Retroceso ambiental

 

El secretario general de las Naciones Unidas ha definido el Estado de derecho como un principio de gobernanza en el que todas las personas e instituciones, ya sean estatales, públicas o privadas, están sometidas a leyes que son conocidas y aplicadas a todos por igual y compatibles con las normas y principios internacionales de los derechos humanos. Entre sus fundamentos se encuentran la primacía de la ley, la igualdad ante la ley y la equidad en su aplicación, rendición de cuentas, separación de poderes, participación en la adopción de las decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal (Naciones Unidas, 2004).

 

Es evidente que el régimen de Maduro, enredado en la tupida red de ideologías y criminalidad que lo ha caracterizado, siente la materia ambiental como un freno para sus propósitos de enriquecimiento voraz en sus distintos emprendimientos, empezando por sus proyectos mineros y petroleros, que son el principal foco de destrucción y contaminación de nuestro medio ambiente.

La prueba está a la luz pública, constatada con verdadera preocupación por las instituciones y organizaciones internacionales encargadas por velar por la conservación ambiental; Venezuela, pierde aceleradamente su patrimonio natural que fue, hasta hace muy poco, uno de los más ricos y diversos del planeta, nada escapa a la observación remota de satélites y otros sensores, que desde el espacio están diariamente midiendo la devastación de nuestras selvas, el envenenamiento de ríos, lagos y costas, la deforestación y quema dentro de nuestras reservas naturales, la insólita e inexcusable intervención de nuestros parques nacionales y ecosistemas protegidos.

Esta increíble actuación tiene como causas tres(3) condiciones endógenas del chavismo como una subcultura o secta: la primera se debe a su condicionamiento y adherencia a la ideología comunista cubana, que propugna una política de intervencionismo, de mal comportamiento, en el sentido de no cumplir con las normas de convivencia internacionales, su apoyo a movimientos extremistas tanto de izquierda como de fundamentalismos religiosos, su asociación con carteles, mafias, guerrillas y otras organizaciones violentas, que ha traído como consecuencia que se hayan instalado en nuestro territorio, para explotarlo de manera salvaje y sin ningún tipo de control por parte del estado; este comportamiento ha sido entendido por la comunidad internacional como el accionar de un  grupo peligroso y fuera de la ley; por eso las naciones civilizadas le han tenido que aplicar sanciones al régimen de Maduro, y someterlo a medidas cautelares, para evitar que siga haciendo daño, razón por la cual la economía de la nación se ha visto seriamente afectada, empezando porque ahuyentaron las inversiones.

La segunda, por las políticas populistas que sostienen sus adeptos y seguidores, otorgándoles derechos y prebendas sobre una gran parte de los recursos naturales del país, espacios urbanos y empresas del estado, pero también sobre los bienes del sector privado, aprovechando la debilidad estructural del estado en el reconocimiento de la propiedad privada, y por el secuestro que el líder chavista tiene sobre poder judicial, que hace posible (“legal”) las invasiones, las tomas de la industrias, la inmovilidad laboral, entre otras formas de dependencia material, de esta manera no tiene que sostener a la masa de sus electores directamente, lo que hace es que les permite medrar y beneficiarse de lo ajeno, destruyendo de esta manera la equidad, la confianza, la posibilidad de prosperidad y la convivencia social.

La tercera, por la ignorancia, que es la madre de la corrupción, la ineptitud y la demolición de lo público, sin ningún castigo ni consecuencia moral, es la razón por la que los chavistas roban sin temor al castigo, y dejan perder los equipos e infraestructuras ya que no logran conectar lo que pertenece a la gente con ellos como personas; gracias a esta ignorancia, vemos como los puestos claves de gobierno son ocupados por los más incapaces cuya única “virtud” es la lealtad a la revolución.

Esa pobreza espiritual y desplazamiento del yo hacia posiciones de poder y riqueza material, hace posible que a estos seres no les importe los demás, ni el bien común, ni la sociedad en general, aunque, y aquí viene una de las contradicciones de este nuevo socialismo, se la pasan predicando que su interés fundamental es la patria, los venezolanos y nuestro bienestar, pero a lo largo de más de veinte años en el poder han demostrado todo lo contrario.

