Esta denuncia la interpuse el 09-02-2023 ante la oficina del
Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y ante el Ministerio del Poder
Popular de Atención a las Aguas, también cursé copia ante la Fiscalía en
materia ambiental.
Hasta el momento, ninguna acción de los organismos del
Estado se ha manifestado, aunque la promesa fue una visita de inspección a la
brevedad posible. El problema trata de la intervención por parte de ganaderos
caprinos en una cuenca hidrográfica protegida dentro del Área Metropolitana de
Caracas, con el apoyo de varias instancias locales y gremios, con un resultado desastroso
para la Cuenca, porque no solo la están desertificando, sino que están acabando
con la necesaria salubridad del área.
Pido a mis lectores habituales y a la opinión pública que
piense que la incapacidad del gobierno para responder a asuntos tan graves como
El Arco Minero y la isla de Los Roques, empieza a pocos kilómetros de los
asientos del poder público de nuestra capital, en Guarenas y Santa Lucía, donde
las leyes ambientales son burladas con el apoyo de las autoridades locales, y
nadie mueve un dedo para corregir esta situación, que favorece a un grupo
pequeño de delincuentes ambientales en detrimento del ambiente, en una de las
más importantes Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) del
Estado Miranda.
Todas las cuencas productoras de agua para Caracas se
encuentran altamente intervenidas y en peligro de colapsar, debemos actuar con
urgencia y responsablemente para evitarlo.
Lean la denuncia y piensen, si en medio de estos drásticos
cambios climáticos y la deforestación y envenenamientos de nuestras aguas,
tendremos futuro para las generaciones de venezolanos que aún no han nacido; el
Socialismo del siglo XXI rompió con el pacto de la sustentabilidad y le dio la
espalda a la vida, pero no puedo permitirme quedarme callado y aceptar la
oscuridad y la muerte que quieren para nosotros. Gracias por su atención.
Señores
Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo
Atención: Ministro del despacho.
Fiscalía con competencia ambiental.
• Asunto:
La situación de peligro para la integridad de la
sub-cuenca hidrográfica Río Tuy y de la sub-cuenca Río Grande, ambas
comprendidas en un área bajo régimen de administración especial, que según la
Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, en su artículo 15, incluye las
Zonas Protectoras, esto, debido a las actuaciones del INTI y de la Fiscalía de
Guarenas que han promovido la ganadería caprina y una agricultura extensiva en
esta zona no apta para esta actividad, promoviendo la desertificación y la
pérdida del recurso agua, en el Municipio Paz Castillo y Municipio Plaza del
Estado Miranda.
• El
Problema:
Hay una situación grave de desinformación y solapamiento
de competencias de los distintos órganos del estado que se están ocupando de
administrar los reclamos y necesidades de la población dentro de este
territorio. Debido a su compleja naturaleza jurídica, se está propiciando
políticas públicas que van en detrimento de la calidad de vida de toda la
región.
Aun cuando claramente, por tratarse de un Área bajo
Régimen de Administración Especial (ABRAE), su competencia cae bajo la
jurisdicción del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, tanto el
INTI como las alcaldías, la Fiscalía en materia ambiental e incluso el
Ministerio para el Poder Popular para la Industria y el Comercio están actuando
de manera no coordinada y en detrimento de unos objetivos comunes, como sería
la preservación de la integridad de la cuencas productoras de agua con miras
para preservar la sustentabilidad del territorio en cuestión.
El desorden jurisdiccional y las políticas
contradictorias para estos fines están dañando la posibilidad de preservar
estas cuencas para el futuro inmediato; por eso se hace necesario la
participación decisiva del Ministerio para el Ecosocialismo, como órgano rector
de ese territorio, para solventar estas contradicciones que le están
ocasionando daños irreversibles a las cuencas.
Hay problemas de interpretación, de fueros y
jurisdicciones, de gobernabilidad y preferencia, que deben ser resueltos a la
brevedad. El llamado a poner orden, por mandato constitucional, es del
Ministerio para el Ecosocialismo.
• Las
afectaciones:
Debido a las intervenciones desordenadas, no
planificadas, de personas en su condición de productores agrícolas informales,
la cuenca en cuestión ha sufrido un deterioro de sus suelos y aguas, siendo la
principal causa las deforestaciones, quemas y la prevalencia del monocultivo
propio de la explotación del conuco.
