Massimo Ragnedda
(2011), Control Social y vigilancia en la sociedad de consumo, Università degli
Studi di Sassari.
Para mucha gente, el Carnet de la Patria que promociona
con tanta insistencia el régimen chavista, es una manera de acceder a ciertos
recursos económicos y servicios que otorga el estado a los inscritos en este
sistema paralelo de identidad, manejado directamente por el Partido Socialista
Único de Venezuela (PSUV), sus miembros pueden acceder a un sistema de bonos,
de premios, de becas, de ofertas de productos y servicios, entre las ventajas
que tiene el sistema es que introduce a sus usuarios a los servicios bancarios,
por lo general instituciones afiliadas o amigas del régimen socialista.
Con este carnet pueden tramitar documentos, pagar tarifas
populares a cambio de servicios públicos, acceder a ciertas instituciones,
gozar de eventos de manera gratuita, comprar alimentos y otros bienes,
últimamente hemos visto que lo usan para darle prioridad a sus portadores para
acceder a las vacunas contra el virus del COVID19, como bien puede deducir el
lector, se trata de una manera bastante obvia y explícita de organizar a un
clientelismo político a cambio de construir un frente electoral con miras a la
conquista del poder.
En una primera instancia este documento era un registro
para miembros y simpatizantes del partido de gobierno bolivariano, pero con el
tiempo y la introducción de tecnologías de manejo de bases de datos,
inteligencia artificial, información biométrica, registros electorales y red de
telecomunicaciones, esta iniciativa se ha transformado en una poderosa
herramienta de control social y político, y al mejor estilo chino, ruso y
cubano, pretende tener un centro unificado de información sobre todos los
ciudadanos venezolanos que les permita en tiempo real, saber todo lo necesario
sobre su ubicación, modus vivendi, relaciones, filiaciones, economía,
antecedentes, propiedades, vinculaciones institucionales, movimientos, gustos,
e incluso, predecir comportamientos en un futuro.
La situación con este tipo de tecnologías es que le
otorga al estado, a cualquier estado, un poder casi absoluto sobre los
ciudadanos, ya que con la capacidad que tienen los organismos de seguridad de
ejercer una vigilancia masiva sobre la sociedad, contando con su poder de
intervenir comunicaciones, grabar en secreto actividades privadas, hacer
seguimientos inadvertidos de personas en el día o en la noche, en territorio nacional
o en el extranjero, de hacer vigilancia panóptica por medio remotos y
espaciales, gracias a las tecnologías de reconocimiento facial y otros rasgos
biométricos, incluida información genética y de salud de las personas, aunado
esto a sistemas inteligentes que permiten relacionar distintas bases de datos,
pueden diferenciar y seleccionar blancos específicos dentro de la población
general.
Y en una sociedad que se hace cada día más digital
(nuestra economía es casi enteramente digital al haberse destruido nuestro
sistema monetario nacional) la información personal de los ciudadanos se ha
convertido en una mercancía altamente valiosa y buscada por empresas,
gobiernos, instituciones y organizaciones criminales, el gran reto de las
democracias modernas, trata de encontrar el balance justo entre las necesidades
del estado por información, y la necesidad de las personas por conservar su
privacidad y su fuero personal.
Cuando una sociedad pierde el control sobre la
información privada de sus ciudadanos, cuando no saben cómo esa información es
usada y abusada, cuando los gobiernos ocultan los mecanismos de adquisición,
distribución y empleo de esta data, el ciudadano está expuesto no solo a ser
explotado, engañado y sometido a designios políticos y criminales, sino que
deja de tener de control sobre su vida y se anula su libertad.
Por ello es del interés de los gobiernos totalitarios
tener el control sobre esta información que de ahora en adelante llamaremos “la
identidad digital”, es prioritario para los regímenes policiales disponer al
instante del mayor cúmulo de información posible sobre cada uno de sus
ciudadanos pata tener un control social que les permita hacer con la población
lo que les venga en gana, desde decidir quien vive y quien muere, quien come y
quien se enferma, quien trabaja y quien se educa… decisiones que una vez en
mano del estado, de los partidos políticos o de los militares, hace imposible
la democracia.
En las democracias avanzadas, los ciudadanos tienen la
posibilidad de contar con leyes claras y estrictas en el cumplimiento de
deberes y obligaciones a quienes proveen servicios de información,
entretenimiento o financiera a los ciudadanos, pueden acudir al sistema
judicial para proteger sus derechos de privacidad, pueden exigir reparaciones
si prueban mal manejo de su información personal, pueden acudir a los medios de
comunicación para denunciar faltas o mal uso sobre su información personal, y
las leyes funcionan, al punto que grandes corporaciones e incluso los gobiernos
mismos, han tenido que responder cuando se demuestran estos daños a las vidas
privadas de los ciudadanos.