Estas condiciones explican en gran medida por qué los chavistas y, ahora, los maduristas, carezcan de consciencia ecológica, es decir, sean incapaces de tener arraigo, amor por la tierra de sus antepasados, empatía por su entorno natural, lo que explica porque se la pasan culpando a otros de lo que ellos han causado, queriendo cambiar la historia y los símbolos patrios, y experimentando con la implantación de una neo-lengua para borrar sus responsabilidades ante el caos creado por ellos; esta falta de “alma” explica también por qué no han realizado grandes obras y por qué son incapaces de sostener la inversión pública a través del tiempo, lo único que les importa son sus parcelas de poder y sus negociados.

Pero como heredaron de gobiernos democráticos una estructura legal fuerte en materia ambiental y una tradición de conservación ecológica que cosechó grandes éxitos internacionalmente, viven de ese pasado, utilizan esa retórica aunque, como ha quedado manifiestamente reiterado, el tema no les interesa si no es para alimentar sus emprendimientos criminales.

Es por ello que a partir de la Cumbre de la Tierra de donde salió el Documento Río+20 en 2012, el régimen pegó un frenazo en materia ambiental, no solo dándole largas a los acuerdos y obligaciones internacionales, sino llevando al otrora Ministerio del Ambiente a convertirse en un paria de la administración pública, en una simple oficina de mero trámite, con el rimbombante nombre de Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Agua, con un presupuesto tan exiguo que impide a nuestros representantes estar presentes en los foros mundiales, participar en las iniciativas ambientales y, a lo interno, les imposibilita ocuparse de las labores más elementales de vigilancia y control.

Esta minusvalía conlleva a que otra serie de ministerios e instituciones le hagan bulling a su autoridad, atribuyéndose instancias y prerrogativas exclusivas de materia ambiental, como por ejemplo el INTI, el Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio, la misma Guardia Nacional, a la que por ley corresponden atribuciones solo de guardería ambiental, la empresa PDVSA, diversas empresas militares y algunos funcionarios públicos, como gobernadores.

Al faltar una autoridad institucional en materia ambiental, el vacío lo llenan los políticos, de allí vemos situaciones como la que ocurrió en Guatire, donde un renombrado líder del PSUV se inmiscuyó en materia municipal para favorecer a sus colectivos bolivarianos, enviando al alcalde (que es de la oposición) a los tribunales cuando intentó proteger de la invasión áreas verdes que son espacios públicos, o en el caso de Guarenas, donde una Defensoría del Pueblo, actuando en materia agraria, conforma un ilícito ambiental favoreciendo, en un área Protegida y de frágil suelo, a unos improvisados emprendedores de la ganadería caprina, en plena cuenca hidrográfica, sin estudio de impacto ambiental y apenas camuflado el ilícito con una cedula agraria emitida por el INTI.

De allí, a crímenes mayores hay solo un paso, como son los casos del patético caso del Arco Minero, o las construcciones ilegales de casas vacacionales en el archipiélago de Los Roques, o la construcción de desarrollos habitacionales en el Parque Nacional El Ávila, o la veintena de derrames petroleros que ocurren, cada vez con mayor frecuencia, cerca de las instalaciones de la empresa y que no son atendidos por sus causantes… el ambiente en Venezuela se ha convertido en un aquelarre donde se sacrifican a las generaciones futuras de venezolanos.

Lo más grave del asunto es, que la Venezuela que estaba construyendo su democracia, levantando sus instituciones y fortaleciendo el respeto por la ley, en sus aspiraciones por un mundo mejor, más próspero y justo, incluyó en su Constitución Nacional el artículo 127, que reza de la siguiente manera:

 

Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

 

Con esta norma de obligatoria ejecución y exigencia para todos los venezolanos, principalmente por el gobierno de turno, se rescata plenamente el espíritu de aquella famosa Declaración de Estocolmo de 1972, en la que los países del planeta se comprometieron a otorgarle a los derechos humanos fundamentales un marco para el buen vivir, con la responsabilidad de proteger y mejorar el medio ambiente, en el presente y para futuras generaciones, que es el principio de la sustentabilidad.

