El Estado de Derecho

No existe el Estado de Derecho en Venezuela, por más que el gobierno pretenda que sí y sus personeros señalen algunos casos que publicitan como prueba de que sí existe, y donde supuestamente se han cumplido con todos los extremos legales, con la plena independencia y separación de los poderes.

Y es que el Estado de Derecho debería ser una condición general y permanente, no excepciones como algunos nos quieren hacer ver.

El Estado de Derecho es someter a todos los ciudadanos de una República al imperio de la ley y la justicia, para ello hacen falta instituciones y funcionarios independientes y con vocación democrática que actúen en el marco de la ley y la justicia, y vuelvo a recalcar estas dos condiciones sine qua non es posible el Estado de Derecho.

Si hay leyes pero no hay justicia, estamos en presencia de un disfraz para la tiranía y el oprobio, donde la norma protege los intereses del poder; si hay justicia pero no hay leyes, estamos en el caso de una anarquía donde nadie conoce las reglas y estamos sujetos a la voluntad del más fuerte.

Es por ello que el Estado de Derecho es uno de los logros de la civilización que más atesoran los pueblos del mundo, el Estado de Derecho genera el orden social necesario para asentar las bases del porvenir y tener en jaque a la violencia.

Y es aquí donde nos encontramos con el primer problema importante que impide que Venezuela tenga un Estado de Derecho: El proceso revolucionario exige de sus participantes una total entrega a la revolución y a su líder.

La revolución implica cambios necesarios no solo en la visión del mundo sino también en como funciona, y si el plan de los revolucionarios es esa nebulosa idea del Socialismo del Siglo XXI que nadie sabe lo que es, que se sostiene en base a una promesa de un mundo mejor, entonces no es de extrañar que los cambios que propugna creen tanta resistencia y desconfianza en los hombres y mujeres sensatos.

En nombre de la revolución se están cometiendo una serie de atropellos e injusticias en contra de una parte importante de los venezolanos, que la más de las veces nos encontramos en un estado de indefensión, sujetos a procedimientos unilaterales y autoritarios sin el respeto mínimo por la ley y la justicia.

Vemos a  alguien en  el poder ejecutivo que opera de manera personalista y por encima del Estado de Derecho, su  dominio sobre las instituciones es tal que hace imposible la separación de los poderes,  todos los órganos del estado y funcionarios solo responden a sus intereses, es un sistema político diseñado para funcionar bajo la égida de un líder carismático como lo fue Chávez.

Luego de la desaparición del líder revolucionario, el poder se ha atomizado en varios grupos de poder, entre ellos el de las facciones militares, los familiares del difunto, su designado sucesor y su familia, lo que queda de los restos del PSUV, los poderosos grupos económicos de la boliburguesía y los jefes de la delincuencia carcelaria.

Esta nueva conformación del poder en nuestro país, sacó de su carril central una de las herramientas más poderosas del régimen que era el terror, que se basaba en la promesa, más bien en la amenaza, de utilizar la violencia máxima en contra del adversario.

Mientras Chávez fue el centro del juego político este terror era canalizado hacia blancos muy específicos: la oposición política, disidentes dentro de su movimiento revolucionario, países y políticos extranjeros del área que no se conformaran a sus designios, instituciones que no podía controlar como la iglesia y las organizaciones de derechos humanos, algunos empresarios independientes.

Se creaban leyes a medida que “el proceso” las iba necesitando para avanzar, sin importar las opiniones de los contrarios. En la mejor tradición de las tiranías constitucionales, la revolución va creando su propio Estado de Derecho y aprendiendo poco a poco a judicializar la política.

Cuando los  máximos representante de la justicia en Venezuela declaran públicamente que su compromiso fundamental es con la revolución, ya damos por descartado que su norte sea la justicia y menos aún cuando todo el sistema se estructura para blindar al gobierno de turno de cualquier actuación en su contra.

Cuando un organismo como el Instituto Nacional de Tierras (INTI) arremete en contra de medianos y pequeños productores sembrando el terror en el campo utilizando montoneras, no hay Estado de Derecho.

Cuando la Fiscalía ataca sin pudor a periodistas con fantásticas teorías conspirativas solo para acallar la disidencias, se entierra la justicia, cuando el CNE se convierten en garantes exclusivos de los derechos y privilegios de los revolucionarios e ignora y engaña a quienes no somos revolucionarios, simplemente no avala un Estado de Derecho.

