En defensa de la Constitución

La República de Venezuela tiene una Constitución, que fue elaborada y aprobada por una Asamblea Constituyente bajo la Presidencia de Hugo Chávez, revolucionario comunista que fue el primero en juramentarse bajo su puesta en vigencia en el mes de julio del año 2000, igualmente se eligieron los miembros al parlamento unicameral bajo la nueva Constitución, que fue aclamada como “la mejor del mundo, la más avanzada” por el mismo gobierno bolivariano.

Es la misma Constitución que nos rige hoy en día, con la diferencia que el gobierno revolucionario comunista, ahora en manos del “hijo de Chávez” el indocumentado Nicolás Maduro, la viola todo los días para poder ejercer el poder, que no es lo mismo que gobernar.

Dicho esto, vamos a retroceder la película para entender el terreno que pisamos, esa nueva Constitución no surgió de una chistera de mago, ni fue un producto espontáneo de unos genios constitucionalistas, fue decantada principalmente de su antecesora la constitución de 1961. Promulgada durante la presidencia de Rómulo Betancourt, fue una constitución esencialmente estatista, que afirmaba los derechos del Estado por encima de los derechos ciudadanos, de carácter social en el sentido que regulaba las prestaciones del estado hacia los diferentes grupos sociales, adelantaba la modernización del estado bienestar situando al estado como garante de la seguridad social de sus ciudadanos, presidencialista, dándole el rol protagónico y de más poder a la oficina del Ejecutivo, fue una constitución muy de la época con un marcado acento socialista.

Con la Constitución del 2000 los revolucionarios bolivarianos intentaron penetrarla con elementos marxistas, sobre todo en el asunto de darle prioridad a la colectivización de la organización social y de marcar el acento en la participación directa y protagónica del pueblo, en su carácter de sujeto del que deviene la soberanía.

Y me detengo un momento en analizar este punto porque la Constitución de 1961 trató, desde el campo socialista, de modernizar el estado, haciendo hincapié en el método representativo en la toma de decisiones, tratando de fortalecer a las instituciones para que en nombre del pueblo, del soberano, hubiera cierta organicidad en el flujo del poder, y se escogió el método vertical de transmisión de voluntad política, el pueblo elige a sus representantes y estos actúan en su nombre.

Esta concepción del estado nace de las doctrinas elaboradas por el inglés (irlandés) Edmund Burke, quien le daba un rol definitorio en la política de estado, al Parlamento, como el legítimo representante de la nación, una postura muy en boga en el mundo, en los tiempos en que esta constitución fue elaborada.

Pero debido a su espíritu revolucionario-marxista, el chavismo, como fuerza ideológica comulgaba más con las concepciones rousseaunianas que le tenían enorme desconfianza a las agrupaciones corporativas que asumían las representaciones políticas de sus miembros, las oligarquías, y que creía en la democracia directa, a la usanza de las viejas repúblicas griegas donde la gente se reunía en el foro a deliberar y todos participaban levantando la mano.

Pero en la práctica ocurrió lo contrario, el gobierno chavista debido a su naturaleza autoritaria y totalitaria, y a pesar de las buenas intensiones plasmadas en el nuevo texto constitucional, rechazaba la participación popular, evitaba a toda costa elevar consultas al pueblo, excepto cuando sabía que podía ganar el plebiscito o cuando necesitaba el show, la puesta en escena de gente deliberando y proponiendo para beneficio de las cámaras y de su aparato de propaganda.

La verdadera forma de gobernar del chavismo estaba muy alejado de la idea de Rousseau quien consideraba al individuo libre de sumar su voluntad individual al del colectivo para generar la voluntad popular, el chavismo es un modelo más cercano al absolutismo oriental bien del Emperador y el sistema de Mandarines al que Confucio, que con sus Analectas dictó principios de obediencia en la antigua China, o a los sultanatos y califatos del Medio Oriente que tuvieron en el Sátrapa la figura fundamental en las operaciones de poder.

