Aquí se conjugan varios elementos importantes para crear
una “tormenta perfecta” en materia ambiental en el Estado Miranda, un verano
particularmente seco y con altas temperaturas diurnas, las principales cuencas
de la entidad se encuentran altamente intervenidas con invasiones,
asentamientos irregulares, algunos de ellos promocionados o consentidos por las
autoridades municipales, y que lo primero que hacen quienes son favorecidos por
la “entrega de parcelas” es desforestar y quemar de manera sistémica todos los
terrenos afectados, principalmente pendientes mayores a los 60º,
lo que crea inestabilidad en las laderas y favorece los deslaves en invierno, por
lo que es muy probable que ocurran derrumbes, fallas de borde en vías de
penetración, y la erosión continua de la escasa capa vegetal, incluyendo las
siembras que se hagan.
Ni el gobernador ni los alcaldes han aprendido la
lección, utilizan el ambiente como una ficha para hacer política, los grupos de
engordadores de terrenos, constructores de ranchos, los agricultores cómodos,
esos que no quieren estar muy lejos de la capital, para no tener que viajar
mucho, los refugiados de otras regiones del país, que se vienen a la región
capital para gozar de algunos servicios, y el clientelismo político local,
todos quieren tener parcelas en las cuencas y áreas verdes para tener un
domicilio cerca del poder político.
Este conglomerado de gente, que pide un premio por su
apoyo al gobierno, presiona sobre estos terrenos protegidos, se mete como
invasores, tumba la vegetación, construye una casita con palos y techos de zinc
y es entonces cuando se organizan en comunas, se registran en las dependencias
del Poder Popular para las Comunas y, a partir de allí, logran la protección
necesaria para obtener la supuesta impunidad por sus delitos ambientales.
Inmediatamente los censan, hacen una especie de catastro,
les asignan números de registro a las parcelas y así se les abre a estos
invasores un abanico de oportunidades para consolidar su posesión; a la mayoría
de ellos lo único que les importa es vender lo antes posible y al mayor precio
y, como hay ciertas normas que se lo impiden, utilizan testaferros y personas
interpuestas, o pagan a los funcionarios para que falsifiquen fechas.
Pero ya metidos en una cuenca protegida, con papeles del
gobierno y reconocidos como agricultores (conuqueros), entonces pueden pedirle
a las alcaldía electrificación inversiones para caminos, mejoras de las
viviendas, créditos para sembrar, servicio de agua… como las alcaldías están
quebradas, no tienen dinero, éstas les permiten que se conecten ilegalmente a
las redes eléctricas y acueductos existentes, abren ellos mismos unas trochas
mal hechas, destruyendo la montaña y desfigurando el paisaje, siembran sin
orden ni concierto lo que más rápido les de sustento (por lo general es una
agricultura de subsistencia, caraotas, yuca, ñame, han sacrificado árboles
centenarios, cedros, apamates, caobos, jabillos, ceibas y otras especies para
sembrar conucos que, en su mayoría, no duran ni tres años antes de abandonar
los terrenos, para dejarlos engordar en sus precios).
Hay una gran inmoralidad en este asunto de la agricultura
alrededor de las principales ciudades, ya que el gobierno es el gran
terrateniente de las principales tierras productivas y con vocación agrícola
del país, pero estas se encuentran en el interior del país, lejos de las grandes
ciudades, como debe ser… a quienes se consideren agricultores debería
asignárseles parcelas en estos predios y no en áreas suburbanas, pero estos
“agricultores citadinos”, en realidad, están haciendo pingues negocios
inmobiliarios, fundando las nuevas barriadas informales en las áreas
metropolitanas.
De esta manera, las montañas son devastadas, las quebradas
quedan sin bosques, las pendientes son desnudadas de su cobertura vegetal y
empieza un proceso de erosión acelerado, entre otras razones porque no hay
rotación de los cultivos, agotando el suelo de sus nutrientes.
