La ira social

El chavismo está utilizando el concepto de crímenes de odio para protegerse de la ira social que sus actuaciones y pensamientos están produciendo en el pueblo de Venezuela, quienes son los que sufren las consecuencias de sus políticas violatorias de sus derechos fundamentales, crímenes de lesa humanidad, censura contra la libertad de expresión, derecho a la información, derecho a la legítima defensa y una falta absoluta de instituciones que defiendan al ciudadano en contra de los abusos de autoridad y violencia política que el gobierno chavista practica en contra de quienes considera sus enemigos.

Recurrir a legislar sobre crímenes de odio de manera unilateral, usurpando las funciones de la AN y con un sesgo de ventajismo político es una coartada inaceptable y cobarde por parte de un gobierno que no ceja de hacerle daño al pueblo, torpedeando sus posibilidades de vida y oprimiéndolo con la violencia más descarnada para doblegar su voluntad y hacerlo su esclavo.

El estilo de vida de muchos funcionarios del gobierno de mediano y alto rango, incluyendo militares, que consiste en hacer gala de sus fortunas mal habidas, de sus derroches de dinero y poder, de niveles de consumo y gastos que son un insulto a la población que carece de los mínimos recursos para sostener sus familias con cierta dignidad y decoro, llegando incluso, a que el espectáculo inhumano de gente comiendo de la basura en la calle, se haya convertido en una escena cotidiana en nuestras principales ciudades.

Esto, combinado con la hipocresía de los mensajes del gobierno, supuestamente socialista, que dice velar por la igualdad de oportunidades para los ciudadanos, que combate la pobreza, que critica la vida de los burgueses y de los ricos, que predica la justicia social, no hay sino que tener dos ojos, para percatarse del contraste con el tren de vida que muchos empleados públicos cercanos al poder, se dan en sus viajes al exterior, con la cantidad de privilegios con que abofetean al hombre de la calle, con sus lujosos autos, guardaespaldas, comitivas, derroche de lujo en sus misiones, desmedidos recursos en viáticos y gastos de representación.

No contentos con esto, sus vidas privadas transcurren en mansiones que están fuera del alcance de sus supuestos sueldos de funcionarios del estado, haciendo vida social en costosos restaurantes, vestidos con ajuares de la última moda, luciendo costosas joyas, haciendo opulentas reuniones sociales que publicitan en prensa y redes sociales, enviando a sus hijos a estudiar en costosos escuelas privadas, viajando en jets privados o que pertenecen a la nación.

No hay que ser un adivino ni un analista social para predecir el malestar que se crea en el pueblo llano, ante la grosería de ostentar tales estilo de vida en medio de una de las crisis económicas y sociales más profundas y peligrosas de nuestra historia, crisis que se traduce en necesidad, hambre, carestía, desabastecimiento, desempleo, enfermedades y una absoluta falta de servicios públicos, que pudieran compensar tales desequilibrios causados por el modelo económico socialista, que quieren implantar contra viento y marea en nuestro país.

Ese malestar social se traduce en ira, una de las respuestas biológicas más comunes en los seres vivos, y que determinan el comportamiento violento  de personas humanas ante situaciones de provocación, reto, abuso de autoridad o simplemente insulto, estas situaciones de conforman en un complejo mundo simbólico y de interacción entre individuos en donde muchas veces juega la diferencia de clase, de ideología, de raza o religiosa.

Ante lo que se considera un insulto a la dignidad de los ciudadanos, que ven los recursos de la nación malgastados en complacer vanidades y gustos de quienes supuestamente deberían estar trabajando para resolver los acuciantes problemas del país, que piensan, que por causa de esos excesos, es que no hay dinero para las medicinas, alimentos, materias primas o empleos en el país, la respuesta humana será el reclamo, la acusación, el señalamiento en público y de manera airada.

Para un régimen autoritario y militarista que resuelve todo con el castigo y la violencia, la respuesta natural será la de normar la situación por medios de leyes que amenacen al perpetrador del reclamo con represión, o un proceso judicial sin garantías; criminalizar la protesta ha sido el comportamiento usual del régimen chavista desde que asumió el poder, a cualquier protesta en su contra, y esa protesta tiene varias manifestaciones, una de las cuales es el reclamo público a los funcionarios de sus errores, incumplimientos o extravagancias en sus maneras de comportarse, el que se registre el momento con cámaras y se ponga luego a rodar las imágenes o el video en las redes sociales, es una manera de estigmatizar a los violadores de la ley a sabiendas que las instituciones que le corresponden velar por la probidad de estos funcionarios, llámense contraloría, fiscalía, tribunales de justicia están todos al servicio del régimen y se tapan unos a otros, este exhibicionismo enfermizo de riqueza mal habida.

