La corrupción chavista y los medios de comunicación

 El gran problema del narcotráfico es que una vez que invade un cuerpo social se hace sumamente difícil detectar y detener el proceso de metástasis que se activa con el fin de apoderarse de la salud de un pueblo y su economía.

En un anterior artículo sobre el crimen organizado señalaba que una de sus metas era invadir la economía formal, legalizar esos capitales, reinvertirlos en actividades legítimas no solo para “blanquear” el dinero sucio, sino para apoderarse del aparato productivo legal y utilizarlo para sus fines de crecer y controlar una actividad.

Una empresa, un partido político, un medio de comunicación son elementos vitales de un país que en manos de narcotraficantes se convierten en armas de gran utilidad para sus fines, ya que pueden, no solo ocultar la actividad ilícita, sino multiplicarla exponencialmente, una vez que este dinero ilegal entre en la economía de una nación, el riesgo de que se apodere de los medios de producción legítimos es un riesgo probable y como se ha visto en otros países y momentos históricos, la legitimación de capitales es una actividad muy dañina para el desarrollo de los pueblos.

Es por ello que una de las tareas importantes a efectuar para cuando el chavismo deje de ser gobierno será desmontar la red de corrupción, intereses y medios de los que disponen disfrazados en la economía legal, porque enterrados en la actividad formal del país nos van a dejar “bombas” que requieren ser desactivadas antes de que hagan su trabajo de destrucción.

Empecemos por decir que indudablemente el gobierno de Nicolás Maduro tiene fuertes vínculos con el narcotráfico internacional, esta es una verdad de Perogrullo, pública y notoria y que es confirmada por elementos objetivos de pruebas, como son la larga lista de altos funcionarios de su gobierno requeridos por la justicia internacional, por participar y colaborar con las actividades del narcotráfico.

Pero también es público y notorio su defensa a ultranza de sus hombres de confianza en contra de estas acusaciones, incluso amenazando a países con el uso de la fuerza si llegaren a tocar a uno de ellos, es decir si llegaren a apresarlo o someterlo a procesos en el extranjero, lo cual ha creado un gravísimo precedente ya que es la primera vez que un país supuestamente democrático y perteneciente a la comunidad internacional toma esta posición retadora ante el resto del mundo.

En el caso de Venezuela es el gobierno mismo quien utiliza todas sus instituciones, jurídicas, diplomáticas, políticas, económicas y sus Fuerzas Armadas, y las pone a la orden de estos capos del narco para su protección.

Hemos visto el caso de países forajidos que en nombre de su soberanía hacen la guerra a otros, o protegen grupos violentos por motivos ideológicos, permiten actividades ilícitas como la piratería, hemos visto naciones y gobiernos que se hacen la vista gorda de las actividades del narcotráfico dentro de sus fronteras, pero jamás he conocido del caso de un gobierno en el cual hacen parte agentes de los carteles de las drogas, y que un presidente, salga públicamente a “jugársela” por el abyecto crimen del tráfico de drogas como una actividad propia de ese país.

Queda en manos de la comunidad internacional el tratamiento que se le vaya a dar a esta actitud, pero puertas adentro y reconociendo que el gobierno de Maduro ha sido infiltrado por el narcotráfico debemos suponer que muchas de las compras de empresas nacionales por inversionistas ligados al gobierno, la aquiescencia de partidos políticos claramente colaboracionistas con el régimen, instituciones educativas y culturales ligadas a la ideología del gobierno, debemos sumir que igualmente están penetradas por estos capitales de origen ilícito y sujetos a los intereses del crimen organizado.

De esta ola de compra de empresas por parte de los grupos identificados como Los Boliburgueses, que se encuentran en plena labor de blanqueo de capitales, adquiriendo para sus carteras de inversión empresas quebradas o con deudas, bancos intervenidos por el estado, industrias abandonadas por sus dueños ante la imposibilidad de hacerlas productivas o simplemente despojadas de sus legítimos propietarios, es muy difícil determinar cuáles fueron compradas por el dinero de la corrupción y cuales por el narcotráfico, porque llega un momento en que ambos dineros sucios se confunden.

El problema de contar con un gran número de empresas producto de la corrupción es que agavilladas en la defensa de sus intereses, pueden hacer lo que hacía el gobierno con sus anunciantes, presionar a los medios para que no publiquen algo que les afecte, tapar situaciones comprometedoras y manipular el cómo se cubre un evento retirando sus anuncios o presionando a los accionistas de los medios.

