La política y el terrorismo

"…el hombre mismo violento, injusto, queda en sus propios lazos enredado: la iniquidad se vuelve casi siempre contra su mismo autor: gozar no puede de una vida pacífica y tranquila el que viola los sociales pactos.”

De la Naturaleza de las Cosas, Lucrecio

La lucha por el poder implica compromisos y sacrificios, ¿hasta dónde pueden llegar los hombres por sus ideales?... ¿o por su sobrevivencia?...  El equilibrio del terror ha sido una constante en el juego político desde el principio del estado moderno. Ya recomendaba Maquiavelo en su obra El Príncipe: “... y de aquí nace la pregunta si es mejor ser amado o temido, o temido más que amado... el amor se mantiene por una cadena de obligaciones, la cual, el hombre al ser egoísta, la rompe cuando esto le sirve a sus intereses; pero el miedo la mantiene por la amenaza del castigo que nunca falla... Pero cuando el Príncipe está con su ejército y tiene un número grande de soldados bajo su control, entonces es extremamente necesario de que no le importe ser tomado por cruel; porque sin esta reputación no podrá mantener su ejército unido o hacer cumplir sus órdenes.”

Cuando el hombre renuncia a la violencia en aras de la convivencia en un Estado de Derecho, lo que se hace es permitirle al gobierno el monopolio de la violencia institucional; de manera que el Estado es el único autorizado para mantener un equipo de hombres y materiales específicamente para ejercer la violencia cuando sea necesario, de acuerdo a las leyes, a ello responde la existencia de las policías y los ejércitos.

El orden se mantiene, entre otras cosas, por la presencia efectiva de órganos jurisdiccionales que administran la justicia, acompañados por órganos represivos que ejercerán la violencia cuando sea necesario; de hecho, las normas legales de una nación funcionan porque tienen el poder de disuasión o sea la capacidad de obligar a los ciudadanos al acatamiento de la norma por medio del uso controlado de la violencia.

Max Weber veía al Estado como: "El mandato del hombre sobre el hombre basado en el medio legítimo, o supuestamente legítimo, de la violencia".

De hecho hay estudiosos que se refieren a la política, o más precisamente, al poder político como un tipo de violencia organizada. En este sentido Bertrand de Jouvenel nos recuerda: "¿Si no hay violencia, deja de existir el poder?, la esencia del poder es comandar, comandar y ser obedecido".

Y aún cuando es cierto que el elemento de la violencia integra la naturaleza del Estado, no es el único ni el más importante, cuando la ciudadanía acata una manera de hacer las cosas y de convivencia y lo hace por convencimiento, la violencia sobra.

Cuando un pueblo es civilizado y educado en el orden, la tolerancia, la libertad y sobre todo, la responsabilidad, el elemento amenazante de la violencia ni siquiera pesa en la cotidianidad.

Pero es justamente ese elemento de la violencia inherente al Estado el que puede salirse de control cuando los políticos que lo manejan, pierden el sentido de la justicia y el equilibrio, o peor aún, cuando quienes dirigen el estado son unos criminales que controlan las instituciones por medio de mafias, y en el ejercicio del poder priva, no el interés común, sino el propio y particular de quienes privatizan el estado, y lo conducen a satisfacer ideologías y objetivos contrarios a la voluntad de la sociedad.

En el caso del terrorismo de Estado, los tiranos y otros gobiernos despóticos, utilizan este derecho al uso de la violencia institucional para dirigirlo en contra de sus mismos ciudadanos; el caso más común y patético, es el uso de los servicios de inteligencia del Estado para perseguir opositores y espiar a quienes no estén de acuerdo con el régimen, para luego encarcelarlos, torturarlos y hasta asesinarlos.

Cuando los cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo aquellos que ocultan sus actividades en el secreto y que actúan de manera encubierta, se prestan para tales acciones, simplemente se ponen del lado de la ilegalidad y sus actuaciones pasan a ser criminales, con el agravante de haber utilizado los mecanismos que otorga la ley, de actuar en las sombras por motivos de una supuesta Seguridad Nacional.

Este tipo de situación se da por dos motivos fundamentales, o bien el estamento militar decide apoderarse del estado por medio de las armas que le fueron confiadas, o bien porque un partido político por medio de la violencia, o por la vía electoral, accede al poder y se apodera del estado para cumplir con sus propios programas y objetivos a espaldas de la constitución y las leyes, y pasando por encima de la voluntad popular, en el caso venezolano fue una combinación de ambas.

El resultado es el mismo, se privatiza el estado para que funcione en beneficio de un grupo y no de la nación entera, se convierten unas instituciones y una política de ser algo público y participativo, en una acción y unos objetivos que solamente beneficia a un pequeño grupo de esa sociedad, imponiendo unas voluntades individuales sobre una colectiva.

No hay nada más peligroso que un gobierno, supuestamente legítimo, traicione la confianza y el mandato de sus ciudadanos al utilizar mecanismos de protección y seguridad institucional para fines políticos y personales; la acción no solo conforma en delito de lesa patria sino un acto de cobardía.

Los debates sobre el terrorismo que se dieron en el seno de las Naciones Unidas, en septiembre de 1972, indican lo difícil que es definir el terrorismo. Cuando el Secretario General trató de conseguir una condena unánime a las acciones terroristas que ponían en peligro las vidas humanas y otras libertades fundamentales, un grupo de países reaccionó con contundencia.

Se alegó que si no se tomaba en cuenta las causas de la respuesta terrorista, sobre todo los esfuerzos de países coloniales y dependientes por conseguir su independencia, se violaban una serie de principios contemplados en la carta de la ONU, entre ellos la autodeterminación y las guerras de liberación nacional, en cuya búsqueda se autoriza a los pueblos oprimidos a recurrir a todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada.