Sería una versión de la nunca bien ponderada “contraloría social” que el chavismo exigía del pueblo al momento de medir la eficacia del desempeño de sus funcionarios e instituciones, era una de las formas de “participación” y “protagonismo” que recetaba la doctrina del Socialismo del Siglo XXI para que el soberano se involucrara directamente en los asuntos de estado.

Nunca se imaginaron los chavistas que el desastre de su administración sería tan monumental como para arruinar a un país petrolero y llevarlo a ser recipiendario de la ayuda humanitaria, de causar un éxodo tan grande de venezolanos por el mundo, de crear una profunda ira social en contra de quienes son los responsables de tal debacle.

Pero los chavistas tiene la piel muy fina, no resisten los embates del malestar social que ellos mismos han creado y pretenden esconderlo bajo la alfombra con sus leyes en contra del odio, o más bien deberíamos llamarlo, leyes en contra de hablar o mirar feo a un chavista cuando éste se exhibe.

Lo que sucedió el 12 de abril del 2002 durante la enorme confusión generada por el arresto de Chávez y la breve toma del poder de Carmona, donde la gente salió a la calle buscando a los más connotados chavistas para cobrarles sus fechorías, ha debido ser un claro indicio de que la forma de gobierno chavista de violencia y discriminación al por mayor, no era la manera correcta de ejercer el poder, y de hecho, una vez retomado el control del país, el chavismo pareció darse cuenta de la cosecha de odio que había sembrado y pareció querer cambiar su estilo, pero eso fue un pestañeo, al poco tiempo la misma vanidad y prepotencia volvió a ser la manera usual del gobierno de comportarse con su pueblo, de hecho, empeoró.

Un gobierno que es capaz de cometer el fraude electoral para la elección de la Constituyente comunal, que persiste en desbancar la economía a pesar de que todas las luces rojas están encendidas, de utilizar a las FFAA para reprimir al pueblo como lo han hecho y de utilizar todos el poder para cerrar medios de comunicación y poner presos a los más conspicuos políticos de la oposición, es un régimen que ya no necesita de excusas o coartadas, esa ley en contra del odio social no es más que una nueva ley mordaza, un afincamiento en las leyes que ya existen que criminalizan la protesta, un nuevo nudo para estrangular el derecho a la libre expresión.

Un gobierno que se vea en la necesidad de crear leyes especiales para proteger a sus funcionarios del rechazo social, es un gobierno en apuros, es el reconocimiento más patético a su impopularidad, y es el gesto de mayor debilidad de su supuesta autoridad moral, lo que indica, que ya el gobierno necesita de la fuerza para mantener su legitimidad que se logra primero, en la buena voluntad y el respeto del pueblo al que dicen representar.

Las leyes contra el odio son un asunto muy delicado en las sociedades desarrolladas, tienen una razón de ser, no son una excusa o una maniobra para santificar a los funcionarios de un gobierno, ni para minimizar los horrores del socialismo, dependen en mucho de la incidencia de los delitos por odio, hay que contabilizarlos pero para ello hay que definirlos, de hecho ya existen leyes en contra de las agresiones, delitos en contra de la reputación y dignidad de las personas, delitos en contra de la propiedad privada y del derecho a la intimidad ¿Por qué particularizar a un grupo social? ¿Por qué a los funcionarios del gobierno?

Quieren cometer los crímenes y que la gente los aplauda, quieren someternos y que les estemos eternamente agradecidos, nos roban y quieren felicitaciones… creo que simplemente se equivocaron de pueblo, lo que verdaderamente van hacer con estas leyes en contra del odio social es invisibilizar la ira social, creen que escondiéndola va a dejar de existir, castigando y reprimiendo creen que la gente no tomará venganza…

Cuando la crisis no se aguante, cuando la gente decida que ya basta, simplemente el país explotará, sin aviso, sin señales previas, todo será guardado como en una olla de presión sin válvula de escape para el vapor, y cuando se colme la resistencia de la sociedad, todo saltará en pedazos y ustedes ni siquiera lo verán venir.   -   saulgodoy@gmail.com