Los militares y el ambiente

The United Nations has adopted the Lovelock concept of earth as Gaia, an interdependent set of components functioning together in homeostasis. Gaia is sensitive to perturbations such as pollution, changes in land use and, of course, war. Those concerned about the health and vitality of the global ecosystem view current anthropogenic perturbations as radical enough to seriously alter the natural and relatively benign balance of life and climate.

 

Coronel Richard W. Fisher, USAFR, The Environment and Military Strategy.

 

En la Constitución Nacional de 1999, el término de “territorio” fue sustituido por el de “espacio geográfico”, justamente para abarcar las diversas manifestaciones de hábitats que derivaban de los elementos fundamentales, Tierra, Agua y Aire, y a este espacio geográfico se le unió, de manera irrenunciable, el concepto de Soberanía, que nacía de la voluntad de los habitantes que ocupaban y hacían vida en este espacio geográfico constituido como Nación.

Sobre esta estructura se asienta la República de Venezuela, que nació políticamente luego de ganar su independencia del entonces Imperio Español, en 1811; desde sus comienzos, una de las funciones primordiales de las Fuerzas Armadas, fue proteger la integridad de ese espacio geográfico, pero por circunstancias que voy a explicar, se ha hecho muy difícil que la institución le preste este servicio a la nación, diría, es casi imposible que lo haga dada las actuales circunstancias.

Debemos empezar por decir que, lamentablemente, se conjugaron dos corrientes de pensamiento terriblemente dañinas para la integridad territorial en Venezuela; por un lado, la supuesta ideología socialista del siglo XXI, que en materia ambiental contiene un caudal retórico y de propaganda que habla mucho pero hace poco sobre el ambiente sustentable, que se erige como salvador del mundo, pero se solaza en destruirlo… de hecho, hace lo contrario de lo que dice, justificando de manera grotesca crímenes y violaciones sin precedentes a la conservación del hábitat, tanto para humanos como para otras especies.

La otra gran excusa de esta ideología de oropel es la prédica de que actúan bajo un pensamiento doctrinario bolivariano, que, de nuevo supuestamente, deviene del legado político y humanista del héroe y padre de la patria Simón Bolívar, sobre todo en materia de la necesidad de tener un gobierno fuerte, autoritario, que en el ambiente militar ha servido de tapadera para la aplicación de políticas de control poblacional, agresión a países vecinos y actuaciones contrarias al interés nacional.

El ambiente o, en su defecto, los espacios geográficos, donde se asienta la vida biológica y los diferentes elementos naturales de la geografía que conforman el país físico, se han revalorizado en términos de hábitats que hacen posible la vida, y el legislador así lo ha transmitido en términos que superan la simple protección de los recursos naturales como parte de los recursos económicos.

Así lo leemos en el Capítulo IX, De los Derechos Ambientales, que se encuentra en nuestra Constitución Nacional, en su Artículo 127:

 

Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica… Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

 

Es claro que Venezuela atraviesa por una crisis ambiental profunda producida no por factores exógenos o globales, como podrían ser los problemas climáticos, pandemias o guerras, sino por la acción directa del Estado en sus actividades como empresario (productor petrolero, explotador minero, promotor turístico, operador de transporte, etc.), como generador de políticas públicas (combate de enfermedades infecciosas endógenas, de usos de la tierra, como administrador de áreas naturales protegidas, como agente en contra de actividades contaminantes y que generan desechos tóxicos, etc.), como promotor de inversiones y de actividades económicas (fábricas de armamentos, desarrollos en áreas ecológicamente frágiles, actividades económicas contaminantes, sobrexplotación de recursos como la pesca y forestales).

Solamente, en su capacidad de principal autoridad en el ordenamiento territorial, el estado promueve prácticas de destrucción de cuencas hidrográficas, al permitir desarrollos urbanos no consolidados en áreas de gran inestabilidad, la agricultura (conucos) en espacios naturales, la deforestación indiscriminada e ilegal en áreas verdes protegidas… y toda esa actividad en contra del ambiente se hizo eliminando de un plumazo el que fue el órgano rector del ambiente en el país, el desmantelamiento del otrora Ministerio del Ambiente y su sustitución por el inoperante Ministerio del Ecosocialismo; eso ha significado prácticamente una guerra del estado contra la integridad de nuestro espacio geográfico, en detrimento y en un claro desacato de nuestra Constitución que en su Capítulo 1, Del Territorio y demás espacios geográficos, en su artículo 11, declara:

 

La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales… el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen… y, además, las islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva. Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho internacional público y la ley.   