Los suelos de la cuenca, en estudios previos a su
declaratoria como zona protegida, arrojaron como resultado que no eran aptos
para la actividad agrícola, siendo su principal composición la arcilla roja con
esquistos de cuarzo, con una capa vegetal de menos de cinco (5) cm., los bosques
lluviosos originales de sus montañas son productos de siglos de evolución, que
crecieron en aislamiento y sin comunidades humanas.
Estos bosques productores de lluvia alimentaron por mucho
tiempo los acuíferos de la región y
daban el caudal de agua a una intrincada red de quebradas
que alimentaban las cuencas del Río Tuy al sur (Municipio Paz Castillo), y de
Río Grande al norte (Municipio Ambrosio Plaza), y que desde una altura de los
1080 mt. SNDM, bajan hacia los desarrollos urbanos de Guarenas y Santa Lucía.
Es lamentable constatar que los cauces de estas vertientes se utilizan para
desechar basura y escombros, muchos de ellas están prácticamente bloquedas con
los desperdicios.
Las primeras señales de la grave deforestación de estas
cuencas altas se sintieron, sobre todo, en
Guarenas, con las inundaciones de 2010, que anegaron
importantes sectores de la ciudad, con
pérdidas millonarias en bienes y servicios, pérdidas de
vidas y paralización de las actividades.
El agua bajó torrencialmente y produjo graves daños en
las zonas industriales y residenciales; a pesar de este aviso, no se hizo nada
para detener la deforestación de las cuencas altas, todo lo contrario, el problema
se ha agravado.
Es importante señalar que el cambio climático que está
afectando al planeta no va a mejorar, al
contrario, empeorará, con lo que puede esperarse
inviernos cortos, pero mucho más violentos y
abundantes en precipitaciones; una vaguada hacia Guarenas
podría ser catastrófica, y los funcionarios públicos que están permitiendo que
el deterioro ambiental de las cuencas altas continúe, están desestimando el
peligro que esto representa.
La Materia:
Por definición, la materia que prevalece en el territorio
anteriormente identificado es ambiental, no es agrícola, ni de derecho de
familia, ni comunitario, ni de trabajo, todos estos aspectos vienen, de manera
subsidiaria, a conformarse como un todo; aún en la cuestión de justicia social,
la materia ambiental garantiza que el bien común de la mayoría de la población,
no el de una familia ni de una comunidad, sino el de toda la Nación, esté
protegido y asegurado, pues se está defendiendo el principio de la sustentabilidad,
que suma a los grupos interesados, a las generaciones de venezolanos que aún no
han nacido y que van a necesitar un ambiente sano, variado y estable para hacer
sus vidas.
No podemos ni debemos agotar los recursos naturales de la
Nación para satisfacer las necesidades de una generación, menos para favorecer
intereses crematísticos o políticos de algunos actores, o por la ignorancia de
unos pocos funcionarios que no entienden las razones de la existencia de áreas protegidas
y reservas naturales; una de las funciones del Ministerio para el Ecosocialismo
es la educación, y eso incluye a las otras ramas del gobierno, convertirlos en
cooperantes en la tarea de la preservación del ambiente y de su recurso
fundamental, el agua.
• Las
acciones:
De inmediato el Ministerio debe avocarse al problema y
convocar reuniones de alto nivel con los
organismos involucrados, instruirlos en los aspectos
legales, operativos y de conservación de estos
espacios naturales, hacerles ver que las actividades
agrícolas y ganaderas están estrictamente reguladas con miras a preservar estos
espacios, y que todos los daños y desmejoras del territorio deben ser reparados
a la brevedad posible, para ello propongo lo siguiente:
Convocar reuniones urgentes con los alcaldes de ambos
municipios, tanto en Guarenas como en
Santa Lucía, invitar al INTI, a los fiscales regionales,
Guardia Nacional, a los representantes de las
comunidades, gremios y empresas involucrados y
explicarles la naturaleza de estas áreas bajo régimen de administración especial,
para que cesen de inmediato todas las actividades que propician el deterioro
ambiental en estos territorios.
Hacer una inspección por cada municipio sobre las áreas
afectadas y un inventario de los daños a
reparar, tomar medidas urgentes sobre las posibles
amenazas de incendios forestales, prohibir de
manera definitiva la ganadería vacuna, caprina y ovina en
estas cuencas hidrográficas debido al gran daño que causan en suelos frágiles;
convencer a los organismos involucrados y a los ejecutores de esas actividades
de que ese tipo de explotación es aptas para otros tipos de terrenos, como las
sabanas, pastizales áridos, montañas alpinas, pero no para bosques lluviosos y
nacientes de agua, como son estas áreas en cuestión.
