La
situación del país es clara, un grupo de hombres y mujeres enloquecidos por el
miedo y la arrogancia de una ideología deshumanizante, se han hecho con varias
instituciones claves del país, como lo son la Presidencia de la República y el
Tribunal Supremo de Justicia, allí se han atrincherado y dirigido sus armas en
contra de la Asamblea Nacional, el poder de la representación popular.
La
escena no tuviera ningún sentido si no se explica que el país se encuentra en
una enorme crisis, pero no cualquier crisis, la gente muere, pasa hambre,
fallece de mengua en los hospitales, los negocios quiebran, las fábricas
cierran, las principales ciudades sufren de la falta de agua, de electricidad,
el desabastecimiento es total, la inflación pulveriza la moneda y el crimen, en
forma de bandas armadas, muy bien armadas, son las dueñas de las calles y los
venezolanos son asesinados en números dignos de un conflicto armado de alta
intensidad.
La
calamitosa situación ha hecho que una buena parte de la población se haya ido
del país, huyendo de la inseguridad y la falta de futuro, esa migración le ha
costado al país lo mejor de sus recursos humanos, sus mejores profesionales y
buena parte de su juventud.
El
país quebró, su economía es inviable debido a la enorme deuda que tiene con
acreedores en el mundo, desde hace algún tiempo la productividad de sus
empresas se ha visto drásticamente afectadas debido a que el gobierno, en manos
de esos hombres y mujeres altamente ideologizados por doctrinas contrarias a la
vida y al progreso, se dedicaron con gusto, no solo a arruinar al sector
privado sino a quebrar a toda empresa pública que cayera en sus manos, y lo
hacían con un solo propósito, robar.
La
corrupción a contagiado a toda la nomenclatura socialista en el poder, la mayor
parte de los altos funcionarios del gobierno mantienen gruesas cuentas de
dinero en el extranjero, unos trenes de vida que dice mucho de su vinculación
con la justicia social y con privilegios que los aíslan de la dura realidad en
que vive el pueblo.
El
fracaso del modelo socialista que trataron de imponer al país tuvo
consecuencias, el pueblo se manifestó en las elecciones y con una contundente
mayoría votó a favor de la alternativa democrática, de modo que la oposición
obtuvo el control de la Asamblea Nacional.
Pero
el presidente Maduro no quiso reconocer ese triunfo y dándole la espalda a la
voluntad popular cuestionó a varios de los diputados electos, alegando
irregularidades en el proceso electoral, y por medio de subterfugios legales
logró que la oposición perdiera la mayoría absoluta de la Asamblea.
El
arma que se reservaron los chavistas fue el control político que tenían del
Tribunal Supremo de Justicia y horas antes que concluyera el anterior mandato
de la Asamblea que ellos controlaban, nombraron de manera irregular e
inconstitucional a nuevos miembros del tribunal, personas pertenecientes a su
organización política y afectos al Maduro.
Actuando
a favor de los intereses del presidente y en contra de la nueva Asamblea
Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra en plena campaña de
saboteo de las decisiones del poder legislativo, y el poder ejecutivo,
promocionando el desacato al cuerpo de diputados de la nación, ordena a sus
ministros y altos funcionarios no participar en los actos de investigaciones y
rendiciones de cuenta, para de esta manera restarle poder a la Asamblea que es
el poder político que mejor y más ampliamente representa la voluntad popular.
El
objetivo de estas acciones es romper con la constitución y la democracia en el
país, otorgándole al Tribunal Supremo de Justicia, atribuciones y funciones que
no tiene, convirtiéndolo en el árbitro indiscutible de los destinos del país
aún por encima de la carta magna y de la voluntad del soberano.
Desnaturalizada
la democracia de esta manera, un grupito de personas se convierte en los dueños
del país, supuestamente dentro de unos cánones institucionales y de acuerdo a
interpretaciones libérrimas de la letra constitucional.
La
única manera de enfrentar esta trampa la democracia es la inmediata reacción de
la Asamblea Nacional en el sentido de destituir a todos los miembros del
Tribunal Supremo de Justicia por actuaciones en contra de la constitución, las
leyes y el hilo democrático del país, pues la actuación del TSJ es un golpe de
estado en contra de la Asamblea Nacional y de la voluntad popular.
Esto
traerá un choque de poderes que solamente podrá ser resuelto en la arena
internacional por parte de organismos multilaterales y países al momento de
decidir a quién reconocen como legítimos representantes del pueblo.
Cualquier
retardo en esta acción beneficia al gobierno mafioso de Maduro y sus jueces
corruptos, la situación de Venezuela es de conocimiento general por parte de la
comunidad internacional, nuestro país se ha convertido en un riesgo para la paz
y la convivencia entre las naciones civilizadas, no sólo ocupamos los últimos
lugares como un gobierno fallido, incapaz de suministrarle a sus ciudadanos los
mínimos requerimientos para una vida que tenga rasgos de humana, sino que se ha
convertido en un peligro sanitario para la región, en un problema humanitario
para la comunidad internacional, foco de perturbaciones políticas y sociales y
un una pésima influencia para la estabilidad regional, sin contar en las
nefasta consecuencias que traería un incumplimiento de sus responsabilidades
económicas.
Que
sea el mundo el que decida si van a permitir que un gobierno asociado al
narcotráfico y al lavado de dinero, corrupto, mentiroso y violento pueda ser el
representante legítimo de 30 millones de seres humanos que lo que quieren es
vivir en paz, trabajar y prosperar.
Las
opciones democráticas, civilizadas y constitucionales se agotaron con esta decisión
del TSJ de convertir al presidente Maduro en un dictador bananero, incapaz de
conducir con responsabilidad a su propia familia, menos aún de resolver la
inmensa crisis que él ha coadyuvado en crear.
–
saulgodoy@gmail.com
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