es motivo
de preocupación en instancias internacionales el alto grado de incidencia de
esta descomunal operación de lavado de dinero en el financiamiento de los partidos,
los funcionarios involucrados en este negocio ilícito tienen en la política
local una oportunidad para tratar de legitimar dinero sucio en los gastos de
campañas electorales.
Ya se han hecho algunas advertencias desde el extranjero
sobre esta situación que, de seguir, podría poner en grave peligro la
integridad de la nación.
Naín, de nuevo de su acucioso libro Ilícito, nos advierte: “Quienes practican el comercio ilícito no pueden prosperar sin la ayuda
de los gobiernos o la complicidad de determinados cargos públicos clave. De
hecho, algunos gobiernos han acabado convertidos en traficantes. Actualmente
contamos con una enorme cantidad de pruebas que demuestran que el tráfico
ilícito es un fenómeno político que alcanza a los gobiernos y puede llegar al
punto de controlar la administración de toda una provincia o incluso apoderarse
de un Estado débil o fracasado.”
No sé cómo llamar a un
gobierno cuyas más altas instancias se han involucrado en el narcotráfico y en
delitos de corrupción, en una magnitud tal, que serán recordados en la historia
universal como un cartel del crimen más que un gobierno.
Que un jefe del
parlamento sea señalado e investigado por esta actividad, y el partido de
gobierno, sin ninguna investigación previa, se solidarice con esta persona
sosteniendo que es víctima de un plan diabólico de la derecha internacional,
solo apunta a un estado forajido. Cuando un supuesto jefe de estado amenaza
directamente en los medios de comunicación al pueblo, que si la revolución fracasa
habrá masacre y muerte, ya no hay dudas, se trata de un gobierno criminal.
La oposición venezolana
no debería insistir en negociar con un narco gobierno, y mucho menos, dejarse
presionar para firmar un pacto de reconocimiento para el vencedor de las
elecciones, por adelantado.
Los partidos políticos no son una isla dentro del
país, ni viven del aire, mucho bien haría que se publicitaran sus cuentas y
gastos para tranquilidad de los electores y de la comunidad internacional, que
ve con preocupación, cómo la política venezolana pudiera ser penetrada por el
narcotráfico; en política, esta infiltración de capitales negros se traduce a
una interminable cadena de favores, protección, inmunidades, chantajes y compra
de conciencias. – saulgodoy@gmail.com
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