Impuestos y naturaleza

“El que contamina debe pagar”, reza el dicho que se ha hecho popular entre los “verdes” europeos y que en estos momentos están promoviendo en sus países los impuestos que no solo intentan equilibrar una economía capitalista hambrienta de recursos naturales y que produce  basura tóxica a gran escala, sino que intentan por medio de estas imposiciones fiscales, disminuir tal práctica, obligando a las empresas no solo al desarrollo de tecnologías y maneras de minimizar esta práctica indeseable, sino a financiar programas de manejo y protección ambiental. 

Los impuestos pueden ser un medio muy eficaz para promover la conservación y el saneamiento del ambiente.

Tenemos que entender que en el capitalismo (y peor, en el socialismo y el comunismo) la naturaleza es el capital ecológico sobre la que se funda la economía humana, bajo esta premisa se debe elaborar un sistema de impuestos que premie las iniciativas conservadoras del medio ambiente en las empresas, corporaciones e individuos, y que los castigue cuando no sea el caso, pechando no solo el daño que se le cauce al medio ambiente sino el costo de su saneamiento.

Es un principio fundamental que si una empresa va a realizar una labor productiva en un lugar y que por la naturaleza de dicha actividad, degrada el ambiente donde se encuentra, debe devolverle a la comunidad y al ambiente beneficios que sean de alguna manera equiparables al daño que causa, porque de otra manera se iría creando un pasivo ambiental de tales proporciones que podría significar la ruina de las regiones y de los países donde se permiten estas prácticas.

Para ello debe crearse una suerte de contabilidad ambiental por medio de la cual se pueda considerar el costo del daño causado, cuestión que es bastante difícil cuando se trata de cuantificar la desaparición de una especie o la interrelación del impacto ambiental a todos los niveles.

Tomemos el caso del negocio del agua embotellada que últimamente ha impactado las estadísticas mundiales, los envases plásticos del agua embotellada son los principales contaminantes sólidos de nuestros océanos, playas y rellenos sanitarios en el mundo entero, estos son algunos aspectos del problema, se necesitan en el mundo aproximadamente 47 millones de galones de petróleo para producir las botellas de agua, si se pudiera eliminar ese consumo sería el equivalente de sacar a 100.000 autos de las carreteras, casi el 90% de esas botellas se desechan la mayor parte de ellas en sitios que pueden hacerle al ambiente un gran daño, sobre todo a la vida salvaje, lo peor del asunto es que tardan miles de años en bio-degradarse.

Las autoridades de la ciudad de Chicago trataron recientemente de imponer un impuesto al agua embotellada, pero fue contrademandada por la poderosa Asociación Internacional de Embotelladores de Agua (IBWA, siglas en inglés), aduciendo que perjudicaría al consumidor, principalmente al más pobre, todavía el caso se encuentra en los tribunales pero hasta los momentos va ganando la industria, y demuestra que no es tan fácil como aparenta aplicar estos impuestos.

En nuestro país el ejemplo más palpable es lo que sucede con nuestra industria petrolera, la actividad es prácticamente libre de contaminar nuestro territorio, en el costo de nuestro barril de petróleo no está contemplado ni un solo bolívar para el saneamiento ambiental, nuestros capitalistas salvajes que son estos socialistas endógenos que nos gobiernan, para hacer sus grandes negociados, permiten, que el pasivo ambiental sea absorbido por el país, es decir, que nosotros, todos los venezolanos, estamos pagando el costo ambiental que realizan las empresas petroleras que vienen a llenarse de dinero, de allí que tengamos desastres naturales de la magnitud de un Lago de Maracaibo, muerto, o una cuenca del río Caroní envenenada con mercurio,debido a uno de los peores manejos ambientales de la actividad minera, y en poco tiempo tendremos la Faja del Orinoco y buena parte de nuestras costas convertidas en un chiquero gracias a las complicidades e incapacidades de funcionarios que están cobrando un sueldo precisamente, para evitarlo.

Para muchos lectores será una sorpresa pero Richard Nixon durante su presidencia en los E.E.U.U., fue uno de los gobernantes que más hiso por la materia ambiental, en 1970 al reorganizar los servicios ambientales de ese país, en uno de sus discursos señalaba: "Un enfoque mucho más efectivo para controlar la contaminación sería el de identificar los contaminantes; rastrearlos por toda la cadena ecológica, observando y registrando los cambios en su forma en cuanto ocurran; determinar la exposición total que el hombre y su medio ambiente experimentan; examinar las interacciones entre las diversas formas de contaminación; e identificar en que parte de la cadena ecológica sería más apropiado intervenir."

Una sociedad organizada debe tener preparados para su aplicación una serie de impuestos que afecten directamente a quienes contaminen la atmosfera, a quienes extraen recursos de la tierra, quienes usan productos peligrosos y todo aquel que use esa riqueza que es de todos y que conforma el capital natural (territorios de acuerdo al valor de la tierra, bosques y pastizales, océanos y fuentes de agua fresca, petróleo y minerales, el espectro electromagnético, y hasta las zonas orbitales para satélites).

Los impuestos ecológicos deben imponer un precio estimado social y económicamente, a las prácticas productivas y productos que dañen el ambiente y deben estar lo más cercano posible a su costo real. Estos impuestos bien aplicados harán que estos productos y estas prácticas se mantengan lejos de la sociedad y a su vez dará estímulo a que se substituyan por tecnologías benignas.

Productos que pudieran ser sujetos de estos eco-impuestos (que a su vez afectarían el precio final al consumidor) serían: gasolina, pesticidas, químicos para el hogar y el jardín, aires acondicionados, productos desechables, viajes en avión (sobre todo jets).

Una de las propuestas más interesantes surgidas del ala conservadora norteamericana, es la expresada por el periodista William Tucker y consiste en que el gobierno le venda a la industria y a los grupos de interés público unos "derechos para contaminar".  Estos derechos o especies de bonos, serían de ediciones limitadas y costosas, se pondrían a la venta por medio de la bolsa.

La idea es que las industrias que lo necesiten los adquieran como la manera más eficiente para equilibrar los costes de limpieza ambiental, las industrias se los venderían unas a otras, hasta que cada compañía llegue a un punto en que sea más económico acabar con la contaminación que comprar más derechos para seguir contaminando.  También veríamos a los grupos ambientalistas comprando tales bonos, para no usarlos y para que la industria tuviera menos oportunidad de contaminar.