En el mundo político venezolano, en el bando democrático y republicano, contamos con un grupo grande de abogados constitucionalistas de la vieja escuela kelsiana; éstos abogan por una democracia más procedimental que sustantiva, lo que limita de manera importante sus juicios valorativos, y permitió que un asunto como la nacionalidad de quien fuera candidato a la más alta magistratura del país, el caso del ciudadano Nicolás Maduro Moros, cuando el CNE lo reconoció como apto para postularse como aspirante a la presidencia de la república, fuera asumido sin mayores aspavientos, a pesar de que algunos sectores de la oposición cuestionaran enérgicamente el asunto.
De
hecho, varios importantes líderes de la oposición desestimaron el asunto como
“poco importante”, entendiendo que si un órgano de los poderes públicos, como
el Consejo Nacional Electoral, había admitido tal postulación, se daba por
descontado que los procedimientos de constatación de un asunto tan elemental
como la verificación de la nacionalidad, eran una rutina para el CNE y dejaron
pasar el asunto; eso a pesar de que voceros del CNE declararan que ésa no era
su competencia, que ellos sólo pedían la cédula de identidad, no la partida de
nacimiento.
Y es
que este “poco importante” detalle se perdía ante la enormidad de la situación
nacional para aquel momento, el país descubría que el presidente Chávez tenía
un cáncer mortal y que su vida corría peligro; y, ante el apuro de un inminente
vacío de poder, Chávez designaba a Maduro, su Vicepresidente para aquel
momento, como su “sucesor” y candidato para las elecciones presidenciales, y el
partido PSUV, el más grande e importante partido político del momento, inicia
los trámites ante el CNE en forma expedita para inscribir la nueva candidatura.
Fue
de esta manera como se consumó un fraude continuado contra los intereses del
país en una concertación de personas e instituciones que convenientemente “obvió”
el detalle de verificar si el señor Nicolás Maduro Moros era de nacionalidad
venezolana, como lo exige la Constitución Nacional.
Las
voces que alertaban sobre esta situación irregular iniciaron investigaciones
que condujeron a un misterio: el señor Maduro decía una cosa, que era
venezolano, nacido en la parroquia de El Valle, en Caracas, y la documentación
y declaratorias de testigos decían otra, que Maduro era un ciudadano
Colombiano, nacido en Bogotá, de madre natural de la ciudad de Cúcuta, en
Colombia.
Las
declaraciones del diputado Walter Márquez del estado Táchira afirmaban que sus
indagaciones terminaron en un Registro de Bogotá, donde el Libro de Actas en el
cual estaba supuestamente asentada la partida de nacimiento del ciudadano
Maduro tenía varias páginas faltantes; en su opinión, personas interesadas en borrar
esta evidencia, habían arrancado las páginas del libro.
Lo
más extraño del asunto es que la partida de nacimiento venezolana del señor
Maduro no aparece por ningún lado, aparentemente el CNE posee una copia
entregada por el Sr. Maduro, pero que jamás se ha mostrado, a pesar de la
controversia.
Nos
encontramos entonces frente al problema de la identidad del Sr. Maduro Moros.
Todos
los ciudadanos venezolanos debemos tener por ley, nuestra identidad debidamente
acreditada como ciudadanos de este país; la expedición de la partida de
nacimiento es un derecho que adquirimos al nacer y es un deber que todo padre y
madre venezolanos tiene, de presentar el niño a las autoridades.
Los
padres deben presentar a las autoridades competentes los recaudos necesarios que
prueben la existencia de todo nuevo ciudadano, y el documento emanado de ese
trámite es la base elemental de toda una estructura documental-legal que le da
a los ciudadanos la posibilidad de actuación en el plano jurídico y que sirve
como prueba ante terceros de que es la persona quien dice ser.
Los
documentos de identidad son parte integral de la seguridad jurídica de las
personas, al punto que ha sido reconocido como un derecho humano fundamental.
A las
personas que no pueden probar de manera documental quiénes son, se les dice “indocumentados”
y son una anomalía en el sistema que se puede corregir de muchas maneras; en el
sistema de identidad venezolano existen los documentos supletorios, que por
meras acciones declarativas pueden subsanar el problema; pero siempre se
prioriza que la persona disponga de documentos de identidad que le permitan
desenvolverse sin problemas en la sociedad, por eso se exige un mínimo al
otorgar esta documentación, que cumpla con las exigencias de ley, la veracidad
de sus datos y que dicha información pueda ser verificable, esto para evitar
justamente la posibilidad de fraudes y otras actividades ilícitas amparadas por
falsas identidades.