Todos los venezolanos estamos en la obligación de hacer que este artículo no sea letra muerta, como quieren los chavistas, en el derecho que nos asiste a no conformarnos con el agua podrida que nos envían a nuestros hogares, y poder protestar y exigir soluciones, de no sufrir los recurrentes apagones eléctricos en silencio y conformes, de no dejar que la basura inunde nuestros barrios y urbanizaciones, como si eso fuera lo ideal, o que corten y quemen nuestros bosques, porque a los revolucionarios les parece “normal” que la gente destruya la naturaleza para vivir y trabajar, o que nuestras playas estén contaminadas con deshechos plásticos y petróleo, porque para ellos, los socialistas bolivarianos del siglo XXI, vivir entre la cochinada, rodeados de aguas negras y plagas de todo tipo, son condiciones de la vida que se merece el pueblo.

La nueva etapa de metas y obligaciones que se está imponiendo en nuestra América y que corresponden a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es liderada por la ONU, ha planteado numerosos avances legislativos, de los cuales Venezuela ha estado ausente, no participa o les rehúye. Nicolás Maduro Moros teme y rechaza el tema ambiental, pues atenta en contra sus intereses crematísticos, sus empresas, socios e inversiones, que lo están convirtiendo en una de las personas más ricas del mundo, a costa de nuestra calidad de vida, salud y dignidad.

Uno de los acuerdos, en el que Venezuela no participó y ha pospuesto su incorporación al mismo (no lo ha firmado), es el Acuerdo de Escazú (2018, Costa Rica), que es un acuerdo regional, específicamente de países Latinoamericanos y del Caribe, en el cual se acuerda el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales; este tratado es importante porque en el mismo, por primera vez, se le otorga protección a los defensores del ambiente, para que podamos ejercer nuestras funciones con seguridad y efectividad.

Pero al régimen chavista no le conviene esta nueva ola de derechos ambientales, porque es cuchillo para su propia garganta, porque está viviendo de los expolios al ambiente y victimizando a todos los venezolanos, por lo que se ha embarcado en el curso contrario a una mejor democracia, cerrando el cepo de su tiranía con una oscura iniciativa que está tramitando actualmente en la Asamblea Nacional, entre gallos y medianoche, que es el infame proyecto de «ley de cooperación internacional».

Con esta ley pretenden crear un fondo, manejado a la discrecionalidad del estado, para que toda la cooperación internacional, en especial la ayuda humanitaria, sea administrada por el gobierno a su leal saber y entender; dicen ellos que, con este fondo, la administración de los mismos será más transparente, cuando en realidad lo que se quiere es dejar a todas las ONG´s del país sin apoyo internacional, con ello las labores de las ONG´s ambientalistas quedarían sin soporte en un mundo cada vez más globalizado.

Se trata de copiar la política de Cuba y Nicaragua, a través de la cual filtran las ONG´s que les convienen y cuáles no; en los actuales momentos se está desarrollando una agresiva política de persecución contra líderes de la sociedad civil y organizaciones que defienden derechos humanos, hay directivos presos y activistas sometidos a procesos judiciales, en una campaña por enmudecer toda la oposición al gobierno.

El momento es crucial, pues los aliados de una Venezuela libre y democrática no deben ceder ni un palmo de terreno en las presiones que le han aplicado al régimen chavista, ningún órgano multilateral que en estos momentos tenga la oportunidad de vencer a las sombras de un régimen terrorista y criminal debe dejarse chantajear; los venezolanos estamos jugando con nuestras vidas sobre la mesa, el enemigo a vencer es encarnizado y cruel. Que no se pierda el objetivo primordial de desplazar al chavismo del gobierno, que ni por un segundo se piense que es posible convivir con esa ideología, porque perder esta lucha significa cancelarle el futuro a nuestro país.  –

saulgodoy@gmail.com