San Agustín.
Hoy les propongo hacer un ejercicio mental inspirado en
uno de mis economistas favoritos, el norteamericano Murray N. Rothbard (1926-
1995); creo que les va a resultar interesante, si me siguen la línea de
racionamiento, que trataré sea lo más clara posible.
El caso proviene de libro, La Ética de la Libertad (1982), en el que hace una defensa del
derecho de propiedad. Rothbard, siguiendo el pensamiento de los teóricos
políticos del siglo XIX, principalmente Lysander Spooner, Benjamin Tucker y
Gustave de Molinari, cree que la presencia de asesinos, ladrones, estafadores y
violentos es una constante en toda sociedad, en algunas más y en otras menos,
pero siempre están allí, causando problemas, y la vida en sociedad sería
imposible si no existiera el castigo y las penas impuestas por la fuerza física,
que es lo que efectivamente repliega y contiene a estos facinerosos.
Para Rothbard, la propiedad privada y el uso de la fuerza
física para su defensa, son inseparables.
Nadie puede ser dueño de algo si no se le permite el uso
de la fuerza física para protegerlo de invasiones e invasores; cuando se viola
el derecho de propiedad no es el acto violatorio lo que importa, sino cómo
vamos a responder ante este hecho.
La solución clásica y reiterada en la costumbre ha sido
delegar la obligación de proteger la vida, la propiedad y la libertad al estado,
por medio del gobierno de turno, pero Rothbard objeta de manera contundente
esta opción, y atentos a sus argumentos.
Rothbard dice que una de las condiciones fuertes de un
estado, reside en su capacidad de exigirle al ciudadano el pago de los
impuestos y de tener la decisión última sobre todo lo que acontezca en su
jurisdicción, del cual tiene el monopolio territorial, pero resulta que, si
vamos a la historia, pronto descubriremos que el derecho de propiedad era
anterior a la existencia del estado, y por ende, de los gobiernos.
La gente se apropiaba de un terreno por que lo poseía, lo
trabajaba, lo hacía productivo, construía en él su casa y lo defendía contra
quienes querían quitárselo, no había nadie que le otorgara un título de
propiedad, tenía que ganárselo con la fuerza en caso de que alguien más
quisiera reclamarlo.
Esa fue la razón que obligó a los propietarios a
delimitar sus terrenos, los separaban de otros dominios, les otorgaban su
propia jurisdicción y hacían público su derecho sobre ese , para que todos
conocieran que era suyo, para explotar, alquilar, regalar o vender; esto
evitaba conflictos sobre recursos escasos que existieran y las actividades a
desarrollar dentro del mismo.
Ningún dueño de terrenos se le ocurriría transferir a
otro su derecho de defender su propiedad, al menos que se lo cediera como
propiedad a un tercero, en tal caso, el nuevo dueño asumiría el derecho a
defender esa propiedad, sería el nuevo encargado de esa jurisdicción
territorial.
Cuando en un territorio había varios dueños de la tierra,
cada uno en su parcela, había una comunidad de intereses, surgían relaciones de
intercambio y comerciales que hacían la vida más llevader; entre esas
actividades, la de vigilar la seguridad de los otros era vital, pues cuando
alguien era molestado y su derecho a la propiedad violado, los otros, por
simple interés propio, se unían al propietario atacado para ayudarlo en su
defensa y eliminar la amenaza.
Y en aquellos lugares, donde había un desarrollo
importante de propietarios y actividades comerciales, podían contratar los
servicios privados de personas que se encargaban de la seguridad y que, bajo
contrato y por un precio convenido, se encargaban de manejar a los invasores y
de mantener el territorio bajo vigilancia, pudiendo los propietarios contratar
estos servicios de manera voluntaria.
De esta forma, en algunas comunidades de avanzada, surgió
este tipo de servicios de seguridad, incluso de seguros y de arbitrajes para
resolver conflictos, todo de manera libre y voluntaria, pudiendo los
propietarios contratar los servicios por una vez, o tener filiaciones por
tiempo determinado, o por operaciones en particular, como en los tiempos de
cosecha o de movilización de ganado.
A ninguna de estas empresas de servicio se les permitía
cobrar impuestos para pagar sus servicios, o excluir a otras empresas para que
no compitieran en el mercado, es decir que tuvieran el monopolio de la
actividad, pues era algo muy peligroso y que podía disminuir el derecho de los
propietarios.
Pero a alguien se le ocurrió que, si existiera una entidad
diferente a los propietarios, que tuviera de alguna manera el monopolio de la
protección y la jurisdicción sobre el territorio y que, por una tarifa módica,
se pudiera compartir los gastos de defensa y seguridad, la paz social estaría
garantizada.
