Debo empezar destacando una estrategia de poder del socialismo en Latinoamérica, de carácter común, tanto en Cuba como en Venezuela, y que asume su carácter de “practica” o excusa que le permite a esos regímenes, bajo la pretensión de un Estado de Excepción, declarado o no, que el gobierno practique una serie de delitos de lesa humanidad contra la población, amparado en un supuesto peligro para la paz de la nación o intentos de “golpe de estado”, en desarrollo o continuado, entendiendo esta modalidad de golpe de estado sin la participación de las fuerzas armadas del país.
Creando
la ilusión de que se tratan de unas medidas que preservan su existencia, el
gobierno que activa ese novedoso recurso se cree en el derecho y con la
libertad de practicar cualquier procedimiento a su alcance para evitar la
supuesta pérdida de poder; debido a la urgencia con la que debe actuar, se cree
excusado de acatar los principios básicos de protección a los derechos humanos
y de salvaguardar las garantías que protegen a los ciudadanos.
Esta
práctica ha sido obvia, por lo seguido que se ha utilizado, en los gobiernos
socialistas totalitarios de Cuba y Venezuela; a la menor manifestación de
protesta o de malestar social público, sean estas las Damas de Blanco en la
Habana o los estudiantes universitarios venezolanos en San Cristóbal, las
fuerzas de seguridad del estado arremeten, inmediatamente y con desmedida
fuerza, contra estos focos de protesta pública, violando flagrantemente los
derechos de los manifestantes.
Uno
de los delitos de lesa humanidad más comunes, en el caso del gobierno
socialista bolivariano de Venezuela, ha sido el de las desapariciones forzadas;
los funcionarios de seguridad del estado secuestran a las personas en la calle
y las desaparecen por un tiempo determinado, fuera de toda jurisdicción legal y
asistencia humanitaria, incomunican al rehén y lo someten a interrogatorios,
tortura, vejámenes, o simple aislamiento, para luego soltarlos bajo amenaza de
muerte.
Como
se puede apreciar, esta práctica está totalmente al margen del ordenamiento
legal, no hay la intervención de la fiscalía, ni de tribunales, los
funcionarios no cumplen con los extremos legales para la detención de los
ciudadanos, actúan como secuestradores comunes amparados en su autoridad, no
hay ley sino la de la fuerza bruta, no hay otra instancia sino la de la
voluntad de los esbirros que golpean, insultan y amenazan al abducido.
Y
cuando el ciudadano acude a los órganos institucionales para hacer su denuncia,
ésta queda en simple declaración, ya que no existen pruebas y las autoridades
no hacen el menor esfuerzo para iniciar una investigación; esa desaparición
queda sin castigo.
En la reforma que se le hizo al Código Penal
Venezolano el 20 de Octubre del 2000, en el artículo 181-A, dice: “La autoridad pública, sea civil o militar,
o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su
libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar
información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida,
impidiendo el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales,
será castigado con pena de quince a veinticinco años... El delito establecido en este artículo se
considerará continuado mientras no se establezca el destino o ubicación de la
víctima. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea civil,
militar o de otra índole, ni estado de emergencia, de excepción o de
restricción de garantías, podrá ser invocada para justificar la desaparición
forzada. La acción penal derivada de este delito y su pena serán
imprescriptibles, y los responsables de su comisión no podrán gozar de
beneficio alguno, incluidos el indulto y la amnistía…”
Todos sabemos que si algo sale mal durante esta desaparición forzada, si
por mala suerte, la victima muriese, bien sea por un accidente o por los malos
tratos, la desaparición se convierte en permanente, el cuerpo de la víctima simplemente se esfuma, o lo dejan tirado
en el puesto de emergencia de algún hospital.