Esto es así, porque toda la filosofía política del marxismo necesariamente desemboca en la tiranía del hombre fuerte del régimen, del líder indiscutible quien gobierna al lado de la Gran Asamblea Nacional quienes son los representantes directos del pueblo y conjuntamente manejan la soberanía nacional, esa es la estructura de poder en todo régimen comunista.

El gran problema del chavismo en Venezuela es que nace dentro de una concepción de un estado liberal democrático de gobierno, constitucional, lo que significa que todos los actos del gobierno deben estar circunscritos a la letra de la ley, que lleva implícito la necesidad de una mayoría parlamentaria como expresión de la soberanía popular, pero es justamente esa idea de ese parlamento que viene desde los tiempos de Rómulo, la gran piedra de tranca del chavismo.

Mientras ellos tuvieron mayoría parlamentaria el presidente hizo y deshizo, ambas voluntades, la del poder ejecutivo y la del poder legislativo eran unánimes, coincidían en todo, lo que el líder le pedía al parlamento el parlamento lo aprobaba, le dio las leyes que necesitaba, incluso poderes extraordinarios, borrachos de poder quisieron cambiar la constitución por métodos irregulares (presentaron un referéndum donde se modificaban 69 artículos de la Constitución, el cual fue rechazado por el pueblo en el 2007), de hecho, hay algunas leyes, como la Ley Orgánica de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana que contra viento y marea fue aprobada en ese parlamento de mayoría chavista en el 2008, una ley inconstitucional que modifica sustancialmente dos artículos de la Constitución Nacional (art. 228 y 229) y que al día de hoy, a pesar de que la hacen pasar por vigente, es nula e inaplicable, carente de toda legalidad.

Pero la actuación más bochornosa y en contra de todo criterio democrático y de respeto al estado de derecho, fue la actuación del Diputado Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional, en la última sesión de la Asamblea Nacional que terminaba su período en diciembre del 2015, tras una derrota electoral sin precedentes donde el partido de gobierno, el PSUV, pierde de manera abrumadora el control del parlamento.

En esa cuestionada actuación, la bancada oficialista nombra a la carrera, sin respetar los términos de ley, sin hacer caso a los procedimientos, violando las formas, irrespetando los requisitos exigidos por ley, a los que son hoy los nuevos magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia.

En esa actuación quedaba más que claro, que el gobierno chavista ni siquiera honraba la supuesta concepción rousseauniana del parlamento, era simplemente un instrumento más del poder en manos de un claque que hacía su voluntad a espaldas del pueblo, porque esos parlamentarios que se confabularon para nombrar a esos magistrados, no estaban representando a ningún pueblo, ni estaban pensando en el interés general.

La razón más directa, la más importante de las consecuencias del ejercicio del poder político es sin duda alguna gobernar, si se utiliza el poder político para otra cosa, para usufructuarlo y enriquecer a los políticos y su entorno, para favorecer otros intereses aparte de los nacionales, para proteger o extender los dominios de unas mafias o carteles de drogas, para obtener fines de organizaciones internacionales en otros países, indudablemente no se está gobernando.

Pero, ¿Qué es gobernar? Para unos es ejecutar las decisiones del pueblo, en forma de programas y planes que se presentaron en las campañas electorales y que la gente votó para que se tradujeran en realidades, los chavistas vendieron varios Planes de la Patria y ninguno se ha cumplido, todo lo contrario, sus metas de hacer al país próspero, independiente, autosustentable, feliz, como tanto le gusta esa etérea condición, no se ha alcanzado, y por la situación actual, no se alcanzará en el futuro próximo, todo lo contrario, la gestión de gobierno del chavismo, lo que hizo fue arruinar al país, hacerlo más pobre y dependiente, más inseguro.

Lo más inaceptable de esta situación es que el gobierno ha hecho más difícil para los ciudadanos poder medir las ejecutorias del gobierno, principalmente porque el gobierno no informa, no consulta, no hay manera de que presente balance y se haga responsable de las consecuencias de sus actos administrativos; cualquier ciudadano afectado por alguna medida que tome o no el gobierno, no encuentra quien pueda responder por esos resultados, no hay interlocutor, menos aún reparación del daño o del derecho violado, lo que probablemente resulte de un reclamo de esta naturaleza sea represión, castigo, persecución.