Esa tarifa o impuesto sería compulsiva y de obligatorio
pago, y esa entidad, que algunos empezaron a llamar “estado”, tendría el monopolio
de esa actividad, es decir que nadie, ni siquiera el propietario, podría
encargarse de defender su propiedad ya que era una tarea exclusiva del estado.
Quienes apoyaron esa medida y suscribieron ese monstruoso
contrato no se estaban dando cuenta de varios errores garrafales: primero, que
desnaturalizaban el derecho a la propiedad, ya no eran ellos los verdaderos
dueños de sus propiedades sino que se la habían transferido al estado, quien
era el que decidía en última instancia el destino del territorio.
Pero mucho más grave era que el estado tenía el monopolio
de la acción de defensa de la propiedad, y no había nada sobre él, otra
instancia a la cual reclamar si no estábamos de acuerdo con sus decisiones.
Pero había algo mucho más perverso y peligroso en esta
“solución” al problema de seguridad, y era que se hacía imposible desafiliarse
al pago del impuesto, tenía que pagarse, te gustara o no, recibieras el
servicio o no… en pocas palabras, le habían otorgado al estado el derecho a no
prestar el servicio o, en su defecto, a prestarlo de cualquier manera, y aun
así tenía que pagarse.
Estas condiciones crearon el escenario propicio para que
el estado gobernara mal o no gobernara, que permitiera injusticias o las
cometiera él mismo, en atribución a sus facultades; sin saberlo, todas esas
personas que se habían afiliado al estado, estaban expropiadas de ipso facto.
O como lo pone Rothbard, brillantemente, implica que a cada
propietario le está prohibido deshacer su relación con su supuesto protector, y
que solo el estado tiene la facultad de ejercer la jurisdicción última sobre la
propiedad.
Por supuesto, la tendencia mundial es que el estado,
incrementa progresivamente el costo del impuesto, mientras la calidad de su
servicio de protección disminuye proporcionalmente; y esto es así ya que, de
acuerdo a esta fórmula, el propietario sólo podrá acudir a reclamar justicia a
los cuerpos de seguridad, los fiscales y los jueces que dependen del estado,
pues los tribunales de justicia, perversamente, están para complacer al estado,
no al propietario.
Quienes se acogen a la fórmula del tener a un estado como
rector de la vida en sociedad, simplemente están renunciando a su libertad, y
los ejemplos más característicos son precisamente los gobiernos totalitarios,
los que se manejan por la fuerza y la violencia, sin ningún rubor, pero quieren
hacerle creer al mundo que viven en un estado de derecho, confeccionado y
diseñado para que ellos (los gobiernos) siempre tengan el control y el
monopolio exclusivo de explotar al pueblo aun en contra de su voluntad.
Rothbard está negado a sostener a un estado, así sea en
su mínima expresión, porque los estados mínimos no existen, según su opinión,
si un estado tiene la aprobación de la gente para que recaude impuestos, ya es
un estado interventor y controlador, aunque sea “constitucionalmente limitado”-
como dice Hans-Hermann Hoppe- un estado mínimo tiende a maximizarse, es su
tendencia fatal.
La historia de Venezuela ha sido una constante búsqueda
de una mejor forma de relacionarnos, de cómo construir una sociedad más justa,
productiva y feliz, la institución de la propiedad privada nunca ha sido
reconocida en toda la extensión de su verdadero significado, como parte
integral de la persona, y desde el advenimiento del socialismo, ha sido
desfigurada y modificada de mil maneras, siempre en detrimento de una sociedad
libre e independiente.
Venezuela está en manos de un gobierno que ha llevado a
sus extremos esa relación de dominio y usurpación de los derechos fundamentales
del hombre, lo vimos con el lamentable caso del Sr. Franklin Brito y su lucha
por reclamar lo que consideraba su propiedad y como el chavismo simplemente lo
dejó morir de hambre.
Ahora estamos viendo como 23 años de tiranía socialista
han afectado de manera importante a un grupo de llamados “empresarios”, sus
gremios y sus asesores, abogando por términos de convivencia con el gobierno
que ha pasado coleto con la propiedad privada, y consideran que la manera más
inteligente de actuar, es plegándose a sus designios, y reclamando para el
poder corrupto un reconocimiento legítimo y deslastrarlo de sanciones impuesta
por su comportamiento abusivo, hasta ese punto hemos llegado, a los esclavos
pidiendo esclavitud porque creen que es lo mejor para ellos y el país.
Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para que cada uno de
ustedes reflexione sobre el planteamiento de Rothbard, creo que su punto de
vista debe ser tomado en cuenta, en próximos artículos comentaremos algunas de
las soluciones que nuestro autor invitado adelanta para efectos de una buena
convivencia social. - saulgodoy@gmail.com
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