¡Upss!

¿Alguien podrá explicarme como una Sala Constitucional de un Tribunal Supremo de Justicia, que sin duda debería estar conformada por expertos en materia de derecho constitucional, por abogados que tendrían como primer propósito defender la integridad y vigencia de la Constitución, pudieron haber elaborado dos sentencias, donde en definitiva se “echan al pico”, acaban de una vez por todas con el estado de derecho de un país, desbaratando de un plumazo la separación de los poderes y desconociendo la soberanía nacional?

Y que luego de un escándalo mayúsculo, de señalamientos internacionales y acusaciones de golpe de estado, de un pronunciamiento frontal de rompimiento del hilo constitucional por parte de la Fiscal General de la República, venga el gobierno a decirnos que se trató simplemente de una controversia entre poderes, de desequilibrios y conflictos, expresión de un dinamismo y pluralidad de “los estados constitucionales democráticos”, tratar de hacer ver que el Presidente de la República no sabía nada de la acción de la cabeza del máximo tribunal de la República, que hasta los momentos venía actuando como bufete de abogados privado de quien se dice Presidente de la República, para atacar y desmontar la institucionalidad de la Asamblea Nacional, me parece una versión de los hechos que amerita de una gran dosis de ingenuidad.

Mikel Moreno, Presidente del TSJ

Cerca de 50 sentencias del TSJ producidas por unos magistrados designados a dedo por el PSUV en contra de la Asamblea Nacional, ratifican la voluntad y el propósito de anular las actuaciones del único poder elegido por la voluntad popular, por el soberano, lo que indica, que ese Tribunal Supremo de Justicia no sólo tiene como estrategia destruir la competencia y viabilidad de ese poder independiente, sino que también se propone desconocer la voluntad general, al pueblo de Venezuela, que con más de 14 millones de votos llevó a esos diputados a los cargos que ostentan en el poder legislativo.

Y si a esto agregamos la perentoria necesidad que tiene el Ejecutivo Nacional de sacar a la Asamblea Nacional de las decisiones para adquirir empréstitos y operaciones de crédito que implique la cesión de importantes propiedades de la nación, incluyendo la transferencia de propiedad del subsuelo para empresas foráneas de petróleo y minería, se entiende que parte del juego inmoral de la Presidencia, en contubernio con el TSJ, sea sacar del juego de poder a la AN.

De modo que observamos una tendencia reiterada y constante de intromisiones, bastante cuestionadas en su legalidad, para que la voluntad del inquilino de Miraflores prevalezca a toda costa, lo cual es claramente inconstitucional y antidemocrático.

Diputados de la Asamblea Nacional

Y a pesar de que nuestra representación en la AN no es la más idónea, ni la más brillante y capaz, son nuestros diputados, votamos por ellos y aún a pesar de sus incontables errores de apreciación, de su desmedida voracidad por el poder, de su equivocada percepción que primero están las intereses del partido que los intereses de quienes votaron por ellos, son nuestros idiotas morales, y los pusimos en esos cargos con la ilusión de que serían honestos, responsables y actuarían con inteligencia, no lo han sido, pero ese es nuestro problema, no del Ejecutivo, no del TSJ, no del PSUV, no del CNE.

Gracias a la voluntad del pueblo tenemos la actual AN, ningún otro poder tiene la facultad ni el mandato de interferir en sus actuaciones, de imponerles comportamientos, ni reglas que no sea las que dicta la constitución y las leyes, si en algún momento esos diputados actuaron en detrimento de sus propios fueros y facultades fue un error personal y\o colegiado que en algún momento tendrán que responder ante sus mandantes que es el pueblo soberano de Venezuela, de ninguna manera se puede permitir que un magistrado con antecedentes penales, que no tenía la calificación necesaria para ocupar dicho cargo y que fue impuesto a dedo por un grupo perteneciente al partido de gobierno, apenas minutos antes de que terminara su ejercicio como diputados, se erija como la autoridad supra constitucional para disolver el estado de derecho y el sustento institucional de la república.