 

Pero para que no tengamos problemas con los términos, el concepto de soberanía está claramente planteado en la misma Constitución, antecedido por una clara descripción del Estado que propugna… “como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”

Los cinco primeros artículos de la Constitución nos definen de manera clara como “un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”, en el que la Soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución.

Lo que significa que todos los ciudadanos somos responsables de que los fines del Estado se realicen de acuerdo a lo pactado en la Constitución; y si vemos que por alguna razón el estado no cumple, viola o se desliga de su responsabilidad como ente rector de la vida pública, podamos, como parte del pueblo soberano, reclamarle actuaciones reñidas con el contrato social.

 

Aparecen los militares en el escenario.

 

De esta manera llegamos al sujeto central de mi exposición, que son los militares y sus actuaciones en materia ambiental. Este preámbulo fue necesario, ya que la institución militar últimamente está utilizando sus tribunales y su fuero para acusar y procesar a ciudadanos que critican sus actuaciones, muchas de ellas reñidas con la ley y los principios constitucionales, en peligrosas maniobras que atentan en contra de la democracia y la libertad en Venezuela, pero principalmente contra el ambiente.

En el Título VII, De la Seguridad de la Nación, Capítulo III, De la Fuerza Armada Nacional

Artículo 328, reza lo siguiente:

 

La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión…

 

Antes de que el “Socialismo del Siglo XXI” llegara al poder, las FFAA jugaban un destacado papel en la protección ambiental; sus dependencias y funcionarios velaban por que se cumplieran las normas de protección a la naturaleza por parte de distintos proyectos de desarrollo e inversiones; en coordinación con el Ministerio del Ambiente, se desplegaban a nivel nacional para constatar el cumplimiento de las normas, principalmente en el requisito exigido de estudios de impacto ambiental, para lo cual fueron debidamente entrenados varias cohortes de peritos que se destacaron por su profesionalidad.

Sus diferentes componentes eran entrenados para prevenir accidentes, detectar emergencias, combatir desastres y ayudar en la recuperación de accidentes ambientales, sobre todo en las actividades de la industria petrolera y las mineras; todavía, uno de sus componentes, la Guardia Nacional, es garante de las actividades de Guardería Ambiental en nuestras áreas verdes y protegidas.

Su continua labor de patrullaje y vigilancia, de soporte a los funcionarios del Ministerio del Ambiente en sus tareas de inspección y monitoreo de desarrollos y proyectos, convirtieron a la institución en un órgano efectivo y respetado en casos de derrames petroleros, incendios industriales, contaminación por substancias tóxicas, polución atmosférica, ruidos molestos y un gran etc.

Su presencia era importante en los programas sanitarios para atender programas de vacunación y control de plagas y epidemias; no era extraño verlos como auxiliares en el combate de incendios forestales; los Guardacostas y la Marina eran fundamentales para la vigilancia del buen estado de nuestras costas; eran los primeros en responder en caso de derrames de petróleo y eran fundamentales como soporte de las comunidades en los territorios insulares; fueron muy efectivos en el control de la caza ilegal, la explotación ilícita de nuestros bosques y la protección de nuestros humedales, las invasiones de parques nacionales y monumentos naturales; su labor era vital en el control del contrabando de extracción de minerales preciosos y especies exóticas de fauna y flora.

A partir del cambio de milenio toda esta actividad se frenó en seco, y empezó un rápido descenso en cuanto a la presencia militar en actividades de protección ambiental; pero la situación no paró allí, sino que empezó un proceso degenerativo de la institución militar, involucrándose en actividades contra el ambiente, esto debido principalmente por cambios en la doctrina militar y permitir que las FFAA se convirtieran en supuestos actores empresariales en las más variadas actividades no militares, especialmente en la actividad minera.

Entre las empresas más destacadas (de una veintena de ellas) figuran la Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional (Agrofan), el Banco de la Fuerza Armada (Banfan), la Empresa de Sistemas de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional (Emcofan); la Compañía Anónima Militar de Industrias Minera, Petrolífera y de Gas (Camimpeg), el Complejo Industrial Tiuna, la Empresa Militar de Transporte de la Fuerza Armada Nacional (Emiltra),  el Complejo Industrial Tiuna, hay empresas de seguro, de fabricación de municiones, todo este conglomerado se destaca por su opacidad y funcionamiento fuera del escrutinio público, ni siquiera tener control institucional por parte de los otros poderes públicos, por lo que, en la realidad, se comportan como carteles y no como empresas. Las normas que las crearon, en su calidad de empresas de las fuerzas armadas, les confieren una serie de privilegios, no las limita en su acción, no las obliga a rendir cuentas, prácticamente las ponen por encima de la ley.

