Autoridades ilegítimas

Tomemos un ejemplo, el caso de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que dictamina en una sentencia los límites de la acción contralora de la Asamblea Nacional, en contra de la letra de la Constitución, violando el principio de la separación de poderes, desconociendo su propia jurisprudencia, excediéndose de sus atribuciones legales.

Se trata un acto irresponsable por parte de estos funcionarios del Estado, que en un determinado momento cambian mágicamente de sombrero, pasan de magistrados a actores políticos, en defensa de la revolución y de sus propios cargos, cuyos nombramientos fueron hechos de manera irregular.

El Tribunal Supremo de Justiciase ha convertido en un drone de la presidencia de la república quien teledirige sus ataques en contra de la democracia, Nicolás Maduro atrapado en su propia trampa ideológica, de crímenes y de traiciones está jugando a la destrucción del Estado en nuestro país, ya no hay duda, quiere una confrontación violenta y lo más peligroso, es que hay una parte de las FFAA comprometidas con esta suicida revolución, que está dispuesta a propiciarla.

Si la sentencia que dictaron va en contra del ordenamiento jurídico y de los principios republicanos en una democracia ¿Qué conlleva ésta pérdida de la autoridad?   

El asunto es delicado, en democracia y en un Estado de Derecho la autoridad que reposa en la majestad de un servidor público, está condicionada por el interés general, por el bien público, está constreñido por las normas y obligado por la equidad y la justicia, pero cuando se trata de actuaciones cuyo propósito es proteger intereses particulares, de una facción, y se hace abusando del cargo ¿Qué sucede? 

Igualmente, los ciudadanos obedecen a la autoridad porque existe un vínculo moral de respeto a la ley, no se trata de obedecer solo por el temor a ser constreñidos por la fuerza, que va en paralelo al convencimiento ciudadano de que debe acatar las decisiones del gobierno porque cree, es lo mejor para su persona y para la sociedad.

Muchas veces olvidan quienes ejercen una función pública, que las personas actúan primeramente por el convencimiento que lo que hacen, es moralmente correcto, que ninguna fuerza ajena a su conciencia puede obligarlos, sin que él lo consienta, a hacer otra cosa que lo que le dicta su razón y sentimientos.

En este frágil balance de tensiones, de obligaciones y derechos, de libertades y responsabilidades, de libre voluntad y pragmatismo, reposa la autoridad, si no hay consenso entre los sujetos acerca de la verdaderas intenciones de la autoridad, es simple, se pierde la autoridad.

Basta que un funcionario se comporte de manera parcializada, interesada, injusta y utilice su cargo y autoridad para “hacer política”, para que los ciudadanos desconozcan esa autoridad y se dé pie a un conflicto que generará violencia y abusos y la pérdida del valor institucional.

En Venezuela este tipo de actos es común, una serie de funcionarios socialistas que le otorgan mayor peso e importancia a sus ideas políticas, a sus lealtades partidistas, a sus compromisos con un líder y un proceso, dan al traste con el orden público, con el estado de derecho, con la paz social para afectar el balance de fuerzas en una relación política que nada tiene que ver con el interés general.

Y si los funcionarios tienen responsabilidades mayores, como es la de impartir justicia, o sus actuaciones tienen que ver con materias educativas, de orden público, de salud pública, de seguridad y defensa, donde el cuidado debería ser aún mayor, por las consecuencias que pudieran derivarse de sus decisiones que afectan al gran conglomerado social, sus desempeños debería tener particular cuidado en no afectar este frágil equilibrio de orden y acatamiento.

¿Pero qué sucede cuando en este ejercicio irresponsable del poder, de manera deliberada actúa para romper con el orden social, para crear confusión, caos? que sin importarles sus altas funciones, presionan a la ciudadanía, la coaccionan a aceptar injusticias, a inhibirse de comportamientos y actitudes para favorecer unos intereses que nada tienen que ver con la conservación de la democracia, con el respeto a la voluntad popular, a la libertad de manifestaciones públicas, de pensamiento, de libre ejercicio de una actividad económica.

Entonces lo que se está buscando son situaciones que contradicen una convivencia democrática, participativa y libre de los ciudadanos, pudiendo generar situaciones de desorden público con el solo fin de preservar el poder, de imponerse como autoridad única y decidir las controversias por vía de la violencia.

La integridad y el acato a los dictámenes del Estado es lo primero que sufre cuando se le pierde el respeto a las instituciones, el proceso de deslegitimación se hace más acelerado al persistir el abuso de autoridad, provocando finalmente la ruptura del pacto social, la sociedad entra en estado de anomia y los conflictos se resuelven por la fuerza.

