A
esta persona que no ha podido demostrar su verdadera nacionalidad, que oculta
sus orígenes como si fuera un criminal, que además de mentiroso y violento es
un mitómano, un cobarde que se oculta detrás de los privilegios de su cargo,
que continúa en su plan de arruinar a la República y crear un gran desastre
humanitario, que se encuentra en plena tarea de destruir a la clase obrera para
manejarla, no con un salario digno y prestaciones sociales justamente
adquiridas en la actividad productiva, sino a costa de bolsas de comidas, de
tarjetas de alimentación y de dadivas de un gobierno explotador y esclavista
que no alcanzan para el sustento mínimo de la familia del trabajador.
Este
ciudadano está en vías de convertirse en el mayor eco-terrorista de la historia
por el hecho público y notorio de haber
firmado el Decreto 2.248 en febrero de este año 2016, donde se crea la Zona de
Desarrollo del Arco Minero (ZDAM), que afecta aproximadamente al 12% del territorio
del país, 111.843,70 Km2 destinado a la explotación minera bajo el ridículo
apelativo de minería ecológica, con la intención de repartir diversas
concesiones para la explotación mineral a 150 empresas de 35 países.
Esta
afectación territorial se hace sobre el espacio más delicado y estratégico del
país, de acuerdo al profesor y
economista de la UCV Leonardo Vera: “La
zona de desarrollo minero esta divida en cuatro bloques y afecta la reserva
forestal de Imataca, y otras áreas bajo régimen de administración especial
como; monumentos naturales, reservas de biosfera, parques nacionales, refugios
de fauna silvestre, zonas protectoras, y cuencas protegidas por convenios
internacionales entre los que se incluye la cuenca del Caroní, la cual provee
el reservorio de agua dulce más importante de Venezuela y abastece las
centrales hidroeléctricas que generan el 65% de la energía que consume el país.
El decreto afecta asentamientos humanos de las comunidades indígenas Mapoyo,
Piaroa, Hiwi, E´ñepa, Sanema y ye´kwana, Kariña, Akawaio, Pemón arekuna y Pemón
taurepang”.
Este
Decreto ZDAM, que fue promulgado sin la consulta al país, sin llenar los
requisitos de ley, violando una serie grande de acuerdos y normativas, ampara
su legalidad en unos poderes especiales que le otorgó el cuestionado Tribunal
Supremo de Justicia al Ejecutivo Nacional para que atendiera la Emergencia
Económica.
El
ánimo de este decreto supuestamente es la consecución de recursos financieros
que el estado necesita para atender la enorme crisis fiscal y presupuestaria
provocada por las erradas políticas económicas del gobierno, pero su verdadera
intención, es claro, es proporcionarle un golpe mortal e irreversible a la
capacidad de sustentabilidad ecológica del país, devastar ese territorio con la
actividad minera y que simplemente significa, destruir las posibilidades de
vida en nuestro territorio.
Y
esto ha sido advertido desde que se supo, que el gobierno venía manejando la
peregrina tesis de activar un supuesto motor minero de desarrollo, de los 14
motores que estos castrocomunistas tenían planificados para supuestamente
incentivar la productividad en nuestro país, es parte de lo que ellos llaman la
Agenda Económica Bolivariana, que no es otra cosa sino el plan que tienen los
cubanos en seguir explotando nuestras riquezas naturales, por medio del
gobierno títere chavista, a toda costa y sin importar las consecuencias, para
seguir alimentando la dependencia que tienen por nuestras riquezas y poder
financiar sus planes de dominación y subversión en el continente.
Yo lo
he sostenido y no me cansaré de repetirlo Nicolás Maduro es un agente cubano
infiltrado en nuestro país con la aquiescencia de un grupo de traidores
comunistas, muchos de ellos oficiales de nuestras FFAA, quienes lo conservan en
la presidencia como seguro para la impunidad de ciertos crímenes y mafias que
son beneficiarios de este escandaloso arreglo político.
