El pasado jueves 03 de mayo detuvieron en el estado
Monagas al profesor Rafael Rattia, acusado de instigar el odio por medio de un
artículo que publicó en El Nacional
sobre el recién fallecido Ministro chavista de Educación, Aristóbulo Istúriz.
Esta medida policial e inconstitucional dice mucho del
régimen político que actualmente sufrimos los venezolanos, caracterizado por un
sistema de justicia parcializado y al servicio de la intolerancia y la
persecución política de ciudadanos, que no están de acuerdo con la intención
del llamado socialismo bolivariano, de imponerle al país un marco de censura
política y de terror, para evadir la responsabilidad de las actuaciones de sus
funcionarios y hacer de sus fracasos unas brillantes gestiones.
El ministro Istúriz tenía varias características que lo
hacían resaltar entre el común de los revolucionarios del siglo XXI, además de
ser el responsable del sistema educativo nacional, cuyo resultado es un
desastre, tanto en la infraestructura, contenido de la enseñanza, políticas
hacia los educadores y efectos en la población, era el único afro descendiente
de todo el gabinete ejecutivo, lo cual destacaba y era destacado por sus pares
como ejemplo de variedad racial, entre un grupo político que considera
fundamental estos elementos de diferenciación del color de la piel y de
fisionomía, sobre todo facial, en los que predominan los rasgos negroides.
Hubo un empeño de Hugo Chávez, durante su presidencia, en
demostrar su tesis sobre los orígenes del llamado “Bolívar Zambo”, y no
escatimó recursos de la nación para probar que el Libertador Simón Bolívar
tenía no solo sangre de esclavos en su herencia genética, sino que ésta había influido
en otorgarle un rostro con fuertes características de mulato, tal como es
recogido en la supuesta reconstrucción fisionómica realizada sobre sus restos
mortales, los cuales fueron exhumados, aún en contra del rechazo de la opinión
pública, y sometidos a la experticia forense de un grupo de personas que nunca
presentaron sus credenciales ante el país.
Esta caracterización del Bolívar zambo contradice toda la
evidencia iconográfica y genealógica acumulada hasta el momento y, aun así, se
promocionó y todavía favorece el régimen esta versión acomodada a los intereses
de un movimiento político que ha demostrado ser racista, que desprecia y va en
contra de las poblaciones blancas, en especial de las europeas, donde se
encuentran las raíces de nuestro Padre de la Patria.
Esta forma de racismo a la inversa (la del negro contra
los blancos) es parte de una ideología que se origina en el odio de clases, es
común entre pueblos negroides su aversión a las personas con color de piel más
claro; pero este racismo es muy mal interpretado por factores latinoamericanos,
en su obligada exaltación de unos valores originarios, aborígenes y de razas
que fueron sometidas por los procesos del descubrimiento de América y por la
conquista.
En pueblos con un alto grado de mestizaje, como el
venezolano, que ha superado en gran medida esos complejos (aunque siempre
quedan resabios), esta manera de diferenciación racial aparece como artificial,
y en lugar de una separación social en estancos bien definidos, la integración
de razas ha devenido en una mezcla que ha favorecido nuestro acervo genético y
cultural.
La filosofía de la liberación, tan popular entre la
izquierda latinoamericana, propugna por estas diferencias raciales contra los
blancos o contra quienes tienen otro color de piel, o hablan un lenguaje
extranjero, o vienen de algún “imperio”… nuestros revolucionarios, aun cuando
se creen universalistas de vocación y les encanta presentarse como humanistas e
igualitarios, conservan en sus idearios una fuerte vena de racismo, que nace,
como muy bien lo expresa Levinas, en el miedo al otro, a lo “diferente”, de
allí que surjan contradicciones tan obvias como tratar como distintos a los
grupos indígenas, destacándolos como pueblos originarios, dándoles un
tratamiento especial en cuanto a sus territorio y culturas, creando barreras
artificiales que los separan del resto de la población, solo para apartarlos de
la sociedad dominante y utilizarlos a conveniencia, incluso exterminándolos y
esclavizándolos, como hoy sucede en el infame Arco Minero.
Marx tenía muy claro que el racismo era un importante
combustible para los hornos revolucionarios, era la diferencia entre el
imperialista y los colonizados, entre el amo y los subyugados, la semilla de la
opresión siempre empezaba por un color, sino era en la piel, era en los
estandartes y banderas, las bragas azules de los obreros contra los jefes de
cuello blanco y corbata, los usureros de frac y los descamisados, los ricos y
los pobres…
Esta necesidad de diferenciarnos, de privilegiar nuestros
contrastes más resaltantes, fue llevada por el abogado constitucionalista del
Reich alemán, Carl Schmitt, en 1933, a sus últimas consecuencias, con la
elaboración de su tesis que distinguía “amigos” de “enemigos”, perfectamente
adecuada al pensamiento nacionalsocialista.
