El desmontaje del aparato chavista

Una de las grandes preocupaciones de muchos venezolanos, conscientes del inmenso reto que tenemos por delante, una vez que el régimen caiga vencido por su propia ineficacia y estupidez, es cómo sacar de raíz el sistema chavista, para acabar de una buena vez con su perverso influjo.

Porque no es neutralizando a sus líderes como el cuento acaba, si dejamos vivos y funcionales los canales, las estructuras, las instancias, la ideología, el discurso y, sobre todo, el financiamiento, corremos con el riesgo de que, pasado el tiempo, vuelva a surgir la mala hierba para entrampar el país.

Los nombres de sus líderes, las cabezas visibles, es importante tenerlos en custodia y sometidos a penas por sus crímenes, pero las enormes cantidades de dinero que todavía existen sin localizar, en cuentas, en inversiones e, incluso, en efectivo, enterradas, en manos de segundones, de personas interpuestas, de familia, asociados y, en muchos casos, en manos de empresas, bufetes de abogados y bancos en distintos lugares de Venezuela y del mundo, supera cualquier cálculo forense y de expertos. Si no controlamos esos ingentes capitales, producto del crimen, lo más probable es que sean utilizados para hacerle daño al país en mil maneras, desde invertir en empresas legales, para blanquear el dinero corrupto, distorsionando los mercados  nacionales, hasta financiar candidatos para puestos públicos, que estén bajo el control del chavismo sobreviviente, o, peor aún, financiando acciones criminales y desestabilizadoras contra la paz de Venezuela.

Ya el sólo hecho de que se lo hayan robado, que nos hayan sustraído un dinero que estamos necesitando urgentemente en este instante, para solucionar problemas y carencias, es un daño que debemos soportar y un costo terrible para todos.

Es por ello una necesidad seguirle la pista a esos dineros distraídos de nuestros presupuestos, y llegar hasta donde se encuentran depositados; en este sentido, la comunidad internacional, diferentes gobiernos amigos, han detectado y congelado cuentas y bienes en cantidades importantes, esperando que se cumpla con los trámites de rigor para devolverlos al nuevo y legítimo gobierno.

Pero en estos casos de corrupción al por mayor, que ya estamos enfrentando y para los cuales no estamos preparados, es muy probable que funcionarios al servicio del estado, que no estén suficientemente claros y dispuestos para hacerle frente a este reto, sean fáciles presas de la corrupción y la extorsión, principalmente jueces, fiscales, parlamentarios, altos cargos policiales, personas que van a participar en investigaciones y procesos contra estos capos, que ya deben estar preparados para estas contingencias y tener, dentro de sus estrategias, unos fondos especiales para comprar voluntades y conciencias.

Los venezolanos no nos chupamos el dedo; sabemos que, en el último lustro, la corrupción en la administración pública ha sido un mal endémico en plena expansión; para nadie es un secreto que,  incluso, el triunfo del chavismo en nuestro país se debió, entre otras cosas, a una amplia tolerancia en prácticas no muy legales y decentes en el acatamiento de las leyes y en mantener una moral pública que no garantizaba la justicia, la equidad y la seguridad.

A pesar de que muchos venezolanos están ávidos de orden y legalidad, de que regrese el país a la senda civilizada y del acatamiento a un estado de derecho, hay algunos que todavía sueñan en ver colmados sus deseos de riqueza fácil con trucos, raterismos y asociaciones para delinquir, sobre todos quienes se han labrado su porvenir en los cenáculos de la vieja política, los que han escalado puestos en la administración pública para estar “donde hay” y coronar su carrera con broche de oro.

Hay partidos políticos que, sin ninguna vergüenza o recato, están maniobrando dentro de los tribunales de justicia, en la Asamblea Nacional, en los órganos jurisdiccionales de investigación, para colocar sus fichas en posición y esperar a los chavistas que han manejado grandes recursos, para ofrecerle sus servicios de una justicia pre a porter, diseñada para sentencias y penas de acuerdo a las transferencias de dinero que se hagan a favor de los nuevos amos del poder.