Las decisiones 155 y 156 del TSJ, que son sentencias judiciales, no pueden de ninguna manera disculparse como simples “puntadas” de unos magistrados incapaces actuando de buena fe, esas sentencias borraban de un solo golpe a uno de los poderes públicos más importantes de la República, el TSJ  se arrogaba sus atribuciones, y descartaban al poder popular, al soberano, que es el pueblo de Venezuela, como el máximo garante de la institucionalidad en nuestro país.

Dentro de la lógica torcida y de las actuaciones delincuenciales del actual TSJ, ese era el paso a dar para instaurar en el país un estado totalitario, declarando al Presidente de la República como la autoridad máxima, ya no un igual entre iguales, sino a un tirano de poderes absolutos.

Y al parecer dentro de esta idea de destruir la constitución y las leyes por medio de sentencias espurias para imponer una tiranía, estaban involucrados una serie de personajes e instituciones como las FFAA y su alto mando, el resto del Poder Moral y el mismísimo presidente en funciones.

La decisión se dio, fue hecha pública y de inmediato se desató un inmenso rechazo mundial, que terminó en un pronunciamiento del Poder Público encarnado en la Fiscalía General de la Nación, acusando al acto como ruptura del hilo constitucional, lo que evidencia que no todo está funcionando como debería dentro de la monolítica estructura de la revolución.

De nuevo, el problema no es que el TSJ se haya equivocado, el problema es que las instituciones no puede estar en manos de gente irresponsable y no apta para el cargo, es como si pusiéramos a un narcotraficante encargado de la agencia antidrogas del país, o a una persona vinculada con el terrorismo internacional como vicepresidente, o a un nacional extranjero como Presidente de la República, o a un lavador internacional de dinero como nuestro representante en la ONU, en la presidencia del Tribunal Supremo de justicia no puede estar una persona con antecedentes penales que a la primera oportunidad emite una sentencia en contra de la razón de ser de su cargo, y anule la constitución como excusa de defender el estado de derecho, esa persona no solo carece de los más elementales principios morales para ocupar dicho cargo, sino que se ha consagrado como un enemigo de la democracia y la constitución, esas personas no puede permanecer en el ejercicio de sus funciones como magistrados, sin que la república corra el peligro sobre su propia seguridad, a riesgo de destruir o dañar la institucionalidad.

Los magistrados que avalaron la sentencia demostraron un supino desconocimiento del fondo y las formas del derecho en democracia, no tienen la menor idea para que fueron nombrados en sus cargos, no tienen ni la intención ni la capacidad para ejercer sus delicadas funciones ni el compromiso de hacer justicia, entonces ¿Porqué siguen en sus cargos? ¿Por qué no ha declarado la Asamblea Nacional los cargos vacantes, y llamado a un nuevo concurso de credenciales? ¿Porqué el Consejo de Defensa de la Nación ante este grave ataque a la seguridad e integridad de la república no reaccionó abriéndole un procedimiento a los involucrados en tan delicado hecho?

Me da la impresión que este gobierno de Maduro es visto mundialmente como una administración improvisada, irresponsable y de muy baja calidad, ya nosotros, los ciudadanos tenemos una mega dosis de medidas administrativas y actos de gobierno que resultan haciéndole daño a la población, creando inseguridad y desconcierto en la paz pública, empezando porque sus funcionarios actúan no solo con una discrecionalidad absoluta, al margen de cualquier ordenamiento legal y con un desparpajo que raya en lo vulgar, sino principalmente, porque no hay manera de que rindan cuentas, de que se hagan responsables de sus decisiones y que sus actos tengan consecuencias ante la justicia, lo que los lleva a vivir en la impunidad, cosa que es muy peligrosa, sobre todo cuando se hacen negocios con otros países y otros intereses.

No importa si las sentencias del TSJ fueron hechas a motu proprio o fue el resultado de presiones de sectores radicales del partido de gobierno, o fue un pedido del presidente de la República, el asunto es que el TSJ perdió majestad y autoridad, con cada minuto que permanezca esos magistrados en funciones, aumenta la desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones, se incrementa la percepción de riesgo-país entre los socios y aliados del gobierno, la seguridad jurídica en Venezuela cae en picada, y la seriedad y compromiso del gobierno con sus responsabilidades, se hace cada vez más precaria.  -   saulgodoy@gmail.com