Por lo general, los crímenes de odio se cometen contra
grupos específicos de la sociedad y en ellos intervienen elementos
diferenciadores como raza, religión, ideología, género, preferencias sexuales,
etc. Quienes los perpetran son personas u organizaciones cuyas acciones
desembocan en el vandalismo, daño contra las personas, y se agravan cuando
están patrocinados por el estado, específicamente por los cuerpos de seguridad
contra grupos ciudadanos que no pueden defenderse. La normativa en contra de
los crímenes de odio, en nuestro país, por venir justamente de un gobierno
supuestamente revolucionario y hegemónico, está parcializada para auspiciar la
protección de los grupos afectos al régimen, en contra de todo aquel que piense
diferente.
La libertad de pensamiento y su libre expresión ha sido
reiteradamente violada por el chavismo en Venezuela, en nombre de la protección
de ciertos grupos, cuya simple referencia o crítica puede acarrear la detención
inmediata y la confiscación de sus bienes; esto ha sido común entre los medios
de comunicación masiva, prensa, radio, televisión y redes sociales, basta que
algún funcionario o grupo relacionado con el poder se sienta atacado o
insultado, o le sea inconveniente la opinión para sus intereses particulares,
para que de inmediato se accione la vindicta pública y el agresor sea anulado
por el uso de la fuerza.
En el caso del historiador y escritor Rafael Rattia, la
respuesta del régimen fue desproporcionada y a toda vista inconstitucional; si
la familia, amigos o asociados del occiso Istúriz se hubieran sentido afectados
por los comentarios expresados en el artículo mencionado, tenían a su
disposición una serie de vías y mecanismos legales para actuar, tanto en el
campo penal como civil, y con ello reponer el honor o la reputación del
funcionario supuestamente afectado, pero decidieron actuar a la manera
fascista, con el uso de la fuerza, de la manera más pública posible,
convirtiéndolo en un hecho mediático, para acallar cualquier crítica a la
memoria del camarada; hoy lo sabemos fuera de la prisión pero sometido a un
humillante régimen de presentación y con una mordaza en la boca.
Una de los grandes vacíos de nuestra Constitución se
encuentra precisamente en la protección a la libertad de expresión; los
redactores de esa carta magna se encargaron de darle relevancia a los
principios generales que se ocupaban de universales comunes a la ideología
comunista, pero dejaron por fuera los particulares que se encargaban de darle
relevancia al realismo constitucional; siendo el derecho a la libre expresión
fundamental para la democracia, obviaron convenientemente su referencia y, por
ende, su protección, en aras de principios generales y colectivos que
aseguraban mayor poder para el estado y ninguno para la persona
individualmente.
Es claro que, en el caso de Istúriz, un funcionario al que
reiteradamente se le acusaba de vivir un estilo de vida que estaba fuera de sus
posibilidades económicas (y sabemos que un yate, aunque sea mal habido, puede
ser un valor en ciertos medios asociados con la corrupción), al que nunca se le
exigió cuentas y con el que jamás se ejerció contraloría sobre su patrimonio
personal.
En el caso de Istúriz se observaba que propendía a los
excesos propios de los funcionarios intocables, que estaban más allá del
escrutinio público, de esos que aparecen como detentadores del poder omnímodo y
absoluto de un sistema totalitario, del cual era parte; es muy probable que
este caso, tan sonado por el abuso de autoridad, no sea sino la preparación del
terreno para mayores márgenes de impunidad de otros funcionarios que, al igual
que Istúriz, no pueden justificar su tren de vida y gastos, y que, para curarse
en salud, proceden a la agresión contra quienes protestan o critican tales
excesos, todo con el fin de amedrentar a la opinión pública.
Estamos delante de un caso de abuso de autoridad, del uso
del poder desnudo de un entorno burocrático sin otro principio actuante que la
protección de compinches y asociaciones para delinquir. En lugar de estar
levantando monumentos a una supuesta integridad violada, debería el gobierno
investigar la sospecha de una actuación irregular, que es pública y notoria; el
partido de gobierno, los altos jerarcas, las autoridades del estado deberían
actuar, no en contra del denunciante o crítico, sino para aclarar, investigar,
exponer hechos de lo que fue la actuación en vida de este funcionario, quien
murió en una clínica privada y bajo un costoso tratamiento para sus dolencias,
que no están al alcance de cualquier ciudadano y, menos, de un sindicalista
convertido en ministro.