De todas estas empresas las que más me preocupan son las relacionadas directamente con los medios de comunicación masivos, prensa, industria de publicaciones gráficas, radio, cine, televisión, sitios en internet, empresas de espectáculos, agencias de modelos, empresas de teatro, casas de publicidad, agencias de noticias, firmas de relaciones públicas, mercadeo de productos y otras actividades conexas.

Y porque son medios de comunicación que vienen de un gobierno autoritario y totalitarista, están ajustadas a la labor de desinformación, a la censura, a la propaganda política y todas esas artes oscuras de manipulación malintencionada de la opinión pública, el gobierno de Chávez y Maduro se han caracterizado por una profunda practica de la propaganda de guerra en contra de la población, por los principios ideológicos que marcan el comunismo y su hegemonía comunicacional, por la falsificación de los hechos y la historia, por la manipulación de los sentimientos básicos como el odio y la rabia, permitir que unos medios de comunicación queden en manos de grupos y personas que vienen de esta escuela es terrible, no solo para la salud mental de sus ciudadanos sino por la misma seguridad del país.

Unos medios de comunicación en manos del narcotráfico pueden hacerle mucho daño a los esfuerzos de unión y reconstrucción del país, permitirle tener voz al crimen organizado a gran escala, equivale a que hagan imposible la gobernabilidad y la convivencia, van a intentar proteger sus intereses y a cuidar la mano que los alimenta.

Es por ello que una de las primeras medidas de un gobierno de transición es determinar el origen real de los fondos, del dinero que hizo posible las adquisiciones de estos medios, debemos revisar las licencias y permisos de aquellos dueños de medios y operadores que han actuado en colaboración con este narco-estado, cuales son las filiaciones políticas y económicas de estos grupos, si vienen de grupos financieros o bancos (lo cual sería ilegal), o de empresas extranjeras (también es ilegal), las identidades de los verdaderos accionistas debe quedar claramente establecidas, porque no podemos permitir que personas que han apoyado por acción u omisión el cercenamiento de nuestro derecho a la información, a la expresión, tengan en sus manos medios de comunicación, y mucho menos que exista la sospecha de que algún medio tenga detrás al más infame negocio en contra de la humanidad, como lo es el trafico de las drogas.

Igualmente debemos estar muy atentos con aquellos ex dueños de medios que vendieron a sabiendas que le entregaban una herramienta tan poderosa como un periódico o una planta de televisión o una radio, a unos delincuentes que estaban lavando dinero, por la sencilla razón que se hicieron cómplices en la entrega de un derecho sagrado para los venezolanos.

Uno de los principales requisitos para que una persona tenga participación en el negocio de las comunicaciones en democracia, debería ser su compromiso con los valores y el espíritu de defensa y promoción de la libertad de expresión, de la pluralidad de las ideas, porque ya hemos visto lo que sucede cuando el manejo de un medio de comunicación simplemente es tratado como un “negocio más”, se pliega por el interés crematístico exclusivamente y sacrifica su lealtad a la libertad, convirtiéndose en un vehículo para esclavizar al pueblo y contribuir a la disolución de la patria, y eso es inmoral.

En democracia es vital saber quiénes son los dueños de los medios, si ellos nos informan, editorializan, denuncian, critican, forman la opinión pública debemos por lo menos conocer sus identidades, de donde vienen, cuáles son sus intereses, quienes sus socios, como se financian, es inevitable, los propietarios de los medios son personas públicas, ocultarlas solo traería sospecha sobre sus motivos y desconfianza en sus verdaderos intenciones.

Para cuando venga el cambio político que la mayoría del país desea, nos espera la tarea de desentrañar este ovillo de empresas fantasmas y personas interpuestas, de corporaciones off-shore y dineros sin certificación de origen, de negocios turbios hechos al amparo de la impunidad y la complicidad con el mundo del crimen, no podremos tener un país decente si arrastramos con nosotros medios informativos, de entretenimiento, de promoción comercial, de servicios públicos y educativos con otras agendas que no sean los intereses de una Venezuela libre y honesta y de tratar de hacer ciudadanos mejor informados, más activos y exigentes. – saulgodoy@gmail.com