El representante de Mauritania alegó: "difícilmente puede aplicarse (la denominación de terrorista) a personas a quienes se niegan los más elementales derechos humanos, dignidad, libertad e independencia y cuyos países se oponen a la ocupación extranjera... no puede culparse a esos pueblos de cometer actos desesperados que en sí son reprobables; los verdaderos culpables son más bien los que causan tal desesperación".

Fue en 1979 cuando en una resolución se condenó, por primera vez, los actos de terror, pero se refirió a los Protocolos de 1977 de la Convención de Ginebra, que buscan dar a los grupos que sostienen guerras de liberación nacional la protección de las leyes de guerra.

Finalmente en diciembre de 1985, luego de una serie de virulentos episodios de actos terroristas en el mundo, la Asamblea General, adoptó una resolución que: "inequívovamente condena, como criminales, todos los actos, métodos y prácticas del terrorismo", aunque siempre quedaron las disposiciones que disculpaban las guerras de liberación nacional y, entre sus actos, el terrorismo.

La posición contraria, liderada por los E.E.U.U., discutía que si bien en determinadas ocasiones se reconocía el derecho al uso de la violencia por parte de los pueblos oprimidos, tales empleos de fuerza debían ajustarse a las leyes  de guerra y no lesionar a civiles inocentes, incluir la captura de rehenes o implicar tortura.

Y es que, según el análisis que hace el jurista norteamericano Abraham B. Sofaner sobre el derecho y el terrorismo, hay una tendencia en la legislación internacional a tratar de excusar los actos terroristas como actos políticos, con lo cual los culpables tienen derecho a garantías y a tratamientos especiales como lo es el asilo político.

Los terroristas, una vez que cometen sus actos de violencia, buscan justificarlos y algunos tratan de legitimarlos.  Hay un cuerpo legal que se generó a partir de la Conferencia Diplomática de Ginebra sobre la Reafirmación del Derecho Humanitario Internacional Aplicable en el Conflicto Armado (1974 y 1977); en el Protocolo Primero de ésta conferencia se pretende aplicar las leyes del conflicto armado internacional a "conflictos armados en que los pueblos lucharán contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra regímenes racistas en el ejercicio del derecho de autodeterminación".

Transformar a un criminal, a un terrorista, en un prisionero de guerra es un acto de magia y lógica perversa cuando se trata de que prevalezca la ideología por encima del sentido común, del orden y la paz internacional; El Chacal, el famoso terrorista venezolano, basa su defensa en que él es un prisionero político del gobierno francés, en su caso, como en muchos otros, se pretende anteponer la condición de ser revolucionario para eximirlo de las acusaciones de ejercer la violencia, incluso contra inocentes, y que no se le juzgue como terrorista.

¿Cómo se defienden las naciones del terrorismo internacional? Según el Dr. Sofaner: "El derecho internacional reglamenta el empleo de la fuerza por un país en los territorios de otros estados, sea para capturar o atacar terroristas o para rescatar a los rehenes que allí se encuentren, o contra los estados mismos por patrocinar a los terroristas o conspirar con ellos en actividades terroristas específicas. En general, una nación no puede entrar en el territorio de otra sin su consentimiento.

De igual modo, un estado no puede detener, abordar, desviar u obstruir las operaciones de barcos o aviones de otros sin bases adecuadas. Finalmente, el empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro país está prohibida, salvo en defensa propia, y cualquier recurso a la violencia debe ser necesario y proporcional a la amenaza que encara."

Sofaner agrega que el principio de soberanía no debería de ser el único principio legal que prive cuando un país responde a los ataques terroristas y que una conducta terrorista debe ser considerada una agresión armada, un acto de guerra del país donde se originó el ataque en contra del otro estado.

El gobierno de Maduro ha demostrado en sus actuaciones que se trata de un estado terrorista, no sólo en contra de su propio pueblo, sino en contra de la comunidad internacional, de los países vecinos que tienen que sufrir de una avalancha de desplazados, que atenta en contra de la propia estabilidad de los países receptores, y al igual que el régimen de Fidel Castro, cuando se dieron las oleadas de balseros y se permitió la salida de tanta gente por el puerto de Mariel, entre abril y octubre de 1980, hacia las costa del estado de Florida, aprovechó de vaciar sus cárceles de indeseables y le pasó el problema de seguridad a los EEUU.

Nicolás Maduro y su régimen de manera pública y notoria, ya que su gobierno controla a todos estos grupos violentos y los organiza como sus milicias y fuerzas de choque, está enviando a bandas de altísima peligrosidad a Colombia, Brasil, Perú y Ecuador para que desaten la violencia y el desorden en estos países, y los vuelve a recoger por medio de unos vuelos “humanitarios” (vuelo hacia Perú de Conviasa del 27 de agosto) que supuestamente repatrían al país a una parte de la diáspora de venezolanos, que supuestamente ha sido maltratada y que quiere volver.

Maduro ha enviado bandas de criminales a cometer crímenes en otros países, se está aprovechando de que a la gran mayoría de venezolanos les niega la documentación de identificación (cédula de identidad y pasaportes) para que pasen inadvertidos por las fronteras, con toda la intención de desatar la xenofobia y la discriminación en contra del grueso de los desplazados venezolanos que huyen de su régimen, con el propósito de crear zozobra y malas relaciones entre los pueblos y gobiernos, si esto no es un acto de guerra, no se entonces como llamarlo, se trata de terrorismo puro y destilado.   -   saulgodoy@gmail.com