Es un delito terrible pero muy utilizado dentro de los cuerpos de seguridad
de estado de este gobierno del Presidente Maduro, quien sabe de estas prácticas
y las apoya con su silencio; es practicado con deleite por el llamado
“Carnicero de Valencia”, el gobernador del Estado Carabobo, Francisco Ameliach,
militar exgolpista y cabecilla del PSUV, quien se ha distinguido por propiciar
y apoyar tales procedimientos inhumanos, e incluso, los anunció públicamente en
la amenaza contra los estudiantes que protestan en la entidad bajo su cargo.
Venezuela ratificó el llamado Estatuto de Roma el 7 de junio del año 2000
que corresponden al reconocimiento de los crímenes de derecho penal
internacional, y aunque mucho de esos delitos no están aun tipificados en nuestra
legislación, abre los caminos para poder determinar responsabilidades
internacionales a quienes cometan actos contra la humanidad en ataques
generalizados o sistemáticos en contra de la población civil.
Ese organismo infame de torturadores y violadores llamado el SEBIN
(Servicio Bolivariano de Inteligencia), y que más temprano que tarde tendrá que
ser investigado a profundidad y los responsables de las desapariciones
castigados, ha vuelto a secuestrar a dos ciudadanos, al estudiante y dirigente
estudiantil Saúl Utrera y a su abuela, la señora Alexis Helena Cabello, los han
retenido incomunicados por 96 horas en sus instalaciones y finalmente puestos
en libertad sin ningún cargo en su contra.
Este organismos de inteligencia es el mismo que custodia los aeropuertos
del país y que se ha dado a la tarea de detener a ciudadanos venezolanos en
tránsito por las instalaciones y los desaparece, en una nueva modalidad de
secuestro “express” como método para inducir terror entre los opositores del
régimen, les retiene su documentación, le revisan el equipaje y les hace perder
tiempo, muchas veces sus vuelos, ante la angustia de familiares y allegados a
quienes les imposible contactarlos por varias horas.
¿Por qué la Defensoría del Pueblo no actúa ante estas prácticas fascistas
sabiendo que son noticia criminis?
¿Por qué la Fiscalía no investiga estos abusos de poder?
Es absolutamente inaceptable que un gobierno, que se dice humanitario,
lleno de amor, se dedique a solventar la paz social a fuerza de violaciones masivas
de derechos humanos, sobre todo incomunicando a las víctimas, a sus familiares,
a quienes podrían prestarles asistencia médica o jurídica, a la opinión
pública, al país todo en un infame bloqueo comunicacional, para que no se
conozcan sus desafueros.
Esta lección que el país nacional está recibiendo en carne viva, sobre la
salvaje naturaleza del socialismo radical, no debe ser olvidada. Maduro y sus
cohortes de torturadores y violadores de derechos humanos tienen que responder
a la justicia nacional e internacional; sus colaboradores y simpatizantes
tienen que responsabilizarse y aceptar el repudio de la sociedad venezolana
porque una situación parecida no puede permitirse jamás.
El silencio cómplice de países amigos, vecinos que presencian estos episodios
de horror y no levantan sus voces de protesta por conveniencia e intereses, son
cada vez menos, la naturaleza horripilante de estos hechos son inaceptables aún
para quienes se benefician de las prebendas del gobierno bolivariano, que ven
la dignidad humana pisoteada en nuestro continente.
Muchos de los mandatarios de estas naciones, pasaron por esta ordalía
escenificada por gobiernos fascistas y se recuperan todavía con mucho esfuerzo del
daño causado, ellos mejor que nadie deberían levantar sus voces de protesta.
Los venezolanos estamos aprendiendo, por la hosca vía de la realidad real,
que la solidaridad latinoamericana se reduce a expresiones retóricas, a
sentimientos edulcorados con canciones sobre desparecidos, pero que al momento
de la defensa de la libertad y los derechos del hombre, voltean la vista a un
lado y callan, mantenerse indiferentes, paga más que denunciar porque quieren
estar bien con los “camaradas” socialistas, así éstos torturen y desaparezcan,
igual o peor que los odiosos regímenes de derecha, que se parecen mucho a éste,
que ahora subyuga a Venezuela. – saulgodoy@gmail.com
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