Porque el TSJ está debilitando nuestra soberanía

La primera esfera de justicia que encuentra cada persona en el mundo es la de su propio país, es a la que recurre cuando sus derechos son violados, cuando necesita que se le restituya algo que le ha arrebatado bien sea material o del mundo de los valores morales, cuando ve disminuida su libertad y su posibilidad de actuar.

El estado-nación debería garantizar por medio de sus instituciones la aplicación de la ley en términos de igualdad cuando se trata de sistemas democráticos, y es muy clara la relación que existe entre la aplicación de la justicia y la soberanía de las naciones, para que exista justicia en términos institucionales es necesario el concurso del gobierno por medio de los tribunales, de la figura del juez y del todo aparataje judicial y policial que lo acompaña para hacer efectivo su desempeño.

En términos de la administración de justicia el Tribunal Supremo o la Corte Suprema, como su nombre lo indica es la punta de la pirámide de donde emana ese poder y autoridad para la conservación de un sistema judicial que actúe dentro de la constitución y en el marco de las leyes de la República.

Todos los países del mundo que operan bajo la racionalidad de la justicia occidental y para garantizar la justicia, la equidad, el debido proceso y la oportuna respuesta a las necesidades de la población, se cuidan de mantener en este círculo de magistrados a sus más lúcidos representantes, a ciudadanos con credenciales y con una intachable conducta que reflejen los altos ideales y principios que mueven  a todo el sistema, siendo uno de los requisitos fundamentales la imparcialidad de estos jueces.

Un Tribunal Supremo de Justicia debería ser la imagen de esa soberanía de la República, por ello se le da la condición de poder público, con su propia esfera de actuación, siempre como parte del estado pero autónomo en sus decisiones que conciernen a la administración de justicia.

El Tribunal Supremo de Justicia no fue creado para sustituir a los otros poderes públicos y menos aún para elevarse sobre la voluntad popular, esta institución por su misma naturaleza debe manejarse dentro de los límites constitucionales y de la ley en vigor, salirse de estos límites ya contradice su elevada función y desmerita sus actuaciones, por ello la importancia de que sus miembros sean científicos del derecho, personas con criterio propio y con una elevada condición moral que les permita servir a los fines de la justicia, y esto último es importante ya que muchas de sus decisiones podrían afectar, y de hecho afectan, el clima y las condiciones políticas de su entorno.

Pero disminuya usted las exigencias para ingresar como miembro de la institución, manipule políticamente el funcionamiento de esta alta corte, degrádela a simple oficina de trámites legales para que otro poder público, en especial, el poder ejecutivo, lleva a cabo sus actuaciones, introduzca en su seno a elementos delincuenciales como falsificadores, homicidas, mentirosos compulsivos, operadores de partidos políticos, comisarios ideológicos, fanáticos revolucionarios, oportunistas y personas de dudosa catadura, y lo más probable que suceda, es que convierta al Tribunal Supremo de Justicia en una guarida de pillos y maleantes que solo defienden sus intereses o de quienes los pusieron allí.

Y si esto sucediera, por estar tan imbricada la administración de justicia con la soberanía, habría de inmediato una perdida sustancial del carácter nacional y de la estructura republicana, al punto que, en el concierto de naciones, donde los países se tratan de igual a igual, cuando tienen que negociar y en algunas ocasiones imponerse, para conservar sus derechos, cuando hay que exigir respeto e igualdad en las condiciones de convivencia internacional, los países que acuden a los foros mundiales con el estigma de un sistema de justicia intervenido y manipulado, pierden credibilidad y fortaleza, al punto, que podrían ser considerados estados fallidos.

Cuando los países no son tomados en serio en los foros internacionales, cuando sus economías se hacen oscuras y poco transparentes, cuando no se respetan dentro de sus fronteras los convenios internacionales, cuando se violan los derechos fundamentales de los inversionistas extranjeros sin tener instancias judiciales a las que acudir para pedir las compensaciones necesarias, cuando un gobierno abusa de su población descaradamente, creándole a la comunidad internacional un evidente problema humanitario que tienen que financiar y hacerse ellos responsables, indudablemente ese país deja de ser de facto, soberano, y así lo exijan y lo griten a los cuatro vientos, cuando la justicia depende de la voluntad de una camarilla, el estado deja de ser estado y puede ser visto hasta como una amenaza para la seguridad mundial.