Pero
ya atacar la línea de flotación del país que son sus selvas productoras de agua
potable y electricidad, uno de los pocos pulmones vegetales que quedan en el
mundo donde se realiza un importante intercambio de CO2 por Oxígeno, irrumpir
de la manera salvaje como piensan hacerlo, sin estudios de impacto ambiental,
sin información confiable para los que vamos a sufrir las consecuencias, violando
todas las prácticas ambientalistas a las que el país se ha comprometido, es
simplemente un acto de guerra en contra de la patria, y lo está haciendo un
extranjero.
Aquí
es donde me gustaría conocer cuál es el concepto de Patria y de Seguridad que
tiene el General Padrino López, Ministro de la Defensa, ante cuyas narices le
están jugando sucio a los intereses vitales de la nación.
Le
lanzaron el señuelo de la creación de un conglomerado de empresas militares
para que participaran del dinero fácil que ellos creen van a obtener con ese desmadre
ecológico, y el General aceptó, van a entregar la soberanía de ese territorio a
empresas extranjeras sin posibilidad de que se haga ningún tipo de contraloría,
y el General aceptó, se ha iniciado un programa de exterminio masivo de las
etnias que habitan ese territorio por parte de grupos irregulares, y el General
aceptó, el Tribunal Supremo de Justicia dejó sin representación parlamentaria
al estado Amazonas y por lo tanto sin voz para protestar sobre esta lamentable
situación y el General aceptó, se está contaminando con sustancias tóxicas ese
territorio, deforestando, haciendo minería a cielo abierto, destruyendo la
biodiversidad, cambiando las condiciones de la biósfera para afectar
negativamente el comportamiento del clima en la región y el mundo, y el General
aceptó.
En
pocas palabras, al General Padrino López pareciera importarle un carajo el
destino del país y el futuro de generaciones de venezolanos que aún no nacen y
no pueden defenderse.
La
situación creada por este Decreto 2.248 de Nicolás Maduro es la más peligrosa y
grave amenaza a la posibilidad de vida de la nación, la desesperación de este
gobierno de ineptos está llevando al país a la posibilidad cierta de que no
podamos tener viabilidad como sociedad organizada, todas esas toneladas de oro,
bauxita, hierro, níquel, coltán, cobre, caolín, diamantes y otros minerales estratégicos
y tierras raras (como el cerio, el torio, el neodimio, el lantano) que esperan convertir en dólares
y euros, no valen una sola vida de los venezolanos que hoy queremos regresar a
la normalidad, con un país de trabajo y paz social.
Pero
un plan como el que tiene Maduro para llevar una campaña minera al sur del
Orinoco, donde simultáneamente y sin coordinación 150 empresas van a estar
explotando diversas minas de distintos materiales, cada una con sus
procedimientos, cada una de acuerdo a sus necesidades, sin ningún control
efectivo excepto por el de unos militares que son parte del negocio, que van a
estar esperando al igual que el gobierno resultados rápidos y un flujo de caja
abundante, y dado los antecedentes de eficiencia del chavismo no es difícil
vislumbrar la hecatombe ecológica que se abatirá sobre la región.
Si
los resultados de esta megaproyecto minero depende del amor que le han tenido a
nuestra actividad agropecuaria, a nuestra industria petrolera, a nuestras reservas
monetarias, al sistema de salud, a nuestra seguridad alimentaria, el resultado
no será otro que el envenenamiento miserable y ruin del Amazonas, y esto se lo
estoy advirtiendo a todos los países vecinos que pudieran estar pensando que
van a salir librados de esta nueva locura chavista, será un golpe mortal para
todo el sub continente Latinoamericano.
Todo ese Plan de Cuantificación y
Certificación de Reservas de los principales minerales que se encuentran en el
Arco por parte de la gente del BCV, tiene un costo altísimo en vidas humanas,
biodiversidad y ambiente que no ha sido tomado en cuenta, y resulta
verdaderamente terrorífico escuchar al enajenado de Maduro hablar de este plan
de destrucción nacional, sacando cuentas de un dinero manchado de sangre que
probablemente ya esté contabilizado en los libros de la corrupción y los vende
patria.