 

Se arma la trampa.

 

Pero la situación tuvo su punto culminante cuando Nicolás Maduro, en febrero del 2016, creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), a través del decreto presidencial n.° 2248, publicado en la Gaceta Oficial n.° 40855.

De esta forma, la FANB pasa a involucrarse directamente en actividades mercantiles del Estado, lo cual compromete una de sus funciones fundamentales, como es la protección del patrimonio y tesoro público. No hacía falta quebrarse la cabeza para darse cuenta de que militares armados, sin control social alguno y revestidos de autoridad, y compitiendo de manera monopólica en los mercados, no serían los jugadores más probos en tareas  empresariales.

Pero, como si se necesitara empeorar las cosas, bajo el presunto justificativo de proteger a los pobladores y salvaguardar los recursos de la Nación que subyacen en las áreas ricas en minerales preciosos y estratégicos, además de “poner orden” en la actividad minera, el 8 de marzo de 2016 el presidente de la república, Nicolás Maduro, anunció la creación de una “Zona Militar especial”.

¿Por qué el interés de desarrollar a como diera lugar esta importante región enclavada en lo profundo de la selva al sur del Orinoco? Pues las cifras que manejaron los planificadores del chavismo es que en esta área de 111.843 Km2, hay aproximadamente unas 7000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita, tierras raras y otros minerales, con un valor estimado de… agárrense de la silla, Dos Trillones de Dólares, que se dicen fácil, pero la cantidad de ceros que se necesitarían pasaría a la otra página.

Quiero detenerme aquí para analizar con ustedes las implicaciones de lo que Maduro y el Ministro de la Defensa estaban instaurando en contra del sentido común, desconociendo la Constitución y las leyes del país y desterrando cualquier vestigio de sensatez en lo que sería el papel que jugarían las FFAA en la disolución de la nación, porque, a partir de estos movimientos administrativos y supuestamente legales, la preservación del espacio geográfico nacional sería anulado de manera definitiva del horizonte de tareas de las FFAA.

De un plumazo, trocaron a las fuerzas armadas nacionales, de ser los protectores del ambiente en agresivos garimpeiros, con carta blanca para destruir nuestro acervo natural y con el poder de negarse a rendir cuentas, impedir el flujo de información (un blackout total no sólo de información, sino también de tránsito por la región afectada), con poderes de censura, con la capacidad de detener para averiguaciones y procesamiento en la justicia militar a quienes perjudiquen esta actividad ilícita, y de ese modo anular a cualquiera que se opusiera a ese saqueo de las riquezas minerales de nuestras selvas, desterrando cualquier intento de soberanía nacional en el Arco Minero.

Tengo delante de mí cualquier cantidad de estudios, pronunciamientos, investigaciones, muchos de carácter internacional, que denuncian el enorme desorden, los crímenes y la violación masiva de derechos humanos al sur del Orinoco, que suceden, han sucedido y probablemente continúen sucediendo si no se detiene este desastre ecológico y humano en nuestro país.

Todos estos documentos son públicos, se consiguen por internet e incluyen sendos informes de La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Sociedad Venezolana de Ecología, la Asociación de Arqueólogas y Arqueólogos de Venezuela (AAAV), la Asamblea Nacional de Venezuela y la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), el Informe sobre la situación de derechos humanos en el arco minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco del Centro Para La Reflexión y Acción Social (CERLAS), el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Informe de PROVITA sobre deforestación de nuestra amazonia, el reporte presentado a IUCN y UNESCO sobre Situación Actual de la Minería Aurífera en el Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en Venezuela. SOS Orinoco, entre los más destacados; pero los documentos siguen amontonándose, así como la preocupación mundial sobre lo que en estos momentos está sucediendo en el Arco Minero.

De lo que no se dieron cuenta, Maduro y el General Padrino López, era que la intervención minera en la amazonia venezolana iba a ser de tal magnitud, y el desastre ecológico de tal tenor, que iban a poner en alerta roja a los organismos mundiales sobre cambio climático; las cicatrices abiertas en la tierra para sacar el oro y demás minerales estaban afectando una enorme región, la deforestación se calcula casi en el millón de hectáreas de bosques vírgenes, la red de vigilancia mundial sobre el Amazonas, entre las que se cuentan la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), InfoAmazonía  y otras, que emplean un importante número de sensores remotos y de observación satelital, están siguiendo al detalle el avance de la destrucción coordinada por el Alto Mando Militar Venezolano, y son sujetos de graves señalamientos, se mencionan entre los principales que están cambiando el clima mundial, afectando de manera importante y quizás irreversible, la zona intertropical, donde se producen los principales intercambios de calor y humedad sobre la selva amazónica y aguas del Atlántico.

