El tribunal golpista

Una república que permita que un órgano del estado, cualquiera que este sea, judicial, ejecutivo, legislativo, moral o electoral se imponga sobre la soberanía popular deja de ser república, no importa si ese órgano tiene el remoquete de “supremo” y aún menos si se pretende estar haciendo “justicia” robándole al pueblo su capacidad de decisión.

Es de sentido común y un acto de autoprotección nacional, que una decisión judicial que vaya en contra de la voluntad del pueblo expresada en elecciones libres y generales, avalada por el órgano electoral, aceptada públicamente por el poder ejecutivo y teniendo como testigos a la comunidad internacional, sea desconocida y rechazada de manera contundente por el país.

El Tribunal Supremo de Justicia en una sentencia que a todas luces está fuera de sus atribuciones, que no es jurídica sino política, siguiendo instrucciones del partido de gobierno con el apoyo del poder ejecutivo, con el sólo fin de destruir el estado de derecho para hacer imposible la rendición de cuentas de un gobierno felón, pretende inhabilitar la autonomía de la nueva Asamblea Nacional desconociendo a los diputados que representan al Estado Amazonas, parlamentarios pertenecientes a etnias indígenas, que ganaron las elecciones y fueron proclamados por el CNE, violando los procedimientos, lapsos y jurisdicciones ha puesto la legitimidad de toda la Asamblea en entredicho.

La reacción a tal ataque en contra de la soberanía nacional, ha sido unánime al condenar la intromisión del poder judicial en las competencias del poder legislativo, la intención es clara, quieren anular al parlamento y que el TSJ y el presidente de la República asuman sus tareas.

Pero no contaban con la rápida reacción de la opinión pública nacional e internacional condenando de manera categórica este golpe de estado, cuya única solución consiste en la inmediata destitución de los magistrados que conforman dicho órgano y ser pasados a los tribunales ordinarios para que se les juzgue bajo cargos de alta traición a la patria, que los responsables de tal maniobra para la destrucción de la república y sus más caros principios, sean objeto de las máximas penas debido a que actuaron desde un poder constituido, en flagrante violación al mandato que recibieron y contrario al interés nacional.

Sólo de esta manera podrá ser preservada la integridad física y jurídica de la república.

Un intento como éste, de violación de la soberanía nacional por parte de uno de los poderes públicos, no puede quedar en la simple retórica ni en una reprimenda, los que maquinaron tal acción son enemigos de la democracia, peores que unos golpistas porque están trabajando desde adentro de una de las más importantes instituciones del estado como lo es el TSJ, al que el PSUV intervino de manera ilegal, violando todos los procedimientos, para colocar en su seno a simpatizantes y militantes del partido de gobierno y con el claro objetivo de desconocer a la máxima autoridad de una república: la voluntad popular debidamente expresada.

El pueblo habló y designó sus diputados, si se le permite a las instituciones republicanas intervenir para modificar, anular o desconocer tal mandato, se  con la regla fundamental de convivencia en una nación-estado, permitirlo sería desatar la anarquía y el desacato a la norma constitucional, donde en su primer artículo se establecen los derechos irrenunciables de la nación, entre ellos el respeto a la voluntad popular.

El pueblo de Venezuela en su deber de sostener y coadyuvar a la existencia de la república debe, no solo repudiar de la manera más vigorosa posible el intento inconstitucional e inmoral del TSJ espurio, que pretende desplazar la voluntad popular como centro de gravedad de la nación venezolana y proclamarse, por encima del pueblo, como árbitro de su destino, sino que debe restablecer el equilibrio que se quiere romper por parte de fuerzas antidemocráticas que pretenden someterlo.

Ninguna revolución puede estar por encima de la voluntad del pueblo, si los intereses de los socialistas bolivarianos anteponerse a los de la nación, si aceptamos que por una única voluntad o la de un pequeño grupo, la nación entera deba someterse a sus designios de un tribunal golpista, entonces habremos perdido la libertad, y este intento del TSJ , de desconocer a los diputados electos de la manera tan irregular e ilegal como lo viene haciendo, es un claro indicio que el actual gobierno abandonó el camino institucional y democrático.

Lo más probable es que a partir de este momento el gobierno de Nicolás Maduro, que ya tiene serios indicios de su ilegitimidad de origen y desempeño, se ponga aún más fuera de la ley, que se inicie un proceso de destrucción de lo que queda de la institucionalidad y se declare la dictadura militar chavista, con el propósito definitivo de instaurar un régimen castrocomunista en el país, al servicio de los intereses del narcotráfico, del terrorismo, de  subversión armada continental y del  gobierno extranjero, explotador y colonialista de Raúl Castro en Cuba.

Alerta Venezuela entera, el pueblo ha expresado claramente su voluntad de que quiere cambios en paz, dentro de la constitución, si el gobierno niega esa posibilidad solo queda la aplicación del artículo 333 de la Carta Magna, lo que necesariamente implica la movilización masiva del pueblo en la calle para restaurar su derecho a la autodeterminación y a tener un futuro en libertad.  –       saulgodoy@gmail.com