Este tipo de comportamiento no sólo es inadmisible, sino particularmente peligroso para la seguridad de la nación, que sale debilitada de una larga tiranía castrocomunista y que, dejando libres o con facilidad de maniobra a cabecillas del antiguo régimen, pone al país en riesgo de un desastroso retroceso institucional y moral, que pudiera dar al traste con todo el esfuerzo hecho por la gente de buena voluntad, incluyendo a la comunidad internacional.

Una de las novísimas formas de desentramar el peligroso laberinto de la corrupción chavista, es la práctica de los nuevos instrumentos legales, que deben ser puestos en vigor en nuestro país, y que naciones con iguales problemas de corrupción, como Brasil y Argentina, están estrenando en sus investigaciones, una de ellas es la Ley del Arrepentido, o la del Colaborador.

La llamada “ley del arrepentido” es una norma aprobada por el Congreso de Argentina en 2016. Esta norma contempla la reducción de penas para quienes aporten “información o datos precisos, comprobables y verosímiles”. El acuerdo para presentarse como “arrepentido” se realiza entre el imputado y el fiscal y debe ser homologado luego por el juez de la causa. Una de las condiciones es que el imputado aporte información sobre un involucrado que tenga una responsabilidad penal igual o mayor a él. Además, el acuerdo debe darse durante la etapa de instrucción (investigación) y no luego de la elevación a juicio de la causa.

Esta ley, que aplica a delitos como narcotráfico, terrorismo, secuestro, las diferentes tratas, soborno transnacional, y defraudación al estado, no exime de pena, sólo la reduce, aunque en casos excepcionales puede eximir de la pena, de acuerdo a la importancia de la información; para ello, igualmente, se han estrenado leyes para la Protección de los Testigos, que copian la experiencia de los EEUU en el desarrollo de estas investigaciones y procesos.

Esta normativa ha permitido, en Argentina, que un gran número de imputados en casos de corrupción se hayan acogido a los beneficios que otorga la ley, a cambio de información valiosa, lo que ha llevado el proceso directamente a los responsables y al desmantelamiento de una gran organización que, desde el mismo estado, había estado operando contra los intereses de la nación.

En Brasil, el caso Lava Jato ha llevado a los tribunales y al congreso a desarrollar nuevas normativas que aplican a declaraciones de arrepentidos y colaboradores, para poder desmantelar redes completas de corrupción, en el caso específico de las comisiones y sobornos de la empresa Oderbrecht, otorgados a funcionarios de distintos países en Latinoamérica; hay un compromiso de los directivos de la empresa en suministrar, nombres, montos y contratos a las autoridades de los países que concedieran la exoneración de toda culpa y pena a sus directivos; para ello se requiere de una legislación que lo permita.

En Venezuela, aparentemente, no hay una normativa específica sobre el asunto, hay cierta discrecionalidad de fiscales y jueces en casos específicos de drogas, en el asunto de reducción de la pena, en caso de que los imputados suministren información valiosa que lleve a la captura de las cabezas de la organización o a la incautación de grandes alijos.

En el caso de Argentina, los informantes que adelanten datos falsos pueden recibir hasta el doble de la pena que originalmente les estaba estipulada, por el intento de engañar al tribunal; así de delicado y serio es este recurso.

El tema es sumamente actual y amerita su inmediato estudio por parte de las instituciones involucradas, y aprovechando las experiencias de Argentina, Brasil y otros países, se puede, en corto tiempo, disponer de una de las herramientas más poderosas para la lucha contra este tipo de delitos, legislación cuyo efecto es llevar a la justicia al mayor número de implicados en este tipo de conspiración.

Pero mientras estos instrumentos legales se afinan y se aprueban, para aquellas amenazas que pudieran surgir en el horizonte, para cuando estos pillos estén en plenos procesos de justicia, la única manera que tenemos, por los momentos, de ahuyentar a esos caimanes que acechan en boca de caño, para que ellos no se enriquezcan ilícitamente y perjudiquen a los venezolanos, es que la opinión pública, en especial los medios de comunicación, estén sobre aviso en relación a las acciones de las diferentes instancias que intervienen en estos juicios, y que se activen veedurías y contralorías ciudadanas para vigilar esas actuaciones, que deben, por razones históricas y de seguridad nacional, ser las más pulcras y transparentes que haya habido en nuestro país… se nos va la vida y la reputación en ello.   -   saulgodoy@gmail.com