Gobernar, o eso que llaman “buen gobierno” son acciones administrativas que inciden en la esfera pública de las sociedades organizadas para ayudar a que se perfeccionen no sólo las instituciones del estado que prestan algún servicio, sino también a la sociedad civil organizada, a la libre empresa, a sus organizaciones de apoyo, ONG’s, fundaciones, grupos de investigación o educación, gobernar en el mundo actual está relacionado con más y mejor democracia lo que implica no solo cuidar las libertades ciudadanas sino mejorarlas, que sean cada vez más amplias y que estén organizadas hacia una metas de desarrollo, que la economía funcione lo mejor posible en medio de oportunidades y variedad de mercados, coadyuvando a las empresas para que generen puestos de trabajos, riqueza, una buena base impositiva, reglas claras y un ambiente de seguridad y respeto a la ley.

Gobernar significa dignificar al ser humano, que reine el respeto y la cordialidad entre los ciudadanos, que se les eduque en los mejores principios y valores, que se minimicen los problemas sociales, principalmente la pobreza y la ignorancia, en pocas palabras, gobernar es mantener un ambiente de libertades y justicia, capaz de promover oportunidades, innovación y cultura.

Una cosa es gobernar mal, ser inepto en la consecución de las metas consignados en los programas y planes de gobierno, pero otra cosa es no gobernar, y vuelvo a mi idea fundamental, gobernar es ocuparse de la sociedad que lo ha elegido para elevarla de su actual condición a una mejor, pero si se ocupa de otras cosas, si llena las cárceles de presos políticos, si lo que hace es hacer quebrar a las empresas, ahuyentar la inversión, favorecer la corrupción, si lo que pretende es internacionalizar una ideología, financiar la subversión y el narcotráfico, mantener económicamente a otros países a costa del sufrimiento de la población, si su tarea es pelear en contra del Imperio, combatir al capitalismo, manejar el precio mundial del petróleo, sostener intervenciones en asuntos internos de otras naciones, entonces no está gobernando, hay una ausencia absoluta en el cargo para el cual el soberano le dio el poder político.

Nicolás Maduro no ha ejercido el mandato del pueblo en las tareas de gobierno de Venezuela, es más, ganó esa designación mintiendo y engañado al soberano, haciéndose pasar por quien no es, y en el ejercicio de su cargo, lo que ha hecho es desgraciar el buen nombre del país y del gentilicio de los venezolanos, sus acciones van en contracorriente al espíritu democrático e incluso, suspendiendo indefinidamente los actos electorales en el país, acallando la voz del soberano e impidiendo que la voluntad popular se manifieste libremente, ha roto de manera definitiva el hilo constitucional.

Es suficiente razón para que los representantes del soberano reunidos en el Parlamento y de acuerdo a la Constitución vigente, sobre todo por el imperativo del artículo 350, procedan a enjuiciarlo por abandono del cargo.

Bajo esta perspectiva, el peor error de la actual Asamblea Nacional es seguir reconociendo como legítimo a ese TSJ nombrado sin cumplir los extremos legales, no se puede tomar como un hecho jurídico y político tal actuación, sin burlarse de toda la institución parlamentaria en la historia de la humanidad, no puede la oposición basar sus actuaciones políticas y legislativas en sentencias que provienen de un órgano viciado de origen, manipulado y comprometido con el crimen, sin insultar la inteligencia de los venezolanos.

El TSJ es simplemente una herramienta oprobiosa de dominio judicial sobre la sociedad venezolana, manejada políticamente por el Ejecutivo Nacional que a su vez, es manipulado por intereses extranjeros que operan desde La Habana, Cuba, para la destrucción de la democracia y la ruina del país, es por ello que celebro que la Asamblea Nacional haya retomada su iniciativa de seguirle el juicio político al indocumentado Nicolás Maduro, y que en esta oportunidad, haya lugar a una decisión que dignifique a la patria.  -   saulgodoy@gmail.com