El Poder Ciudadano fue un novísimo agregado a la Constitución
de 1999, en la que se agrupa la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y
la Defensoría del pueblo y aparte, el Poder Electoral; estos cuatro órganos de
la administración pública son por definición los medios que tiene el ciudadano
para reclamar y defenderse de los excesos y agresiones del Estado.
No es por accidente que también se le conozca como Poder
Moral, y es esa parte administrativa del mismo Estado la encargada de prevenir,
investigar, promover iniciativas populares y sancionar los hechos que atenten
contra la ética pública y la moral administrativa; es decir, es el poder encargado
de la limpieza y transparencia de la gestión pública.
Como bien reza la Constitución, el poder moral es un
Poder “Independiente”; por naturaleza, por necesidad, por obligación, su
mandante es todo el pueblo de Venezuela y tiene que representar a los diversos
sectores de la sociedad; el que este poder sea dominado y controlado por una
facción política deforma de manera absoluta su esencia, distorsiona su misión e
inutiliza su mandato, y se convierte en burla de las ideas del Libertador Simón
Bolívar.
Maduro proclamado por el CNE |
En primer lugar, la forma como se ha venido realizando la
escogencia de los candidatos para estos importantes cargos, en la oscuridad, a
espaldas del pueblo, en medio de una desinformación total, indica el interés
del gobierno chavista en corromper al poder moral.
Era la primera vez que este poder se iba activar por
medios constitucionales, es decir, que la sociedad venezolana iba a proponer
sus candidatos para ocupar esos altos cargos, pero el manejo del gobierno y,
sobre todo, de la Asamblea Nacional, empastelaron el proceso, designando como
representantes de la sociedad a sus mismos diputados, estableciendo un criterio
de selección “secreto” sin reglas conocidas, sin publicidad ni participación de
la opinión pública, con listas de candidatos casi todos, no sólo afectos al
gobierno, sino manifiestos miembros del partido de gobierno, el PSUV.
La Fiscal dela República |
Nace esta institución malformada, incapaz de respirar por
sí misma, llena de materia fecal, de una repulsiva corrupción, que necesitaba
de un engendro, no de un Poder, que pudiera purificar lo que se corrompía en la
República.
Por supuesto, ganaron todos los candidatos del gobierno,
de nuevo el bosque de manos alzadas de la Asamblea Nacional, como si no hubiera
existido el rechazo de todo el país a una manera de legislar que dejaba por
fuera a importantes sectores de la nación, que daba la espalda a la legalidad
en el uso del patrimonio público, que echaba al cesto de la basura la
meritocracia, la independencia, y que hería de nuevo a la democracia y los
principios de libertad, que tantos ciudadanos, de una forma u otra, defendimos
por las vías institucionales.
Creían que con este acto, que reiteraba una vez más la
vocación antidemocrática y anti civilista del chavismo, tenían asegurada la
impunidad por la rampante corrupción en la administración pública; no sólo eso,
creían tener en sus manos un arma para seguir persiguiendo a la oposición, para
continuar haciendo terrorismo de estado, utilizando precisamente los órganos
que, supuestamente, deben defender a los ciudadanos, para acosar, encarcelar,
torturar, descalificar y asesinar impunemente a sus adversarios políticos.
Antonio Ledezma, uno de nuestro presos políticos |
En la exposición de motivos de la Constitución
Bolivariana de Venezuela claramente establece que: “El Poder Ciudadano tiene a su cargo la prevención, investigación y
sanción de los hechos que atenten contra la ética pública y la moral
administrativa. Además debe velar por la buena gestión y la legalidad en el uso
del patrimonio público, por el cumplimiento y la aplicación del principio de la
legalidad en toda la actividad administrativa del Estado”.
La presentación de la lista de los ciudadanos inhabilitados
al CNE por parte del Contralor, tratando de darle un zarpazo a la Constitución
y violar el derecho que tienen los ciudadanos a elegir y de los candidatos a
postularse, es un repugnante ejemplo de lo que este Poder Moral es capaz de
hacer en nombre de intereses bastardos.
Si tuvieran un dejo de vergüenza, estos designados
funcionarios renunciarían de inmediato para reclamar un verdadero concurso;
pero, lamentablemente, los galimatías y argumentos del pensamiento irracional
los excusan, porque son necesarios para “el proceso”, sus actuaciones consolidarán
el socialismo del siglo XXI.
El mentado “proceso” los necesita en sus trincheras,
rodilla en tierra con el grito de “No pasarán”.
Después de todo, estos funcionarios creen que sólo la historia
podrá juzgarlos y que todas sus actuaciones las hacen por amor y por compromiso
revolucionario, ¿La Constitución, la República, la Democracia, los principios
bolivarianos? Son apenas pequeñas perversiones burguesas, principios
capitalistas que no significan nada para la Patria Grande que Chávez quería
construirnos en Latinoamérica.
Nunca vieron venir las sanciones internacionales que
países garantes de la civilización en el mundo les impusieron, por ser
violadores de derechos humanos y corruptos; ni las investigaciones de acuciosos
periodistas en el extranjero que desentrañarían sus oscuros negocios y cuentas
bancarias secretas en bancos en paraísos fiscales; ni la burla que inspirarían
sus actuaciones ante el imperio de la razón y la justicia… porque, aun cuando
trataron de inmunizarse contra investigaciones y procesos judiciales en el país,
ahora son parte de gruesos expedientes en tribunales internacionales, y sus
nombres han sido incluidos en las listas de “los más buscados” por las policías
del mundo… en algún momento terminarán siendo sujetos de sentencias y condenas
por sus horribles delitos.
Según los miembros del Poder Moral, la corrupción, los
muertos, los encarcelados, los torturados son un precio muy pequeño a pagar por
lo que viene y que sólo el Socialismo del siglo XXI puede traer al mundo. De
allí la actitud maldiciente y arrogante de un funcionario como el Defensor del
Pueblo quien ante la avalancha de reclamos, denuncias y señalamientos de la
sociedad, ante los atropellos e injusticias del gobierno a quien él representa,
declare que la institución que preside no es un despacho privado de abogados, y
en esa actitud desafiante y cínica, rechace que lo importunen con reclamos a su
ineficiencia y su actitud encubridora a los crímenes que a diario cometen sus
compañeros de partido.
El Defensor del Pueblo |
Bajo estos presupuestos, no nos queda a los venezolanos
libres y demócratas otra cosa que volver a la calle para reclamar el Poder
Ciudadano que nos fue secuestrado por unos ladrones disfrazados de diputados y
conducidos por un jefe perverso y alucinado, al servicio del mal amo que vive
en La Habana, ahora socio del Imperio. – saulgodoy@gmail.com
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