Pero el caso de Venezuela es patético para decirlo de la
manera más mesurada, nuestros procesos y el sistema de identidad está en manos
de los cubanos, los chinos están encerrados en secreto en la CANTV preparando
una gran aspiradora de data de los venezolanos, ya sabemos que información
personal de algunos de nosotros ha sido vendida y traspasada a mafias
internacionales que se ocupan del secuestro y la extorción, nuestros teléfonos
móviles y computadoras están a merced de hackers que trabajan desde
instalaciones militares, que mucha de nuestra información personal y de
nuestras familias se venden al mejor postor en círculos donde existe la
corrupción de menores y prostitución infantil, nuestros documentos de identidad
son utilizados por grupos terroristas, las cuentas de venezolanos en los bancos
ha sido vaciadas utilizando claves personales supuestamente secretas y
encriptadas, muchas de nuestras transacciones en internet son intervenidas y
modificadas, la información sobre los inmueble desocupados, o tierras
productivas se vende entre grupos de invasores profesionales, nuestras data
personal se distribuye dentro de las cárceles para que bandas criminales nos
extorsionen, nuestros vehículos son fichados para ser robados…
Lo que en un primer momento solo revestía un interés
electoral para los creadores del Carnet de la Patria, ahora con la exigencia de
estar registrado en esa tenebrosa organización, la quieren utilizar para poder controlar
quienes van a recibir las vacunas en contra de la peste del coronavirus, esto solo indica que el régimen va tras el
control total de la población, ya lo utiliza para el manejo de las cajas de
comida CLAP, considerado como una de las mayores fuentes de corrupción dentro
del gobierno, y también es exigido para la compra venta del gas doméstico y de
la gasolina.
La OMS, la Organización Panamericana de la Salud, deben
estar atentas ante esta flagrante violación de nuestros derechos humanos al
exigir la adherencia a un carnet político, que no es otra cosa que la tradición
de aquellas famosas listas como la de Tascón o la lista del CNE de votantes de
la oposición, con las que chantajearon a cientos de miles de venezolanos, pero
llevada ahora a una sentencia de muerte, al negarle la vacuna a quienes no
tienen este documento ilegal por inconstitucional, hay una clara pretensión de
sustituir la documentación oficial de identidad, que es la cédula de identidad,
por una del partido único socialista.
El mencionado Carnet de la Patria tiene en su nombre la
intensión de convertirse en un arma en contra de los venezolanos, el que lleve
la denominación de “Patria” ya indica su origen comunista, su sustrato
populista y nacionalsocialista, pretende convertir a quienes no lo tienen en
traidores o apátridas, su naturaleza discriminatoria es absolutamente clara, su
uso y exigencia es obligatorio en las organizaciones comunales y en la milicia,
en los grupos armados del gobierno y en todas las instituciones oficiales del
gobierno, todo funcionario público en el país está en la obligación de
registrarse.
Los venezolanos de la oposición que en algún momento
quisieron aprovecharse de las becas y regalos de dinero del régimen, y se
registraron, entraron sin darse cuenta en un carrusel de exigencias de
información, desde dirección de sus viviendas, teléfonos, correos electrónicos,
otros registros vinculantes que poco a poco fueron exigiéndoles más y más
información personal, la cual era asociada a cuentas bancarias, a registro de
antecedentes criminales, al registro civil (recuerden que los registros en
Venezuela también están en manos de los cubanos), lo que hace que ese carnet se
convierta en la llave de identidad digital que está asociada a los registros
electorales, del seguro social, del movimiento aduanal y de fronteras, del pago
de impuestos, etc.
El gran problema del pasado reciente para estos sistemas
de información, era precisamente la capacidad de las memorias y de los
procesadores para el manejo de este alto volumen de información, ya no, ahora
hay sistemas que permiten incluso tener asociado a la base de datos de la
persona su historial médico completo, de cada uno de nosotros, desde la cuna
hasta la tumba, y esa información vale oro para algunas empresas, gobiernos y
sindicatos del crimen, y no me extraña, que como los venezolanos no tenemos ni
la menor idea de lo que hacen los cubanos con esa información que tienen en sus
manos, nuestros nombres, números de identidad, pasaporte y otros datos vitales
estén rodando entre hackers y mafias que pueden usarlos para propósitos
insospechados, por ejemplo, grupos como las FARC o el ELN estaría muy
interesados en saber quiénes viven en las regiones fronterizas que ellos
controlan, donde viven, quienes son sus familias, que tienen; no hay manera de
que el chavismo nos garantice que nuestra información personal no sea utilizada
para hacer el mal, o para hacernos daño.
La situación que estamos viendo, con la aparición del
mercado negro de las vacunas en contra del COVID19, es solo una muestra de la
capacidad de manipulación del régimen, el programa de vacunación por medio del
Carnet de la Patria es definitivamente un llamado de alerta para los
venezolanos que quieren preservar sus derechos fundamentales, la opacidad del
régimen en sus gestiones, la poca información que brinda sobre su plan de
vacunación, el inexistente interés por la seguridad y la salud de los
venezolanos es indicativo que para quienes no somos socialistas revolucionarios
bolivarianos, no tenemos derecho a la vida.
La comunidad internacional, las organizaciones
multilaterales deben tomar cartas en el asunto, está en proceso un nuevo
intento de genocidio en Venezuela, pero esta vez con consecuencias regionales
inevitables, al preservar sin atención sanitaria grandes focos de infección y
contaminación para utilizarnos como armas biológicas, que es una idea que el régimen
ha estado utilizando últimamente como amenaza velada en contra de los países vecinos. -
saulgodoy@gmail.com
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