Blackout informativo

El “blackout informativo” que el gobierno socialista bolivariano aplica a grandes sectores de la administración pública y donde el ciudadano es sometido al aislamiento informativo, se ha hecho norma de vida para el chavismo y que es parte de una política de Estado para la dominación y el control de la población.

Blackout es una expresión que nos llega del inglés, en la Edad Media se usaba por los censores para tachar textos que el Rey no deseaba fueran de conocimiento público en los documentos oficiales, su acepción más moderna,  es la de “Apagón”, el termino viene de la ingeniería eléctrica, de áreas que se ocupan de la generación, transporte y distribución de la energía por redes. El blackout ocurre cuando el sistema de distribución de electricidad deja de funcionar y sobreviene el apagón, todo el mundo queda sin luz, a oscuras.

Es importante señalar que todo blackout informativo es provocado, se trata del resultado de un evento planificado.

De allí la importancia del término para las ciencias militares, para la informática y para la política, donde exista un interés de ocultar, proteger, dañar o debilitar, las técnicas del blackout son un arma estratégica.  

Pero es en política donde me interesa hacer un somero análisis de esta técnica de negar información, es práctica común utilizarla durante un golpe de Estado o cuando un gobierno se declara en emergencia nacional, el blackout permite a los factores de poder realizar actos fuera de la ley sin el escrutinio de la opinión pública, actos de fuerza que por lo general implican desapariciones, torturas, arrestos y juicios sumarios, atentados y sabotajes, se aprovechan del momento para eliminar a la oposición, todo esto bajo la excusa de seguridad nacional y para preservar la paz.

Cuando un gobierno entra en crisis recurre al blackout para darse tiempo de reparar daños o conformar una explicación aceptable de algunos hechos inexplicables como serían los abusos de poder, la ineptitud de funcionarios, la corrupción, los escándalos y accidentes, secuestros o asesinatos de personeros públicos, simplemente se tiende un velo negro sobre el asunto y no se permite que se ventile abiertamente.

También sucede en casos de desastres naturales, gobiernos criminales ocultan la situación para no “alarmar” al público, para aminorar el impacto del evento en sus índices de popularidad o para ocultar su falta de preparación, se han dado casos de que el gobierno intencionalmente oculta la gravedad de la situación para por medio de la desinformación deshacerse de una parte de la población que considera “non grata”, muy común en deslaves, inundaciones, terremotos y otros desastres naturales.

El blackout informativo va principalmente en contra de los medios de comunicación social que conforman una parte importante de la opinión pública, se les niega acceso a los lugares y a las fuentes manteniéndolos ignorantes de lo que sucede, es común que se nombre a un único vocero autorizado por parte del Estado que por lo general solo declara partes gubernamentales y no acepta preguntas, es de difícil acceso y solo dice lo que le conviene.

El blackout, por su misma naturaleza antidemocrática, oculto, conspirativo e interesado, es ilegal en buena parte de los países del mundo, o por lo menos es estrictamente regulado, sobre todo en su duración y siempre manteniendo los derechos fundamentales de la ciudadanía en vigencia.

Precisamente los avances de los derechos humanos hacen cada vez más difíciles que los gobiernos reclamen las condiciones de excepción, en los países civilizados, los gobiernos  deben trabajar, aún en eventos extremos (recuérdese el ataque terrorista a las torres gemelas en N.Y.) abiertamente, aplicando la ley y los mecanismos de emergencias necesarios, nunca declarando un “blackout”.

Los derechos humanos no tienen situaciones de excepción.

Para contrarrestarlo, los periodistas se las ingenian para conseguir la información por otras vías que por lo general resultan en declaraciones de funcionarios anónimos, en versiones de testigos, en hipótesis de expertos o en “filtraciones” desde adentro de la situación, evento u organismo, que son siempre inevitables y aumentan con el paso del tiempo.

Uno de los efectos negativos del blackout son los rumores, que son en su mayoría incontrolables y que afectan indiscriminadamente tanto a quienes quieren ocultar la información como a quienes quieren descubrir lo que se quiere tapar.

El rumor es el peor resultado posible en un blackout y puede degenerar en una situación de pánico generalizado que no le convienen a nadie.

El socialismo bolivariano que se practica en Venezuela es muy dado al blackout como estrategia política, una práctica peligrosa e inconstitucional, continuada y criminal que ha dado resultados pavorosos en el repunte de la corrupción, el crimen organizado y la inestabilidad política del país.

Lo que se ha convertido en política de estado, que es dejar a los ciudadanos sin información vital, es particularmente notorio en instituciones claves como PDVSA, el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística, los partes policiales de los principales órganos de seguridad del estado, las cifras sobre salud, en especial las epidemiológicas, las referentes al gasto público en especial la de partidas especiales para suplementar el presupuesto nacional, los convenios que firma el gobierno en el exterior y otros muchos renglones, es decir, el gobierno está obligando a sus ciudadanos a volar con una venda en los ojos, lo cual no solo es inconstitucional sino que es una violación masiva y continua de los derechos humanos.

Esto explica la necesidad en mantener una hegemonía comunicacional y en atacar a la prensa libre, últimamente hemos visto que los conflictos laborales y protestas, las manifestaciones y marchas, los saqueos de establecimientos que expenden alimentos son intervenidos por sectores gubernamentales para impedir que la prensa independiente los cubra utilizando la fuerza y la agresión física.  

Las modificaciones que los socialistas pretendieron imponer en el artículo 337 de la fraudulenta reforma constitucional, es la más clara de las señales que, para el difunto Chávez, era necesario preparar el marco legal para violaciones masivas de derechos humanos aprovechando los Estados de Excepción que ya entrevía necesario como política de estado.

Una política que su sucesor, el ciudadano colombiano Nicolás Maduro, ha practicado sin ningún rubor, en el más claro estilo cubano fidelista, con el aplauso de varios gobiernos cómplices, entre ellos el de Ecuador, Bolivia y Argentina, que con sus ataques a la libertad de prensa ponen en evidencia que están dispuestos a seguir el ejemplo que Chávez dio, con el peligro, que si no es sancionada y detenida esta nefasta práctica, podría salpicar al resto del continente, creando una situación de peligro eminente al orden y la ley en la comunidad de naciones.

La política de mantener “la olla tapada” como se dice popularmente, es una estrategia de poder que solo atenta en contra de la democracia, la libertad y del derecho a estar informados y que los demócratas conozcamos la verdad.  -  saulgodoy@gmail.com