Venezuela dispone de amplios espacios distribuidos en su
geografía para la explotación agrícola y
pecuaria, son terrenos aptos y equipados para este tipo
de explotación, muchos de ellos están
abandonados y sin producción, allí hay oportunidades; no
debe ser las áreas protegidas las que se
deban utilizar para resolverle sus problemas económicos,
la producción de alimentos en el país no
puede ser satisfecha sacrificando nuestras reservas de
bioma, eso es un crimen ambiental.
El problema climático que afecta al mundo tiende a
agravarse y una de sus consecuencias es la
desertificación y el agotamiento acelerado de las
reservas de agua potable; devastar unas cuencas
productoras de agua atenta contra los derechos humanos de
todos los venezolanos. Al Ministerio
para el Ecosocialismo le corresponde la iniciativa de
vigilar, conservar y reparar este complejo sistema de reservas naturales, el
compromiso es urgente.
• Aspecto
legal:
Las áreas referidas en este documento, como los vemos en
sus mapas anexos, están afectadas por
sendos decretos ambientales, designándolas como áreas
protegidas por ser parte de cuencas
hidrográficas y de la Zona Protectora del Área
Metropolitana de Caracas.
El Decreto 2306 de fecha 05-06-92, correspondiente al
Área Crítica con Prioridad de Tratamiento
Cuenca del Río Tuy, publicado en Gaceta Oficial No.
35121, de fecha 29-12-1992, y su
correspondiente Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso
del Área Crítica con Prioridad de
Tratamiento Cuenca del Río Tuy, correspondiente al
Decreto 2308 de fecha 05-06-1992, publicado
en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 4548, trazan un
polígono que cubre las áreas mencionadas,
haciéndolas parte de una ABRAE (Área Bajo Régimen de
Administración Especial) con exclusiva
jurisdicción del otrora Ministerio del Ambiente, hoy Ecosocialismo
y el nuevo ministerio del agua.
De igual manera, el Decreto 1046, de fecha 19-07-72,
publicado en Gaceta Oficial No. 29859 de la
Zona Protectora del Área Metropolitana de Caracas, y su
Plan de Ordenamiento de la Zona
Protectora del Área Metropolitana de Caracas, según
Decreto No. 2299 de fecha 05-06-92, publicado en Gaceta Oficial No.35153, de
fecha 18-01-93, afectan ambas áreas, otorgándole la cualidad de protegidas.
Estos decretos están vigentes y sin variación alguna en
su contenido, es decir, son leyes de la
República.
En el año 2001 hubo una actuación judicial de la Fiscalía
Tercera del Ministerio Público con
Competencia Nacional en Defensa Ambiental, ejecutada por
el Dr. Nicolás A. Mendoza R., en la que reconoce el área Bajo Régimen de Administración
Especial y dicta sentencia en contra de varios ciudadanos incursos en delitos
ambientales (Medidas Judiciales Precautelativas Ambientales
Urgentes) sobre la Cuenca Río Grande, el expediente es el
FDA-III-294-2001.
• Resultados
a esperar:
Con esta intervención del Ministerio para el
Ecosocialismo, se espera que retorne la ponderación y el equilibrio en los
territorios afectados, que las actividades degradantes del ambiente cesen de
inmediato, que los funcionarios que han prestado su apoyo
a esta actividades (trabajando en las
sombras, sin emitir documentos oficiales que respalden
sus decisiones, promoviendo
comportamientos delictivos, poniendo en indefensión
jurídica a la comunidad y contando con la
posibilidad de negar su participación en estos hechos que
infringen la Ley) rectifiquen y coadyuven al cumplimiento de la ley, que las
células agrarias otorgadas, los permisos de explotación otorgados y los apoyos
en torno a estas actividades contaminantes y destructoras del ambiente sean
cancelados; en caso contrario, debe aplicárseles a sus causantes todo el peso
de la ley. Tanto la Gobernación del estado, las alcaldías, como el Ministerio
para el Ecosocialismo deben realizar un estudio de impacto ambiental en los
territorios afectados con el fin de reparar los daños causados, que deben
incluir saneamiento de las áreas otorgadas en explotación, reforestación y desalojo
de personas y animales que provocaron tales daños.
Como activista ambiental y residente de la zona me pongo
a su entera disposición para prestar todo el apoyo necesario para que se
consigan estos resultados.
Queda de usted (es)
Saúl Godoy Gómez
Periodista y ambientalista.
C.I. 3.666.779
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