En casos como Guarenas y Guatire se van a incrementar las
inundaciones, sobre todo en sus cotas más bajas, que estén a nivel de los ríos
principales, como es el caso de Río Grande en Guarenas, donde todos los años
hay cuantiosas pérdidas materiales por el agua que cubre las principales vías,
estacionamientos, centros comerciales, sótanos de los edificios… las cloacas y
obras sanitarias colapsan por el volumen de agua y la cantidad de residuos,
basura y lodo que bajan de las cuencas.
Todo el esfuerzo que creen estar haciendo, en términos de
producción agrícola, no sirve para mucho, ya que la calidad de los suelos en
todo el Estado Miranda es muy pobre y poco apto para la agricultura, en
especial por la gran cantidad de arcilla roja y esquistos de cuarzo, que abunda
en la edafología de sus suelos, suelos geológicamente muy jóvenes e inestables;
hay algunas excepciones en Barlovento y en tierras altas frente a la costa.
El otro factor, y quizás el más importante, es que el
gobierno nacional no tiene entre sus prioridades al ambiente en sus políticas
públicas; el hecho de que la Guardia Nacional, la Fiscalía y lo que queda del
otrora Ministerio del Ambiente sean las únicas instituciones que atienden los
ilícitos ambientales pone en evidencia una gran debilidad estructural; se trata
de instituciones plagadas de problemas de presupuesto, de equipamiento, de
personal y de herramientas administrativas para que puedan hacer un trabajo
eficiente, muchas veces los funcionarios no se pueden movilizar por falta de
vehículos, o porque no hay combustible, o por la falta de peritos en el área
ambiental.
Esta crisis del COVID-19 ha favorecido a los grupos de invasores
de terrenos, taladores de maderas, promotores de viviendas informales (ranchos)
y oportunistas que buscan terrenos para engordar y vender posteriormente con
ganancias; tranquilos, porque pueden invadir terrenos, quemar y desforestar sin
preocupación de que aparezca alguna autoridad a poner orden.
Esta es la primera oleada de la forma como los
socialistas entienden el urbanismo, la conquista de las cuencas hidrográficas
para hacer de ellas extensos barrios, lo primero en aparecer serán los talleres
mecánicos, bares y clubes sociales, focos de contaminación desde los cuales se
empezarán a construir viviendas para alquiler, los conucos pasarán a ser
corrales de cochinos y cabras, gallineros y camburales, estas comunidades
emergentes serán atendidas por diferentes misiones controladas por las comunas
y desde donde distribuirán las ayudas del estado y sólo entonces aparecerán los
primeros médicos cubanos.
Los incendios, producto de las quemas para limpiar
conucos, para hacer barbechos y despejar vegetación, han arrasado con
incontables hectáreas de áreas naturales protegidas, parques nacionales,
monumentos naturales, parques municipales, pero sobre todo cuencas
hidrográficas que rodean al Área Metropolitana de Caracas; estas
deforestaciones intensivas y sin ninguna justificación están acabando con los
reservorios de agua subterráneas de la región,
condenando a las generaciones futuras a un proceso acelerado de
desertificación de los suelos y el paisaje.
A todo esto debemos contabilizar como perdidas todas las
especies de animales, incluidos insectos, que son parte fundamental de la
ecología de la región, los monos quedan sin la espesura que los protege y
mantiene, las aves migran, los venados son cazados al igual que los báquiros,
lapas y con ellos se extinguen los
armadillos, los osos hormigueros, los rabipelaos, las perezas…
En los actuales momentos, el Estado Miranda se encuentra
en estado de total indefensión en cuanto a la protección del ambiente; todos
los organismos con jurisdicción en estos asuntos están colapsados e inoperantes,
el tema parece no interesarle a las autoridades y lo que los ciudadanos
presenciamos es una degradación profunda y continua de nuestro ambiente, lo que
implicará una peor calidad de vida para todos.
En estos momentos de crisis y de grandes carestías, los
organismos encargados de proporcionarle a nuestro entorno natural una
protección contra las invasiones y de los usos ilícitos de las áreas naturales,
lo que tenemos es una estructura burocrática implantada para disuadir cualquier
iniciativa por defender y rescatar el ambiente, que es un derecho humano
consagrado en nuestras leyes y un legado al que tienen derecho las generaciones
futuras. - saulgodoy@gmail,com
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