Campea la avaricia y la ambición por el oro manchado de sangre, del que apenas un pequeñísimo porcentaje es ingresado al Banco Central de Venezuela, para justificar el caos desatado sobre el sur del país, porque el grueso de ese dinero va a parar a cuentas personales de los involucrados y de las mafias de extracción, incluyendo a la guerrilla colombiana, a los gobiernos de Rusia, Turquía, China y Cuba, a algunos países árabes, que compran ese oro sanguinolento, y a una red internacional de contrabando que se extiende por el Caribe y llega a las principales ciudades europeas, donde ese oro se transforma y legitima en reservas de los grandes bancos.

 

Las marcas en el rostro que no se pueden borrar.

 

Tampoco contaron esos malhechores con la valentía y el trabajo incansable de una red nacional e internacional de ONG´s ambientalistas y de derechos humanos, que han registrado con preciso detalle la galería de horrores que ahora se destapa en sendos informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Sra. Michelle Bachelet, que menciona masacres, etnocidios de indígenas, explotación de niños y mujeres, regímenes de esclavitud, mutilaciones y ajusticiamientos sumarios, envenenamiento de tierras y aguas con elementos tóxicos mortales para la vida, bandas criminales que controlan extensos territorios, donde la destrucción del ambiente y el exterminio de especies vivas es el día a día, un ecocidio que, sin duda, está convirtiéndose en el peor en la historia de América.

Conservo los papeles del Teniente Coronel Hugo Chávez, que salieron publicados y con gran fanfarria fueron discutidos, que tratan sobre el llamado Motor Minero, parte fundamental de aquella Agenda Económica Bolivariana, llena de burda propaganda marxista y revolucionaria en la que se gestó este ecocidio; y nunca entenderé como nuestras FFAA se dejaron engatusar con este caramelo envenenado y que hoy ha destruido el prestigio que alguna vez gozó como institución nacional.

Y es que en el momento de iniciar este tránsito diabólico de una institucional servicio de la seguridad y la paz del país, revertirla a la de una mafia internacional, era romper con una idea que no admitía contradicciones, nadie puede ser jefe de la policía y al mismo tiempo jefe de los ladrones, que es lo que trató de vendernos Chávez con su retórica de socialista descerebrado, que incluía el concepto imposible de una “minería ecológica”, argumento que el país nacional jamás compró ni apoyó.

Los militares deben estar conscientes que el modelo de explotación salvaje de la amazonia venezolana no lleva a ningún lado sino a la autodestrucción o a la confrontación con el orden internacional, ambas vías conducen al colapso de la institución, mi recomendación es que de inmediato se despeguen del proyecto, renuncien a administrar la destrucción del país y aprovechen que están adentro para “limpiar” a los que se están enriqueciendo con tanto sufrimiento, muerte y destrucción.

Tenemos ahora esta inmensa tragedia que se ha convertido en nuestro principal problema de seguridad, y que amenaza con arrastrarnos a un conflicto de mayores consecuencias, esto, si no tomamos cartas en el asunto y con ayuda de la comunidad internacional, detenemos este peligro planetario, y lo digo con toda propiedad, están en juego selvas productoras de oxígeno, el reservorio de agua potable más grande del mundo, uno de los motores climáticos del orbe donde se realizan importantes intercambios y transformaciones de gases, temperaturas y movimientos eólicos, y una de las reservas de biodiversidad que todavía quedan en el planeta.

Las FFAA tienen que ser rescatadas de su caída, ella misma tiene que depurarse y luego, con la ayuda de la sociedad civil, refundarse para que pueda retomar el cauce institucional, para que una vez estabilizada, y apegada al estado de derecho, pueda resumir su papel con todos los demás venezolanos decentes que quieren un futuro distinto.

Porque no hay nada que negociar con esta banda de facinerosos, el primer punto de la agenda para la rendición absoluta e incondicionada del chavismo, tiene que ser detener este ecocidio de inmediato, de ello depende la salud de nuestra única y agonizante Gaia.   -   saulgodoy@gmail.com