El
asunto es que, sobre la base documental de la partida de nacimiento, se empieza
a otorgar otra serie de documentos, el principal es la cédula de identidad, y
se parte de allí a otros de diferentes alcances, como pasaportes, certificados,
títulos, permisos, credenciales, nombramientos, asensos, etc. Es por eso que
los delitos contra la identidad son no solo normativamente sancionados, sino
moralmente repudiables, pues atentan directamente en contra de la seguridad en
las relaciones humanas.
Debemos
hacer una especial mención a la identidad de los individuos cuando intervienen
en asuntos públicos, sobre todo en política y donde está en juego la representación
de otros ciudadanos; quiero referirme al momento en que una persona accede a
una posición de poder en la administración pública, en cargos tan importantes
como diputado, o presidente de la Asamblea Nacional, o Canciller de la
República, no digamos como Presidente de la República, cargos que tienen que
ver con la fe pública y con aspectos claves de la seguridad de Estado.
Lo
usual para acceder a estos cargos es una exhaustiva investigación sobre la
persona, y más específicamente sobre sus documentos de identidad; esto es
importante, ya que a muchos de esos cargos se accede por medio de nombramientos
formales y sus responsabilidades conllevan a que emanen decretos y actos de
gobierno que comprometen muchas veces la seguridad del estado y que sólo son
válidos si son refrendados con la información sobre su identidad personal, no
digamos nada de aquellos actos que implícitamente compromete a la nación frente
a otros gobiernos.
Vale
recordar que para que un nombramiento quede formalmente sellado se estila hacer
un juramento, donde lo primero que se declara es el nombre de la persona y la
condición en la que se presenta, si la persona que hace el juramento no dice la
verdad, está cometiendo perjurio que, entre otras consecuencias, hace nulas, de
nulidad absoluta, sus actuaciones como funcionario… así de grave es la
usurpación de identidad.
Es
necesario recordar estas cosas, ahora, cuando nos encontramos ante la difícil
situación de una confrontación de poderes, entre el Ejecutivo y el poder
Legislativo y que va a arrastrar al poder Judicial. El 6D la voluntad popular quedó claramente
expresada en una Asamblea Nacional con una mayoría calificada en manos de los
partidos de la oposición, voluntad ésta que el presidente Maduro quiere
desconocer y está maniobrando para hacer írrito el proceso electoral que perdió
de manera aplastante.
Veo
con incomodidad y estupor como nuestros más avezados constitucionalistas se
están enredando en aspectos normativos de una situación que podría sumir a la
recién electa Asamblea en un largo proceso de discusiones, todo en medio de la
más espantosa crisis económica de nuestra historia republicana, a la que
necesitamos responder de inmediato con medidas heroicas y sacrificios muy duros
para nuestro pueblo.
El
mandato que la Asamblea Nacional ha recibido del pueblo debe ser honrado, aún
contra la situación absurda de un presidente que no le quiere rendir cuentas al
país y que no permite que se tomen las medidas necesarias para enfrentar la
crisis.
Es
por ello que propongo como punto único en la agenda parlamentaria, emplazar al
CNE para que aclare el asunto de la nacionalidad del actual presidente, citar
al ciudadano Nicolás Maduro Moros para que aclare su supuesta condición de
persona indocumentada, de su presunto fraude continuado de usurpación de
identidad y de sus presuntos delitos de falsificación de documentos, perjurio al
ocupar altos cargos públicos; se debe contactar a las autoridades colombianas
para que aclaren el asunto de la presunta nacionalidad del ciudadano Nicolás
Maduro Moros, citar a las autoridades del partido político PSUV para investigar
sus actuaciones como concurrentes en la conspiración de postular a un ciudadano
extranjero para el cargo de presidente de la República y que exponga sus
intenciones detrás de esta violación a la seguridad de la nación.
En
las actuales circunstancias, la oposición debe ir directo a la yugular que le
ha dado vida a este esperpento de gobierno; por el bien y la tranquilidad del
país, deberá exigir la renuncia inmediata del señor Maduro a la presidencia de
la República y su posterior enjuiciamiento en caso que se demuestre, no tanto que
es un extranjero, sino un indocumentado. -
saulgodoy@gmail.com
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