Pero intuyo que no fue la referencia a los yates, las
cuentas bancarias en el exterior, ni las casas de la playa lo que generó la furia
del funcionariado en contra del denunciante; fue quizás las referencias a su
raza, a su particular fisionomía y manera de ser, a la que Rattia se refería
como memorias del personaje, y éste es un punto importante en el comportamiento
de los revolucionarios bolivarianos - a Chávez le gustaba ponerle motes a sus
enemigos y a quienes no lo apoyaban, los insultaba diciéndoles “escuálidos” y
de allí partía para denigrar de ellos como “pitiyankis” y traidores a la patria
- la utilización de la palabra “mono”, para referirse a una persona de color es
una manera de despreciarlo, reducirlo en su calidad humana y llevarlo al plano
de los brutos; el mote de “mono reilón” parece ser fue demasiado para los
revolucionarios, quienes quizás tenían a Istúriz como un dechado de virtudes
socialistas, pero que sí tenía un sentido del humor extraño y una risa fácil, lo
que es afirmado como un lugar común entre quienes lo conocieron.
Hay sociedades como la japonesa y la de la India donde
los monos ocupan un lugar importante en la cultura, porque este animal
simboliza la sabiduría, la inteligencia, así como también la trampa y la
intriga; hay lugares donde se los comen y sus cerebros son considerados un
platillo delicado; en otros, donde abundan, pueden convertirse en una plaga,
sobre todo entre los agricultores y por eso son tratados como tal; justamente,
un mono sonriente configura la imagen de Hanuman, una figura sagrada y venerada
en Bali e Indonesia, con templos dedicados a sus poderes curativos y a los valores
morales que representan; en China, el mono es el noveno animal sagrado del
zodíaco (el próximo año del mono será en el 2028); para algunas tribus de
Centroamérica, los monos son respetados como espíritus de la selva; en nuestro
país algunos petroglifos los tienen como familiares lejanos de los nativos que
los dibujaron y en algunos textos originarios pemones, el mono es una
malformación del hombre.
Los macacos por su parte es una familia de las más
comunes en el mundo, entre ellos tenemos a los macacos comedores de cangrejos
(Macaca fascicularis) y los macacos japoneses (Macaca fuscata) y otros muchos
que son populares en zoológicos alrededor del mundo y que capturan la fascinación
de los niños, de modo que el uso de denominativos animales para chancear o
insultar es una práctica común en todas las sociedades, pero llevar esto a un
delito político sólo ocurre en regímenes totalitarios donde la intolerancia es
venerada.
El asunto principal que ha destapado esta controversia
con el chavismo es que la reacción del gobierno, castigando una opinión con la
privación de libertad y la confiscación de bienes de un historiador, se
convierte en una pésima señal sobre las condiciones morales y éticas de los
funcionarios del régimen, que podrían justificar reacciones similares en el
futuro inmediato, a raíz del cúmulo de denuncias y solicitudes de investigación
que existen referidas a altos personeros del gobierno acusados de corrupción.
Se está castigando, y en los términos más duros, la
libertad de expresión; le están dando el trato de un delito a lo que en la
realidad es un derecho; el denunciante no tiene la culpa de que Istúriz no haya
guardado las formas y la imagen de “buen revolucionario”, como algunos
chavistas que han hecho público el goce momentáneo de un deseo, inalcanzable
para ellos en condiciones normales, y se han dejado llevar por el
exhibicionismo, y todo esto en medio de la calamitosa situación del país, donde
la mayor parte de los venezolanos no tienen para comer. Este tipo de
comportamiento no es revolucionario ni es el adecuado para los momentos tan
críticos que vivimos, pero ¿Cómo contener al que por naturaleza es vanidoso y
ostentoso? ¿Cómo insuflarle repentinamente unos valores de recato y estoicismo?
El exhibir una situación de esta naturaleza constituye en nuestras actuales
circunstancias más bien un insulto, una afrenta al país.
Aquellas personas incursas en delitos contra el erario público
deberían guardar prudencia, para que sus familiares y camaradas en el partido no
sufran las consecuencias. Y, definitivamente, proceder con la fuerza del estado
contra los denunciantes es, en todo caso, una política irritante y desgastante
del orden social pues crea resentimiento generalizado, esta política de
persecución y censura debe desaparecer por impropia, y porque, además, está dejando
al chavismo como lo que verdaderamente es, una fuerza política antidemocrática
y amoral. - saulgodoy@gmail.com
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