Venezuela acaba de entrar en ese pantanoso territorio de un estado forajido, entre otras causas porque no dispone de un Tribunal Supremo de Justicia que garantice la gobernabilidad dentro de los parámetros constitucionales del país, lo que lo hace peligroso para cualquier extranjero pues no tiene las garantías mínimas de seguridad y sí, muchos riesgos.

Todo esto atenta en contra de la imagen-país, puede poner en riesgo la seguridad nacional, regional y hasta mundial, se convierte en un peligro para las economías de su área de influencia pues nadie garantiza las operaciones, su limpieza y sus resultados.

EEUU puso a Venezuela en la lista de países de alto riesgo para su seguridad, entre otras cosas porque el gobierno chavista, por que Maduro y su régimen, controlan con sus cómplices, el funcionamiento y los resultados de instituciones claves del gobierno que deberían comportarse de manera autónoma e independiente, entre ellos un Tribunal Supremo de Justicia cuyo desempeño atenta contra el equilibrio de poderes en el país.

Los 34 magistrados del TSJ elegidos de manera fraudulenta y extemporánea, están tratando de desmontar el estado de derecho, destruyendo al único poder público que tiene raíz en el voto popular, que es la Asamblea Nacional, desconociendo la soberanía del pueblo de Venezuela, estos jueces sin credenciales que se han auto ratificado en sus cargos luego que la Asamblea Nacional hizo nulo el acto administrativo que los designó, apuntan a que el régimen chavista está utilizando la institución como herramienta para sus fines políticos, ajenos a toda consideración constitucional.

El TSJ, respondiendo al nerviosismo de un régimen que ya no quiere contarse, que le tienen pavor a un referéndum consultivo, a que sea el propio pueblo soberano el que decida si se van a quedar o no en el poder, lo que sí han hecho es dejar impunes a quienes han sembrado los cementerios de venezolanos inocentes asesinados por las fuerzas de orden público, llenado las cárceles de presos políticos sin derecho a la defensa, utilizar el hambre como instrumento político en contra de las leyes, arruinar a las empresas e industrias en nombre de un socialismo vacuo, abusar del poder para corromper.

Venezuela se hunde poco a poco en mar de ignominia, sus instituciones fundamentales, como la Presidencia de la República, el Ministerio de la Defensa, el Consejo Nacional Electoral, el Banco Central, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, su Cancillería y el Tribunal Supremo de Justicia, todos, están siendo cuestionados en su legitimidad y desempeño, creyeron que hacer política era hacer lo que les diera la gana y resulta que han perdido la soberanía del país.

La opacidad de las actuaciones del gobierno acompañado por la hegemonía comunicacional de la que se jactan, ejerciendo la censura más descarada, violenta y antidemocrática del continente en contra de sus ciudadanos, desinformando, negándose a rendiciones de cuentas, ocultando la crisis espantosa en la que han sumido a la nación, llenando de información basura a los organismos internacionales, lo que habla es de un gobierno que no se trae nada bueno entre manos.

Con las últimas decisiones del TSJ, el gobierno de Maduro, tratando de hacer a un lado a la Asamblea Nacional de los compromisos del país, pone a Venezuela en la precaria posición de que no tiene como responderle al mundo por sus actuaciones cada vez más alocadas y peligrosas, se hace evidente y varios organismos internacionales han alertado que hay una mafia del narcotráfico manejando las cuentas nacionales, que se está blanqueando dinero de procedencia ilícita y tratando de burlar los controles internos y externos de sus finanzas, ha destruido el buen nombre y la buena voluntad del país ante sus relaciones comerciales con el planeta, las alarmas están encendidas.

El pueblo de Venezuela y el mundo entero repudian al gobierno infame de Nicolás Maduro, el ilegítimo, el dictador.   -   saulgodoy@gmail.com