El simple hecho que esta Zona de Desarrollo
del Arco Minero ya esté constituida una Zona Especial Militar para la
protección de las cuatro áreas de explotación previstas, y que exista la Compañía Anónima
Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, adscrita al Ministerio de
Defensa, como una de las empresas a recibir concesiones mineras en el área,
indican un claro conflicto de intereses, que supone ser vigilante de la
integridad ambiental y minero al mismo tiempo, pero es que este decreto nace
con otra inconstitucionalidad adherida a su texto y es que en el artículo 25 se
eliminan los derechos de los habitantes de la región de reunirse y asociarse,
lo que lleva a entender que se prohíbe el derecho a manifestar pacíficamente y
a la huelga, todo aquel que obstaculice la actividad económica de las empresas
mineras será sancionado, como todo lo que hace el chavismo, necesitan del
silencio y la impunidad.
Todo este movimiento del gobierno de llevar a cabo la destrucción
de nuestra Guayana y buena parte del estado Amazonas se está haciendo con
apuro, sin la participación de las fuerzas vivas de la sociedad, a espaldas de
los centros de investigación, de las universidades, de las academias, de los
grupos ambientalistas, con un black out
informativo hacia los medios de comunicación libres e independientes, fuera del
escrutinio de las organizaciones multilaterales.
Pero la principal tranca de toda esta conspiración en contra del
ambiente lo va a constituir el papel que
tiene que jugar la Asamblea Nacional, sin cuya participación es imposible que
ninguno de estos acuerdos con las empresas extranjeras tenga alguna validez, es
por medio de los verdaderos representantes del pueblo, de los garantes de la
soberanía nacional encarnados en los diputados que conforman el Poder
Legislativo, como estas concesiones se perfeccionan.
Para que esto ocurra, es necesario que todos los requisitos
constitucionales y de ley sean estrictamente cumplidos, incluyendo aquellos que
atañen a los acuerdos internacionales y compromisos que el país tiene en
materia ambiental y para esto, recomiendo desde ya, que la Asamblea Nacional
pida de inmediato a la ONU un enviado especial para que revise conjuntamente
con la Comisión del Ambiente de la Asamblea, todos y cada uno de estos
acuerdos, empezando por el contenido del Decreto 2.248.
El golpe que está por propinarle el gobierno de Maduro al
equilibrio ambiental es mortal para la seguridad climática del mundo entero, se
está metiendo con la estabilidad de una de las zonas más importantes que hasta
el momento ha servido de freno al calentamiento global, haciendo desaparecer,
como lo intenta, una superficie de selvas y ríos del tamaño de Portugal en el
corazón de la Amazonia, eso, es un crimen de lesa humanidad, es un atentado
terrorista contra el mundo.
Por todo lo anteriormente explicado, exhorto a las autoridades
competentes, en especial a los jueces de la república que sean libres e independientes,
incluyendo aquellos con fuero militar, a la fiscalía, a cualquier institución
que tenga funcionarios a quienes les duela la patria, se consideren autónomos y
tengan amor por su país, que expidan un amparo en contra de dicho Decreto, que
se suspenda su aplicación hasta que no se investiguen las razones que le
asisten al ciudadano Maduro para llevar a cabo este ecocidio de carácter
global, que va atentar en contra de la estabilidad ambiental del planeta y que
implica, la destrucción de lo que es hoy la República de Venezuela, un
extranjero con documentos de identidad forjados no debería tener tal potestad.
De todas formas, el pedimento para que se derogue de inmediato el
Decreto 2.248 debe ser parte fundamental de las consignas para la marcha
opositora del 1 de septiembre en la toma de Caracas, y una poderosa razón para
revocarle el mandato a este inepto funcionario llamado Nicolás Maduro Moros,
¡Revocatorio yá! - saulgodoy@gmail.com
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