Cantidad de veces se ha discutido públicamente en nuestro país que, no basta la legitimidad de origen para que unas autoridades sustente su poder, es necesaria, igualmente, una legitimidad de desempeño, de función, es muy fácil que una institución pierda su norte en el servicio público por las actuaciones desacertadas y viciadas de algunos funcionarios, causándole un daño enorme a la integridad de la gobernabilidad.

Las actitudes, pretensiones y formas de proceder del presidente Maduro y su gobierno, a medida que ha perdido popularidad y se le ha complicado la situación socioeconómica, indican que antes que renunciar, entregar el gobierno o cederlo a fuerzas políticas que pudieran brindar soluciones a la actual crisis de gobernabilidad, prefiere llevar al país por un despeñadero.

Ha estado promoviendo desde el primer día de su mandato la ilegitimidad de su régimen, anteponiendo su interés personal y el de las facciones políticas que lo acompañan al interés general de la nación, pretendiendo favorecer a sus seguidores, a un plan hegemónico de su ideología, discriminando y maltratando a quienes no compartimos sus ideas, llevando a su gobierno a un estado de violencia tal, que no le importa la crisis humanitaria de alimentos, medicinas y servicios básicos como agua potable electricidad y seguridad pública que el país enfrenta en estos momentos y que se agrava con los días.

El solo hecho de haber confundido, ex profeso, su papel de Jefe del Estado Venezolano con el de Líder de la revolución, de su gobierno con la identidad del Estado, de su partido socialista único con la voluntad popular, lo han hecho reo de una serie de violaciones a la ley que en algún momento tendrá que responder, principalmente por abuso de poder y traición a la patria.

Es imposible ocultar hoy en día la crisis institucional que sufrimos, el Estado venezolano se está cayendo a pedazos y esto es una impresión reiterada una y otra vez, no solo internamente, en la opinión pública mundial hay preocupación por las sucesivas crisis nacionales, por las alarmas económicas y de desabastecimiento alimentario, por la serie de denuncias, acciones judiciales, reclamos diplomáticos, violaciones a los derechos humanos, actos de guerra y terrorismo que han caracterizado el desempeño de este gobierno, en vez de fortalecer el orden y la paz, acelera una espiral de violencia y amenazas, todo dirigido a una confrontación sin sentido que probablemente terminará en tragedia.

Los responsables de este deterioro institucional, en una actitud suicida, en vez de detenerla y propiciar entendimientos para bajar la presión, buscan “huir hacia delante”, provocar los enfrentamientos y tratar de reinar en el caos, es una táctica conocida y ya usada en el desmoronamiento de varios ordenes y países en la historia de la humanidad y cuyo resultado siempre es la destrucción.

Mientras esto sucede, el verdadero pueblo sigue en la calle, reclamando sus derechos, luchando por sus reivindicaciones, defendiendo su libertad, protestando ante la insensible arrogancia de quienes se creen ungidos por el deber histórico de arruinar al país, de hacer de los venezolanos un hombre nuevo al precio que sea. A las autoridades ilegítimas no se les puede reconocer ni deben respetarse, aún cuando lo decreten. 

Afortunadamente contamos con un parlamento nacido en legitimidad por medio de elecciones libres, secretas y universales, la soberanía popular quedó claramente expresada en el mandato que  les otorgó a sus representantes para que recondujeran al país, la nueva Asamblea Nacional es producto de ese gran descontento nacional por un gobierno falso aliado al narcotráfico internacional, a la corrupción y al comunismo, la gente le dijo basta a una institución militar podrida que se pone el uniforme para delinquir y extorsionar, le dijo basta a un sistema de justicia que se vendió a los carteles de la droga, a los pranes en las cárceles y que protege a los ladrones y asesinos.

Detrás de los diputados de la Asamblea Nacional se encuentra un pueblo libre, indomable, expectante, dispuesto a los cambios, cansado de engaños y trampas, pagando siempre los platos rotos de unos funcionarios ineptos, empezando por el presidente de la república quien hace ya mucho tiempo perdió la brújula.

El escenario es claro, vamos a una confrontación auspiciada por el gobierno de Maduro, parecieran no darse cuenta que no es solo van en contra la Asamblea Nacional, que detrás está el pueblo de Venezuela, y detrás están todos los países de la región que son democráticos, decentes y ven con horror lo que nos sucede y en el fondo está presente el mundo entero con sus instituciones internacionales, a la expectativa.

En mi opinión lo que viene, es el desacato al TSJ, al Presidente de la República, a todos los demás poderes que se han agavillado para destruir nuestra democracia, viene la resistencia activa, viene la rebelión y viene un cambio de gobierno, los días de Maduro están contados y será reo de la justicia en las peores circunstancias posibles, las cartas están echadas…  -      saulgodoy@gmail.com