El gobierno no pasa de contar con un cascarón vacío de normas que se aplican a conveniencia y de instituciones al servicio de unos pocos hombres; a eso se le llama tiranía y no es más que devolvernos por el camino en que veníamos, de vuelta a la barbarie.

Los enemigos de la sociedad abierta son muchos y mortales, estamos hablando de fanáticos que han abandonado todo medio de diálogo y confrontación pacífica de las ideas y han optado por la violencia ciega y muchas veces indiscriminada de los atentados, con el propósito de provocar unas condiciones que favorezcan sus propósitos y su permanencia en el poder.

Los gobiernos son capaces de actos terroristas en contra de su población o de grupos disidentes, es una posibilidad que se presenta cuando las virtudes y la moral se han perdido. Con órganos institucionales como la policía, los tribunales, el ejército se puede aterrorizar y finalmente controlar de manera violenta las voluntades.

Por medio de los organismos que recaudan impuestos, los que emiten documentos de identidad, o los que se ocupan de la salud, alimentación y educación, se puede jugar al terror y crear situaciones que minan el sentido de seguridad de una población entera, e incluso provocar hechos de violencia tan deplorables e ilícitos como el del terrorista convencional.

La creación de grupos de choque adeptos al régimen, su ideologización y preparación en tácticas de la violencia en contra de la disidencia,  es uso del terror. A estos grupos o círculos o colectivos, se les da una imagen de organización civil a sus estructuras, se les atribuye legalidad y derechos, una fachada, por lo general patriótica, como administradores ad hoc de las llamadas Zonas de Paz, con lo que sus acciones de violencia pueden ser fácilmente justificadas por sus operadores.

Cuando los fanáticos utilizan los órganos del Estado con fines de terrorismo esgrimen cualquier excusa para causar el daño y sembrar el terror, cuando se cierra a un medio de comunicación por facturas mal elaboradas o avisos no exhibidos, vemos al terrorista marcando ejemplo y advirtiendo a los otros medios la suerte que pudieran correr si no se pliegan a la línea gubernamental.

Cuando un Ministerio del Interior Justicia y Paz organiza invasiones y asaltos a barrios secuestrados por sus propios socios, conformados como grupos hamponiles, y a sangre y fuego, en operativos de búsqueda y destrucción, “cazan” a quince delincuentes sin presencia de fiscales ni garantías de ley, para lograr efectos electorales, lo que hace es llamar a la anarquía y a desconfiar de las instituciones.

El fin último es el miedo, el terror, si logra domesticar a la población con el látigo y las amenazas ellos creen perpetuarse en el poder, no se dan cuenta que con sus acciones abren una caja de Pandora que solo encierra más violencia y muerte y que siempre, y la historia es reiterativa en esto, siempre alcanza a quienes la promovieron.

En un país donde no hay estado de derecho, donde el poder está segregado en diferentes tribus, cada una con su jefe, con su territorio y sus fuerzas armadas, en un gobierno que reiteradamente ha utilizado el terror como medio para resolver conflictos y hacer control social, no es de extrañar que estos Señores de la Guerra empiecen a pelear entre ellos para imponerse, que inicien un conflicto sordo y sangriento de eliminar sus fichas y suceda lo que estamos viendo hoy en nuestro país, los asesinatos por encargo de políticos y funcionarios.

Los cuerpos de seguridad del Estado y los ciudadanos en general deben comprender el fenómeno del terrorismo para poder combatirlo; los primeros porque es su deber y necesitan una aproximación profesional, los segundos porque son las víctimas propicias y quienes sufren los golpes de estas acciones que, sin control, pueden convertirse en una enfermedad terminal para la democracia y la libertad en el mundo.

Ya estamos viendo como se matan impunemente policías, militares y guardaespaldas, la prensa oficialista los atribuye al hampa común, o si son muy notorios, a la “derecha radical”, pero la verdad sea dicha, es el inicio de una guerra entre facciones por el predominio del poder, y dado la ausencia de un Estado de Derecho, lo que tenemos en ciernes es una guerra tribal de consecuencias impredecibles. -  saulgodoy@gmail.com